Niegan a indígenas reparación de daños

Aunque las indígenas otomíes Teresa González Cornelio, Alberta Alcántara Juan y Jacinta Francisco Marcial fueron absueltas del delito de secuestro contra seis integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) ocurrido en 2006, la Procuraduría General de la República (PGR) se niega a pagarles la reparación del daño.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó ayer que la dependencia no reconoce su actuar irregular en las investigaciones y, por tanto, es reticente a otorgarles una indemnización económica.

"La PGR después de un proceso bastante retardado y burocrático decide que no les va a indemnizar porque ellos actuaron de manera legal, apegados a derecho y que en todo momento tratan de validar su actuación con que el juez en un primer momento otorgó órdenes de aprehensión en contra de ellas y se les sujetó a proceso.

"Sin embargo, hubo muchas irregularidades en todo el proceso, contaminaron la averiguación previa, hubo contradicciones entre los propios agentes, y había testigos que echaban abajo la versión de los AFIs", sostuvo en entrevista Leopoldo Maldonado, abogado del Prodh.

El caso se remite a 2006, cuando en un operativo antipiratería en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, los policías fueron afrontados por los vendedores, situación que concluyó con la detención de las mujeres.

La PGR las acusó por delitos de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos y a una de ellas -Alberta Alcántara Juan- le agregó el cargo por posesión de cocaína. Fueron condenadas a 21 años y 2 mil días de multa.

En 2009, Francisco Marcial fue liberada debido a que la Procuraduría presentó conclusiones no acusatorias en su contra, mientras que Alcántara Juan y González Cornelio quedaron absueltas al año siguiente por la Suprema Corte de Justicia, que adujo graves irregularidades en el proceso.

Al salir de la cárcel las indígenas interpusieron demandas para obtener la reparación de daño. En un primer requerimiento reclamaron el pago económico de unos 55 a 60 mil pesos por el tiempo que estuvieron presas y no trabajaron.

El segundo factor provino del daño moral por las lesiones psicológicas que les infligió la institución al dañar su reputación presentándolas como secuestradoras ante la prensa. En este aspecto, exigieron 20 mil salarios mínimos -alrededor de un millón 200 mil pesos-, tope máximo marcado por la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

"La PGR fue tajante, determinó que no hay daños causados, pero su valoración fue deficiente... sin establecer cómo llegan a esa conclusión deciden no otorgar la indemnización.

"La resolución fue emitida el 12 de diciembre y notificada ayer (martes), a partir de eso empieza a correr el plazo para que interpongamos el recursos de inconformidad correspondiente en un tribunal federal de justicia fiscal y administrativa.

"Ellos tendrán que resolver si la resolución administrativa se emitió conforme a derecho o no", indicó Maldonado.

 
 
 
Un sexenio en tribunales
 
Seis años después, no concluye el caso de las indígenas queretanas:
 
 
2006
 
Marzo. Seis agentes federales realizan un operativo contra la piratería en un mercado en Amealco, Querétaro. Compradores y vendedores someten a los elementos.

Julio. La PGR ordena el arresto de Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan. Son acusadas del delito de secuestro de seis agentes. Alcántara Juan es acusada además por venta de droga.

 
 
2008
 
Dic. Las acusadas son condenadas a 21 años de cárcel y 2 mil días de multa.

 
 
2009
 
Sep. Jacinta Francisco sale libre luego de que la PGR presentara conclusiones no acusatorias en su contra.

 
 
2010
 
Abril. La Suprema Corte de Justicia absuelve el día 28 a Alcántara Juan y a González Cornelio, quienes son puestas en libertad (foto).

 
 
 
ASÍ LO DIJO
 
"Después de un proceso bastante retardado y burocrático (la PGR) decide que no les va a indemnizar porque actuaron apegados a derecho y en todo momento tratan de validar su actuación".

 
"La PGR fue tajante, determinó que no hay daños causados, pero su valoración fue deficiente, poco exhaustiva, sin establecer cómo llegan a esa conclusión deciden no otorgar la indemnización".

 
Leopoldo Maldonado, abogado del Centro Prodh

Henia Prado, Reforma, 20 de diciembre.