Sabotajes a la economía venezolana, en plena sucesión presidencial

Hay una guerra en Venezuela. Es una guerra económica. En ella no se disparan balas ni se lanzan bombas. Simple y sencillamente se sabotea la economía. En plena sucesión presidencial se realizan ataques especulativos contra la moneda, se organiza la fuga de capitales, se crea desabasto de productos básicos, se fomenta el contrabando y se rebaja la calificación del país de estable a negativa.
Sus efectos sobre el nivel de vida de la población más necesitada y la organización de una economía posneoliberal no rentista son muy dañinos. Sus promotores apuestan a crear incertidumbre, desmoralizar a quienes apoyan la revolución bolivariana, sembrar dudas sobre la capacidad de conducción del país y crear condiciones para un voto a favor de la oposición en los comicios presidenciales del próximo 14 de abril.
Como parte de esta ofensiva bélica, la revista chilena América Economía, uno de los baluartes ideológicos e informativos del pensamiento conservador en el continente, calificó a Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas de ese país, de uno de los peores ministros de Economía de Latinoamérica en 2012, sólo superado por su colega argentino. Los responsables de organizar el ranking para la publicación lo acusaron de ser el gran responsable de “los peores males chavistas”.
El ministro respondió a sus críticos de frente. “A mí –dijo– se me acusa de ser el peor ministro de Finanzas de América Latina. Claro que sí, porque ellos defienden el neoliberalismo o creen que la economía funciona como los modelitos matemáticos que tienen en sus cabezas”
Jorge Giordani es uno de los principales responsables del pensamiento económico del finado presidente Chávez. Según él, la economía es una ciencia social que, si no se utiliza en beneficio de los seres humanos no sirve para nada, idea que, en su opinión, no es comprendida por muchos especialistas que defienden la economía neoliberal.
En enero de este año, en una decisión que tiene un fuerte sesgo político, la agencia Moody’s mantuvo las calificaciones de los bonos en moneda local y extranjera emitidos por Venezuela en B1 y B2, respectivamente, pero redujo de estable a negativa la perspectiva del país por la incertidumbre política que atraviesa, los riesgos asociados a la economía venezolana y a las finanzas del gobierno.
La decisión de la agencia da a los bonos venezolanos la peor calificación, es decir, el mismo valor que asigna a los de un país que que se encuentra en bancarrota o atraviesa un conflicto armado.
La determinación parece ignorar que Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo, y posee grandes reservas de gas, oro, cobalto, aluminio y hierro. Su economía creció 5.6 por ciento durante 2012, ha saldado buena parte de la deuda social, y se ha expandido a pesar de la recesión mundial. Como afirma Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería, se maneja con fundamentos y parámetros que se han mantenido estables durante la crisis mundial.
A comienzos de febrero de este año, el gobierno venezolano anunció una devaluación de casi 31.7 por ciento de su moneda frente al dólar, para combatir el “brote inflacionario y especulativo” del país. Desde hace diez años existe en Venezuela control de cambios y desde 2011 no se ajustaba la moneda.
Además de la depreciación del bolívar, informó que eliminaba el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), que permitía a importadores y personas obtener dólares a una tasa superior a la controlada con la compraventa de papeles públicos, y en su lugar creaba el Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario.
El presidente Maduro aseguró que la devaluación fue una medida que tomó el gobierno para “defender los dólares del pueblo, para fortalecer el control de cambio y evitar que la burguesía corrupta se adueñe de los dólares del pueblo”. Jorge Giordani la explicó advirtiendo que “los dólares no son para entregárselos a la burguesía nacional, esos dólares son para que Venezuela produzca alimentos y podamos combatir la inflación, (…) La inflación que solamente se combate con la producción nacional”.
No son denuncias ideológicas. Algunos empresarios siguen apropiándose de la renta petrolera y sacándola del país. Son ellos quienes promueven –junto a sus socios extranjeros– un ataque especulativo contra la moneda. Las cifras no mienten. Las importaciones en Venezuela en 2012 alcanzaron una cifra cercana a los 59 mil millones de dólares, de los cuales los privados obtuvieron unos 30 mil millones. Sin embargo, los empresarios sólo exportaron 3 mil millones de dólares. No en balde, Venezuela es el tercer país de Latinoamérica en capitales depositados en bancos extranjeros y paraísos fiscales.
Precisamente por ello, la devaluación fue acompañada de la desaparición del Sitme y la creación de un nuevo órgano para regular el cambio de moneda. Según Giordani, el Sitme “era la cobija de los banqueros venezolanos; ahí más de 25 mil millones de dólares se fueron”.
Pieza central de esta ofensiva bélica en marcha es el desabasto de productos básicos. En ello no hay novedad. En cada proceso electoral desaparecen de los anaqueles de las tiendas productos claves de la dieta venezolana, como la harina que se utiliza para hacer las arepas. Éste no es la excepción. Por el contrario, se ha profundizado. El gobierno lo ha sorteado a través de un sistema de tiendas populares, que incluye Mercal, Pdval y los abastos bicentenarios, que distribuyen comida y artículos de primera necesidad a bajo costo, y haciendo compromisos de abasto con países amigos de sudamérica.
A diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, en el que para salir de la crisis los gobiernos aplican draconianas medidas de austeridad que reducen los recursos para sanidad, educación y políticas sociales, al tiempo que merman pensiones y salarios, y facilitan el despido, en Venezuela la crisis no ha sido paliada cancelando el pago de la deuda social hacia el pueblo. Por el contrario, esa política de redistribución de la renta se ha extendido y profundizado.
El reto en esta guerra es mantener y profundizar ese rumbo en la construcción del socialismo, al tiempo que se resuelven los problemas de ineficiencia, burocratismo y corrupción, a los que el presidente Chávez hizo referencia en Golpe de timón.

Luis Hernández Navarro, La Jornada, 1º de abril.