El gobierno federal y los representantes de los partidos Acción Nacional, De la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional acordaron, en el marco del Pacto por México, 18 puntos para “blindar” los 14 procesos electorales locales del 7 de julio próximo.
De lo anterior da cuenta la Secretaría de Gobernación, por medio de un comunicado de prensa, en el cual señaló que representantes del gobierno el PAN, PRI y PRD se reunieron este fin de semana para acordar condiciones que den a los ciudadanos las garantías indispensables de que las elecciones se realizarán en condiciones de limpieza e imparcialidad, y de que los programas de combate a la pobreza no serán utilizados de manera facciosa o ilegal.
De acuerdo con el documento, las partes acordaron tomar las acciones necesarias para dar garantías a los ciudadanos y todos los actores políticos relevantes de que los procesos político-electorales en marcha se realizarán “cumpliendo estrictamente con las aspiraciones democráticas que compartimos y los mandatos de ley ya establecidos”.
Entre las acciones destinadas a “blindar” los procesos electorales, los pactantes se comprometieron a poner su voluntad política para lograr que todos los órganos de gobierno tomen las acciones necesarias, con el fin de que en ninguno de los procesos electorales ni el día de los comicios, el 7 de julio, se produzcan acciones que menoscaben la integridad y limpieza del voto.
“Las partes integrantes del Pacto repudian cualquier acto ilegítimo o ilegal que realicen autoridades de cualquiera de los órdenes de gobierno, sin importar su origen partidario, y harán lo necesario para prevenirlos y, en su caso, castigarlos”, se precisa en el documento.
Asimismo, acordaron mecanismos para que organizaciones de la sociedad civil vigilen los movimientos de los padrones -altas y bajas- con criterios técnicos y sociales, no electorales, y definir de manera conjunta los criterios que deben normar el perfil profesional de los delegados federales de las dependencias responsables de manejar programas sociales.
Revisar nombramientos. También se comprometieron a que el Ejecutivo revisará los nombramientos ya realizados de delegados para asegurar su idoneidad, en función de ese perfil profesional técnico, y suspender la realización de cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales durante los 45 días previos a las elecciones.
Otro punto consiste en adelantar la entrega de apoyos y subsidios, conforme lo permitan los recursos disponibles, para realizarse 45 días antes de las elecciones; establecer comisiones plurales en los 14 estados donde habrá elecciones, para presentar y atender las denuncias de intervención indebida de los gobiernos en las elecciones o de manejo electoral de acciones de gobierno y programas sociales.
De igual forma, pactaron proponer a los gobernadores y alcaldes un acuerdo que los comprometa a abstenerse de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones. Y promover con los gobernadores un compromiso político de no utilizar recursos públicos, no entregar despensas, ni materiales plásticos ni textiles. Esto sería también supervisado por alguna organización ciudadana.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes y convocar y promover la participación de observadores electorales nacionales e internacionales en los procesos electorales del 7 de julio.
AMPLIAR EL PACTO. En un apartado denominado Acuerdos estructurales para erradicar el uso electoral de los programas sociales de los tres ámbitos de gobierno, las partes se comprometieron a continuar sus conversaciones con el fin de crear las condiciones adecuadas para que el Pacto pueda entrar en una nueva etapa. Es decir, acordaron ampliarlo con un adéndum que incluya, entre otras, las siguientes medidas:
Los signatarios del Pacto se comprometen a hacer valer los tres últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución, en particular, a abstenerse de hacer en los medios de comunicación propaganda personalizada y las llamadas gacetillas. Se buscará hacer extensivo este acuerdo en todos los órdenes de gobierno.
Adelantar los trabajos relacionados con la reforma política en su dimensión electoral (compromiso 90 del Pacto) para plasmar en la ley el espíritu de este acuerdo que busca perfeccionar la democracia.
Iniciar los trabajos para crear un Sistema Nacional de Programas de Sociales que permita un uso más racional, progresivo y sin duplicidades de los recursos públicos para combatir con mayor eficacia la pobreza (compromiso 6 del Pacto).
Los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación y de las entidades federativas pondrán especial atención en garantizar que los recursos del Estado lleguen directamente a los beneficiarios sin condicionantes y que invariablemente se ejerzan bajo reglas de operación enteramente públicas, con un sistema de transparencia que permita la evaluación y la rendición de cuentas, incluyendo el más amplio conocimiento público de los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales, concluye el documento.
De lo anterior da cuenta la Secretaría de Gobernación, por medio de un comunicado de prensa, en el cual señaló que representantes del gobierno el PAN, PRI y PRD se reunieron este fin de semana para acordar condiciones que den a los ciudadanos las garantías indispensables de que las elecciones se realizarán en condiciones de limpieza e imparcialidad, y de que los programas de combate a la pobreza no serán utilizados de manera facciosa o ilegal.
