El senador perredista Tomás Torres advirtió dificultades operativas para aplicar la visa de visitante, planteada en la reforma a la Ley de Migración como un permiso temporal para cruzar el territorio mexicano con destino a otra nación.
En entrevista, el legislador que tuvo una participación fundamental en la discusión del documento en el Senado, reconoció que lograr la operatividad del documento será complejo, dado el alto número de indocumentados que ingresan al País y la falla de los mecanismos de control.
"Estamos ante un tema complejo. Si para el otorgamiento de la visa exiges los requisitos que se piden para el ingreso legal al País, pues estamos ante una realidad que nos va a rebasar nuevamente. Sería simplemente una especie de cartilla, un documento que no criminalice su paso por el País, con independencia de su calidad migratoria", dijo.
En la minuta aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados se establece una visa de visitante con temporalidad de 180 días y sin permiso para trabajar, la cual sería otorgada a quienes deseen cruzar el territorio para llegar a otro país.
El senador delineó los que podrían ser requisitos para el documento: comprobar origen e identidad y contar con una especie de "carta de recomendación" del consulado, que funcionaría como filtro.
En el reglamento, el Ejecutivo federal deberá definir, por ejemplo, si existirá un límite de visas, si tendrá costo, dónde se tramitará, cuáles serán los requisitos, cómo se dará seguimiento al solicitante durante su cruce.
Además, se deberá establecer si se interpondrán sanciones a los migrantes que ingresen al País con la visa de cruce, pero se queden a trabajar o contraigan matrimonio. En ese caso, agregó Torres, se podrían considerar sanciones administrativas con la posibilidad de regularizar su estancia, pero no penales que deriven en la privación de la libertad.
Sobre la participación de la Policía Federal en operativos contra indocumentados, el senador consideró que necesariamente tiene que haber una autoridad que se haga cargo de las violaciones de las leyes penales en el País por parte de los migrantes.
De lo contrario, dijo, es establecer que las puertas de las fronteras para ingresar o salir del País se abren de par en par.
Ayer, el Obispo de Saltillo Raúl e integrantes de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez entregaron a la Cámara de Diputados una propuesta en la que plantean, entre otros puntos, que cualquier persona no mexicana que exprese su intención de cruzar el territorio mexicano para llegar a otro país podría acceder al permiso con vigencia de dos meses.
Daniela Rea, Reforma, 11 de marzo.
En entrevista, el legislador que tuvo una participación fundamental en la discusión del documento en el Senado, reconoció que lograr la operatividad del documento será complejo, dado el alto número de indocumentados que ingresan al País y la falla de los mecanismos de control.
"Estamos ante un tema complejo. Si para el otorgamiento de la visa exiges los requisitos que se piden para el ingreso legal al País, pues estamos ante una realidad que nos va a rebasar nuevamente. Sería simplemente una especie de cartilla, un documento que no criminalice su paso por el País, con independencia de su calidad migratoria", dijo.
En la minuta aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados se establece una visa de visitante con temporalidad de 180 días y sin permiso para trabajar, la cual sería otorgada a quienes deseen cruzar el territorio para llegar a otro país.
El senador delineó los que podrían ser requisitos para el documento: comprobar origen e identidad y contar con una especie de "carta de recomendación" del consulado, que funcionaría como filtro.
En el reglamento, el Ejecutivo federal deberá definir, por ejemplo, si existirá un límite de visas, si tendrá costo, dónde se tramitará, cuáles serán los requisitos, cómo se dará seguimiento al solicitante durante su cruce.
Además, se deberá establecer si se interpondrán sanciones a los migrantes que ingresen al País con la visa de cruce, pero se queden a trabajar o contraigan matrimonio. En ese caso, agregó Torres, se podrían considerar sanciones administrativas con la posibilidad de regularizar su estancia, pero no penales que deriven en la privación de la libertad.
Sobre la participación de la Policía Federal en operativos contra indocumentados, el senador consideró que necesariamente tiene que haber una autoridad que se haga cargo de las violaciones de las leyes penales en el País por parte de los migrantes.
De lo contrario, dijo, es establecer que las puertas de las fronteras para ingresar o salir del País se abren de par en par.
Ayer, el Obispo de Saltillo Raúl e integrantes de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez entregaron a la Cámara de Diputados una propuesta en la que plantean, entre otros puntos, que cualquier persona no mexicana que exprese su intención de cruzar el territorio mexicano para llegar a otro país podría acceder al permiso con vigencia de dos meses.
Daniela Rea, Reforma, 11 de marzo.
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