A un año de la sentencia de la CIDH, indígenas denuncian incumplimiento del gobierno federal

Al cumplirse un año de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas y torturadas por efectivos del Ejército en 2002, las dos indígenas guerrerenses y organizaciones civiles denunciaron incumplimiento por parte del gobierno de Felipe Calderón. En las sentencias, notificados el 1 de octubre de 2010, la CIDH condenó al Estado mexicano y le ordenó reparar los daños ocasionados a las víctimas y a sus familias. Concluyó que los abusos se dieron en un contexto marcado por pobreza, discriminación y “violencia institucional castrense.” Además, se establecieron 17 resolutivos para cumplir las medidas de reparación, como reformar el código de justicia militar, reconocer de manera pública la responsabilidad, enviar la investigación al fuero civil, sancionar de forma efectiva a los responsables y establecer mecanismos eficaces de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. “Los avances son nulos”, señaló Inés, quien el 22 de marzo de 2002 preparaba agua fresca y tortillas en la cocina de su casa cuando los soldados llegaron… “Mis hijos, de entre 9 y 3 años de edad jugaban en otro cuarto… Ellos se dieron cuenta de los gritos y por eso el mayor los llevó a la casa del abuelo Raymundo, quien se espantó y no supo qué hacer”, relató. Ambas exigieron a la PGR —instancia a la que fueron remitidas las averiguaciones previas el pasado 12 de agosto— ejercer acción penal en contra de los militares que ellas mismas han identificado. “No hay pretexto para que todo quede en la impunidad”, expresó Valentina. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que las representa, señaló que “a la fecha las acciones concretas han sido escasas y limitadas, hay un desacato por parte del Estado”. De manera específica apuntó a la Secretaría de Gobernación, por negarse a cumplir el acuerdo de trabajo relativo al cumplimiento de las sentencias. Refirió que para acompañar el proceso, las organizaciones defensoras de Inés y Valentina ordenaron los resolutivos en ejes temáticos, con la finalidad de instalar mesas de trabajo por cada uno. Aunque la metodología fue presentada a la Segob desde el 25 de octubre del año pasado y ratificada por el gobierno en un acto protocolario el 15 de marzo de 2011 —con representantes, además de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR y la Consejería Jurídica de la Presidencia— “todo ha sido una simulación”. Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 2 de octubre.