De acuerdo con el documento, las partes acordaron tomar las acciones necesarias para dar garantías a los ciudadanos y todos los actores políticos relevantes de que los procesos político-electorales en marcha se realizarán “cumpliendo estrictamente con las aspiraciones democráticas que compartimos y los mandatos de ley ya establecidos”.
Entre las acciones destinadas a “blindar” los procesos electorales, los pactantes se comprometieron a poner su voluntad política para lograr que todos los órganos de gobierno tomen las acciones necesarias, con el fin de que en ninguno de los procesos electorales ni el día de los comicios, el 7 de julio, se produzcan acciones que menoscaben la integridad y limpieza del voto.
“Las partes integrantes del Pacto repudian cualquier acto ilegítimo o ilegal que realicen autoridades de cualquiera de los órdenes de gobierno, sin importar su origen partidario, y harán lo necesario para prevenirlos y, en su caso, castigarlos”, se precisa en el documento.
Asimismo, acordaron mecanismos para que organizaciones de la sociedad civil vigilen los movimientos de los padrones -altas y bajas- con criterios técnicos y sociales, no electorales, y definir de manera conjunta los criterios que deben normar el perfil profesional de los delegados federales de las dependencias responsables de manejar programas sociales.
Revisar nombramientos. También se comprometieron a que el Ejecutivo revisará los nombramientos ya realizados de delegados para asegurar su idoneidad, en función de ese perfil profesional técnico, y suspender la realización de cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales durante los 45 días previos a las elecciones.
Otro punto consiste en adelantar la entrega de apoyos y subsidios, conforme lo permitan los recursos disponibles, para realizarse 45 días antes de las elecciones; establecer comisiones plurales en los 14 estados donde habrá elecciones, para presentar y atender las denuncias de intervención indebida de los gobiernos en las elecciones o de manejo electoral de acciones de gobierno y programas sociales.
De igual forma, pactaron proponer a los gobernadores y alcaldes un acuerdo que los comprometa a abstenerse de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones. Y promover con los gobernadores un compromiso político de no utilizar recursos públicos, no entregar despensas, ni materiales plásticos ni textiles. Esto sería también supervisado por alguna organización ciudadana.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes y convocar y promover la participación de observadores electorales nacionales e internacionales en los procesos electorales del 7 de julio.
AMPLIAR EL PACTO. En un apartado denominado Acuerdos estructurales para erradicar el uso electoral de los programas sociales de los tres ámbitos de gobierno, las partes se comprometieron a continuar sus conversaciones con el fin de crear las condiciones adecuadas para que el Pacto pueda entrar en una nueva etapa. Es decir, acordaron ampliarlo con un adéndum que incluya, entre otras, las siguientes medidas:
Los signatarios del Pacto se comprometen a hacer valer los tres últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución, en particular, a abstenerse de hacer en los medios de comunicación propaganda personalizada y las llamadas gacetillas. Se buscará hacer extensivo este acuerdo en todos los órdenes de gobierno.
Adelantar los trabajos relacionados con la reforma política en su dimensión electoral (compromiso 90 del Pacto) para plasmar en la ley el espíritu de este acuerdo que busca perfeccionar la democracia.
Iniciar los trabajos para crear un Sistema Nacional de Programas de Sociales que permita un uso más racional, progresivo y sin duplicidades de los recursos públicos para combatir con mayor eficacia la pobreza (compromiso 6 del Pacto).
Los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación y de las entidades federativas pondrán especial atención en garantizar que los recursos del Estado lleguen directamente a los beneficiarios sin condicionantes y que invariablemente se ejerzan bajo reglas de operación enteramente públicas, con un sistema de transparencia que permita la evaluación y la rendición de cuentas, incluyendo el más amplio conocimiento público de los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales, concluye el documento.
Algunos compromisos pactados
w Voluntad política para lograr que todos los órganos de gobierno tomen las acciones necesarias, con el fin de que en ninguno de los procesos electorales ni el día de los comicios, el 7 de julio, se produzcan acciones que menoscaben la integridad y limpieza del voto.
w Mecanismos para que organizaciones de la sociedad civil vigilen los movimientos de los padrones con criterios técnicos y sociales, no electorales, y definir de manera conjunta los criterios que deben normar el perfil profesional de los delegados federales de las dependencias responsables de manejar programas sociales.
El Ejecutivo revisará los nombramientos ya realizados de delegados para asegurar su idoneidad, en función de ese perfil profesional técnico, y suspender la realización de cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales durante los 45 días previos a las elecciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.
Acuerdos estructurales para erradicar el uso electoral de los programas sociales de los tres ámbitos de gobierno.
Condiciones adecuadas para que el Pacto por México pueda entrar en una nueva etapa
Alejandro Sánchez, La Crónica, 30 de abril.
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