Obama recibirá hoy jueves en la Casa Blanca a Calderón para repasar asuntos de la relación bilateral, entre estos, la inseguridad ciudadana y la lucha contra la narcoviolencia en México.
Human Rights Watch dijo en un comunicado que la militarización de la lucha antidrogas en México ha producido un aumento significativo en los abusos “graves” a los derechos humanos y que ese tema debe ser un aspecto central del encuentro entre ambos mandatarios mañana.
“Uno de los fallos más evidentes de la estrategia de Calderón en su lucha contra los cárteles del narcotráfico ha sido la falta de respuestas ante los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
“Cualquier debate serio sobre las alternativas para mejorar la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México debe abordar este problema”, agregó.
“Obama debería transmitir un mensaje público claro a Calderón que las fuerzas de seguridad no pueden avasallar los derechos humanos en su intento por terminar con los cárteles violentos”, expresó Vivanco.
“Mientras persista el silencio de Estados Unidos frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México, se continuará enviando el mensaje de que estos abusos son aceptables”, enfatizó.
Desde 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido cerca de cinco mil denuncias contra miembros del Ejército por violaciones de derechos humanos, que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales, agregó el grupo.
HRW se quejó de que pese a la gravedad de los abusos, el Gobierno de Calderón “continúa delegando la investigación y los juicios de los militares que presuntamente cometieron violaciones de derechos humanos a un sistema de justicia militar deficiente”.
Adicionalmente, observó que “en los tribunales castrenses, la impunidad ha sido casi absoluta y un sólo soldado ha sido condenado en un caso de violaciones de derechos humanos ocurrido durante el Gobierno de Calderón” .
Además, México incumple sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, tomando en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha determinado en reiteradas ocasiones que estos casos se juzguen en el ámbito de la justicia penal ordinaria.
El gobierno de Calderón “tampoco ha adoptado medidas adecuadas para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas que están en riesgo, ni para investigar los ataques que han sufrido”, dijo HRW, que ha documentado la inacción de las autoridades federales y de los estados.
Para la organización defensora de los derechos humanos, las autoridades federales en México debían al menos adoptar medidas básicas como la asignación de escoltas permanentes, números telefónicos para casos de emergencia, o cámaras de seguridad para proteger a defensores amenazados en Ciudad Juárez y Tijuana.
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