Aguirre Rivero: “impunidad y daño a la sociedad no pueden ser negociables”

El gobernador Ángel Aguirre Rivero advirtió que su administración no permitirá, por ningún motivo, que se rompa el estado de derecho en la entidad, y reafirmó su convicción de que los responsables de los hechos vandálicos ocurridos en esta ciudad la semana anterior deben responder ante la ley, “porque la impunidad y el daño a una sociedad no pueden ser negociables”.
Al rendir su segundo informe de gobierno, llamó a un gran pacto nacional y estatal que atienda y resuelva los conflictos sociales, educativos, en materia de seguridad y de combate a la pobreza, y exigió a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (Ceteg) anteponer los intereses superiores de Guerrero a los de un grupo o facción, y no caer en voluntarismos irresponsables, que pongan en riesgo el estado de derecho y la paz social.
Reiteró que su gobierno no caerá en provocación de distintos grupos, y recordó que con el magisterio, pese a que ha afectado el proceso educativo, las funciones de gobierno y los derechos de terceros, “hemos sido tolerantes, pero no podemos permitir que miles de estudiantes pierdan su año escolar en aras de intereses políticos sindicales”.
Ante los legisladores locales, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Jesús Martínez Garnelo, afirmó que hay quienes quieren distorsionar la reforma educativa para alentar la intolerancia, pues nunca se ha previsto acabar con la gratuidad de la educación.
“Se atiende la inconformidad”Señaló que en Guerrero sociedad y gobierno trabajan para reconstruir el tejido social, y fortalecer la gobernabilidad, la paz social y el estado de derecho, y señaló que la irrupción de los movimientos sociales, aglutinados en torno a la UPOEG y la CRAC no atentan contra la gobernabilidad.
Dijo que los movimientos que surgieron en diciembre de 2012 en la Montaña y a principios de 2013 en la Costa Chica no irrumpen con violencia, ni desconocen a las autoridades legítimamente constituidas, a ningún comisario o edil, mucho menos al gobierno del estado, ni a los poderes Legislativo o Judicial.
Mencionó que se ha cumplido con la parte que les corresponde a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de las recomendaciones emitidas por las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y la de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Destacó que se fortalecen las “relaciones cordiales” con las entidades, y destacó los convenios de colaboración firmados con los vecinos estados de México y Puebla que en un corto plazo rendirán frutos para beneficio mutuo, así como los encuentros para proyectos y acciones de seguridad pública con los gobiernos del Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Michoacán, Puebla y Tlaxcala.
Señaló que en materia de seguridad y procuración de justicia, con el Programa Guerrero Seguro, en el que participan los tres órdenes de gobierno, se logró la detención de 713 personas y la liberación de 12 secuestrados, y se aseguraron 170 armas de fuego y granadas, 363 vehículos y casi 6 mil kilos de estupefacientes.
Manejo responsable de finanzasEl gobernador informó que en los dos primeros años de administración se ha cuidado escrupulosamente el manejo de las finanzas públicas. Dijo que la deuda pública del estado al cierre del ejercicio 2012 fue de 2 mil 420 millones de pesos, lo cual significa que en términos reales es 18.2 por ciento menor a la que recibió esta administración, con lo que Guerrero se convierte en una de las tres entidades con menor deuda en el país.
En materia de agua potable hizo énfasis en las obras hidráulicas, como el acueducto Lomas de Chapultepec, cuya segunda etapa requirió 459 millones 346 mil pesosç

La Jornada, 30 de abril.