Colombia y el adiós a la Corte de La Haya

BOGOTÁ.— Los 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya quitó a Colombia tienen al país sumido en la indignación y al gobierno del presidente Juan Manuel Santos bajo fuertes presiones políticas a la cuales cedió en parte con su decisión de retirarse de la jurisdicción de ese tribunal.

El pasado 19 de noviembre, la CIJ ratificó la soberanía colombiana sobre las islas y cayos del caribeño Archipiélago de San Andrés pero cambió los límites marítimos del país en favor de Nicaragua, al que cedió cerca del 10% de la extensión marítima de Colombia.

Santos dijo el viernes en Lima, donde asiste a una cumbre de Unasur, que no aplicará el fallo de la CIJ hasta tanto considere que se han restablecido los derechos de los colombianos y que para conseguir tal objetivo su gobierno maneja varias alternativas, entre ellas un tratado con Nicaragua.

Agregó que posiblemente se encuentre con el mandatario nicaragüense Daniel Ortega en México este sábado, cuando ambos estén presentes en la toma de posesión del nuevo jefe de Estado de ese país, Enrique Peña Nieto.

Santos también anunció que su gobierno recurrirá a todos los mecanismos del derecho internacional para defender los intereses de Colombia.

De hecho, Santos, pidió ayer a sus colegas de Unasur analizar el fallo de la CIJ. “Ustedes como naciones se tienen que pronunciar sobre las repercusiones importantes que pueda tener este fallo más adelante”, dijo Santos durante su participación en la Cumbre del grupo en Lima, según una cinta a la que tuvo acceso la radio limeña RPP.

Amplios sectores políticos han exigido a Santos que desacate el fallo y legisladores de todos los partidos advirtieron que el Congreso nunca aprobará un cambio del mapa de Colombia, como tendría que hacerse si se acepta la sentencia.

La pregunta ahora es si con la decisión de renunciar a la jurisdicción de La Haya, anunciada el pasado miércoles, Santos logrará calmar los exaltados ánimos de millones de colombianos que se sienten despojados de una porción territorial rica en recursos pesqueros y —todo indica— en petróleo.

El profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello, dijo a EL UNIVERSAL que a él le disgustó el fallo “pero es una decisión judicial que debe ser acatada por Colombia. No tenemos opción. La sentencia tiene carácter de inapelable y no se puede incumplir. Las consecuencias económicas y políticas que eso podría acarrar son muy complejas”.

Retiro del Pacto de Bogotá

Entre acatar o no el fallo de la CIJ, el gobierno de Santos optó por renunciar a la jurisdicción de ese tribunal internacional mediante su salida del Pacto de Bogotá, el cual, en forma irónica, se firmó en esta capital hace 64 años y obliga a los países del hemisferio a resolver sus diferendos por medios pacíficos en el ámbito de La Haya.

Abello, maestro en Altos Estudios Internacionales por la Universidad de Ginebra y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Javeriana, consideró que Colombia debe tomar muy en cuenta las implicaciones que tendrá su salida de la CIJ, la cual diversos sectores pidieron acelerar para evitar que Nicaragua demande una mayor porción de mar en esa zona del Caribe.

“Primero, se debe considerar que la denuncia (mecanismo a través del cual un Estado decide retirarse de un tratado) del Pacto de Bogotá sólo tomará efecto un año después de presentado el documento. Segundo, si bien es cierto que ya no nos podrán demandar, en sentido contrario nosotros tampoco podremos hacerlo el día que lo necesitemos. Y tercero, hay alrededor de 100 instrumentos internacionales que de manera específica le otorgan la competencia a la Corte para conocer del caso”, explicó el especialista.

Pero ante la ola de orgullo nacionalista que desató en Colombia la pérdida de mar soberano ante Nicaragua, el gobierno de Santos quiere mostrar a los ciudadanos que no sólo comparte su generalizado malestar sino que obrará en consecuencia.

Una politización inevitable

El fallo de La Haya, de manera inevitable, se ha politizado. La demanda respectiva fue presentada por Nicaragua hace 11 años y con ella debieron lidiar los ex presidentes Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Es precisamente este último, en cuya administración se presentaron los alegatos escritos ante la CIJ, quien con más fuerza se ha opuesto a que Colombia acate el fallo, el cual es comparado por muchos colombianos con la pérdida de Panamá, ocurrida en 1903.

Uribe Vélez está confrontado con Santos, su ex aliado y sucesor, y quiere volver a la política como legislador en los comicios de 2014.

Para el historiador Jorge Orlando Melo lo que vive el país tras el veredicto en La Haya es “un nacionalismo de banderitas bastante exaltado” del que buscan sacar provecho los sectores políticos. La Corte dijo que las islas de San Andrés, habitadas por unas 73 mil 900 personas, son colombianas, pero al modificar los límites marítimos unos mil 100 pescadores artesanales no podrán extraer de esas aguas la langosta y el caracol que constituían su sustento, así como cualquier otro recurso pesquero.

Según estudios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia otra riqueza de esa zona estaría en el subsuelo marino, en el que existen yacimientos de petróleo y gas.

Un pleito histórico

La disputa histórica de Colombia y Nicaragua por las islas de San Andrés parecía haberse resuelto en 1928 con la firma del Tratado Esguerra-Bárcenas, que reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago.

En 1980, Nicaragua desconoció ese acuerdo y en 2001 fue que llevó el caso a la Corte Internacional.

El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, advirtió que en esas aguas la Armada de su país hará tres cosas: ejercer soberanía, proteger la vida y los bienes de los isleños y mantener la lucha contra el narcotráfico, que tiene en esa área una ruta estratégica hacia Centroamérica y México.

El presidente nicaragüense Daniel Ortega respondió que también su país “hace soberanía aérea y marítima” en la zona mediante patrullajes.

Para el abogado Abello, quien tiene un posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, es hora de dar por cerrada la fase legal y ceder el paso “a la política y a la diplomacia” para evitar una escalada de tensiones que a nadie conviene. (Con información de agencias)

Rafael Croda corresponsal, El Universal, 1º de diciembre.