Avalan reforma; Gordillo dice "no"


La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional al artículo tercero constitucional para crear un servicio profesional docente que, entre otras cosas, obligará a todos los maestros a evaluarse y presentar exámenes para obtener cargos con funciones directivas y de supervisión en los ámbitos de educación básica y media superior.
Pese a la oposición del partido Nueva Alianza —ligado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación— el pleno de San Lázaro también avaló que la permanencia de todos los maestros en ese servicio profesional se sujete a que cumplan con los criterios de evaluación que fije la ley reglamentaria de esta reforma. Dicha ley será expedida en los próximos seis meses.
Sin embargo, aceptó agregar en la redacción del artículo tercero una leyenda que precisará que se respetarán los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.
“La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en elservicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”, puntualizará el artículo tercero párrafo tres aprobado ayer.
El diputado panista Fernando Rodríguez Doval aclaró que el cambio no significa exentar de evaluación a los maestros incorporados al sistema educativo antes de la promulgación de esta reforma. “Se establece con toda claridad que la evaluación va a ser obligatoria para poder permanecer en el sistema educativo”, explicó.
El artículo también mantuvo la redacción que precisa que “serán nulos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.
El dictamen de reformas a los artículos tercero y 73 constitucional —avalado por los diputados con 424 votos a favor, 39 en contra y 10 abstenciones— plantea a su vez autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la creación de escuelas de tiempo completo.
Para que la reforma se decrete, la debe avalar en el Senado y 16 Congresos locales.
Al cierre de la edición, los diputados avalaron obligar al Ejecutivo enviar ternas al Senado para cada espacio en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación. En la sesión continuaban discutiendo las reservas.
Ayer, el diputado del PT Manuel Huerta encaró al presidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo, por no otorgarle la palabra. Eso provocó que priístas subieran a defender a Arroyo. El incidente no pasó a mayores.
Nayeli Cortés y Francisco Nieto, El Universal, 20 de diciembre.

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