Exigen indagar ejecuciones de migrantes

Las masacres de San Fernando, Tamaulipas, con 72 víctimas, y Cadereyta, Nuevo León, con 49 fallecidos, además de las numerosas fosas clandestinas halladas en el norte del país fueron posibles y que permanecen impunes debido a la anuencia del Estado, denuncian organizaciones civiles y familiares de víctimas en un informe entregado al Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns.

"Se considera que hubo anuencia, tolerancia y aquiescencia del Estado en dichas ejecuciones ya que el gobierno mexicano tenía conocimiento que las rutas de Tamaulipas eran las más peligrosas para el cruce de migrantes por el alto índice de secuestros y desapariciones en esa zona, no hizo nada para prevenirlo o lo dejó pasar, a pesar del gran número de policías, Ejército y Marina comisionados en la zona", indica el texto.

Los activistas remarcan que la población migrante es una de las más vulnerables, pues son presa de desapariciones, secuestros, discriminación, trata, arrestos arbitrarios, reclutamiento forzado, extorsión, violaciones sexuales y homicidios, delitos que, reprochan, quedan en la impunidad en la gran mayoría de los casos.

Aunque los abusos se recrudecieron y dejaron un incuantificable rastro de víctimas mortales, señalan, el Estado carece de interés para investigar, hallar los cuerpos, castigar a los responsables y reparar el daño a los familiares.

"No existen mecanismos o estrategias integrales para investigar estas masacres, se ha perdido evidencia y se han cremado los restos, lo cual podría llevar a una situación de impunidad, a la repetición de los hechos y a la no reparación", alertan.

"No se han investigado a seriamente a los servidores públicos involucrados en dichas masacres, no se ha investigado a las autoridades que por omisión, tolerancia o anuencia, permitieron la repetición de los hechos".

El informe indica que al quemarse los restos humanos se violan "gravemente" las garantías procesales de los familiares, pues se destruye evidencia lo cual debilita los procesos y puede generar sentencias absolutorias para los responsables

Asimismo, cuestiona la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Ha sido omisa en proteger, investigar y emitir recomendaciones sobre las desapariciones y ejecuciones de las personas migrantes. Cuando se ha pedido su ayuda para prevenir violaciones, es omisa, niega el acceso a los expedientes, no brinda información a las víctimas ni permite la actuación de sus representantes jurídicos", acusa.

El documento fue suscrito por la Red Verdad y Justicia, de la que forman parte, entre otros, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala, el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras y la Casa del Migrante de Saltillo.

Ausencias

De acuerdo con un informe de la Red Verdad y Justicia, en México y Centroamérica se carece de:

· Políticas integrales de atención a víctimas de delitos y sus familiares.

· Mecanismos efectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

· Mecanismos regionales para la identificación de restos de personas.

· Bancos de datos de migrantes desaparecidos y otros mecanismos de intercambio de información.

· Instrumentos regionales de acceso a la justicia para familiares de migrantes desaparecidos o ejecutados.

· En 2010, al menos 72 migrantes fueron ejecutados por el crimen organizado en San Fernando Tamaulipas

Henia Prado, Reforma, 28 de abril.