Legisladores critican a Aguirre por no solucionar el conflicto magisterial

La decisión del Congreso local de no aprobar la reforma a la Ley de Educación de la entidad propuesta por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) provocó posturas encontradas, incluso entre integrantes de la bancada perredista, que es mayoría en el Poder Legislativo.
La perredista Abelina López Rodríguez, presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, aseveró que el gobernador Ángel Aguirre Rivero debió buscar una salida al conflicto magisterial y no dejársela a los diputados locales.
“El Congreso debe ser garante de contribuir a la gobernabilidad, y no lo está siendo; prueba de ello es que nos mandaron la bola caliente y sumisos la aceptaron y ahí están las consecuencias que tenemos; era innecesario ponernos de a pechito; eso no lo habíamos acordado nosotros.”
Lamentó que no haya verdadera división de poderes en la entidad, y subrayó que el Congreso del estado no está asumiendo su papel, pues la mayoría de situaciones que se analizan y dictaminan obedecen a una línea.
Puntualizó que el Legislativo local pudo haber hecho modificaciones a la iniciativa de la Ceteg. “Quizá no en todo lo que planteaban, pero pudimos haber avanzado (...) abonar en algunas cuestiones”.
Subrayó que “no se puede aplicar la media nacional en Guerrero, cuando sus habitantes no tienen ni para comer; no se está en la media nacional de transparencia, y sin embargo ‘yo te exijo, pueblo’, pero yo gobierno no me exijo”.
En lugar de desactivar los movimientos sociales, se han activado, apuntó.
En cambio, el presidente de la Comisión de Gobierno, el también perredista Bernardo Ortega Jiménez, rechazó que el Poder Legislativo haya hecho el “trabajo sucio” al no aprobar la reforma a la Ley de Educación.
“Demostramos que somos un poder que toma sus propias decisiones, somos un órgano autónomo”, sostuvo Ortega Jiménez al ser entrevistado después de inaugurar el quinto Foro nacional de análisis y reflexión sobre la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública en México, efectuado en Acapulco.
“Se dictaminó, se estudió la iniciativa que nos envió el Ejecutivo (estatal), y vimos que iba contraria a la reforma educativa y eso complicaba aquí en Guerrero. Decidimos no aprobarla tal como iba, salvo la gratuidad, la cual ya está marcada.”
Agregó: “no vamos a permitir ya que nos tomen el Congreso; hicimos lo que teníamos que hacer. Lo que se dictaminó fue de manera técnica, jurídica, sin ningún tinte político y sin seguir ninguna línea, eso debe quedar bien claro”. Sostuvo que con dicha acción no se violaron los derechos de nadie.
A su vez, el senador perredista Armando Ríos Piter consideró que es momento de tender puentes de diálogo entre profesores disidentes y autoridades, con la finalidad de elaborar una ley educativa secundaria en cuya redacción se involucre a docentes, padres de familia y sociedad en general, sin que eso signifique avalar las protestas y movilizaciones magisteriales que han afectado a terceros.
Señaló que se debe entender de manera profunda la problemática que prevalece en entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas o Michoacán, donde falta infraestructura y la marginación es grave, por lo cual se deben ver como casos especiales.

Héctor Briseño corresponsal, La Jornada, 6 de abril.