Critican a aspirantes militancia partidista

En la Cámara de Diputados, la apertura de la pasarela de 37 candidatos a ocupar la vacante del Consejo General del IFE estuvo marcada por el "síndrome García Ramírez", por cuestionamientos a la elegibilidad de al menos dos de los candidatos y por críticas al mismo proceso de elección.

"Esto es un mugrero", sentenció la diputada panista Esther Quintana durante la presentación de uno de los candidatos más impugnados, el priista José Alberto Aguilar Iñárritu.

Para la legisladora, el "mugrero" asomaba en el hecho de que la pasarela misma era un proceso de "simulación".

"Partimos de un error: la neutralidad ideológica no existe", alegó Aguilar Iñárritu, quien fuera vicecoordinador de Asuntos Internacionales en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, presidente de la Fundación Colosio en Baja California Sur y consejero político nacional.

El diputado Alfonso Durazo, de Movimiento Ciudadano, fue el primero en cuestionar la imparcialidad de Aguilar Iñárritu, quien en su abono explicó que los que militan en las filas de un partido político no por ello dejan de ser ciudadanos. Durazo también fue el que deslizó el señalamiento que marcó buena parte del desfile de aspirantes.

"¿Qué opinión tiene del 'síndrome García Ramírez'? Un consejero militante de un partido que se exculpa en una votación, pero que finalmente termina por votar con una votación en favor del PRI para exculparlo de una multa de 75 millones de pesos", preguntó al candidato Francisco Bedoya Cancino.

Tras aclarar que el IFE debe asumirse como un órgano del Estado y no como una agencia del Gobierno o de los partidos políticos, Bedoya manifestó su "de-
sacuerdo" con la decisión que tomó García Ramírez.

Bedoya había resaltado la crisis del modelo de arbitraje electoral la cual, dijo, quedó reflejada en la pérdida de aceptación ciudadana del 91 al 50 por ciento.

La aspirante Elvia Leticia Fierro fue cuestionada por la perredista Lizbeth Rosas por tener vínculos con el Verde Ecologista.

Y al comparecer José Alberto Casas, la perredista resaltó la relación de su despacho dedicado a litigar asuntos electorales con partidos así como con una fundación de la esposa del diputado priista Manuel Añorve.

Quien salió mejor librada fue la politóloga Laura Benhumea, quien respondió afirmativamente cuando el diputado Durazo le preguntó si el PRI debió ser sancionado por el caso Monex.

"Creo que sí, si estaban a la luz los elementos para hacerlo (...) Lo que tenemos que hacer es ampliar las facultades sancionadoras del IFE. Sí se debió sancionar conforme a las sanciones que en las leyes sobre exceso de gastos se consideran", respondió.

Mayolo López, Reforma, 2 de abril.