Medios México

El 6 de marzo pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó su competencia para analizar el incidente de reconocimiento de inocencia promovido por el indígena tzotzil Alberto Patishtán, un profesor bilingüe condenado a 60 años de prisión por la muerte de siete policías estatales y municipales en Chiapas. Hoy, el último recurso legal para revertir 13 años de injusticia puede ser el indulto del Presidente Enrique Peña Nieto, que será promovido por el PRD en el Senado el próximo martes.

Tres de los cinco ministros de la sala -José Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo- rechazaron el proyecto presentado por Olga Sánchez Cordero y respaldado por Arturo Zaldívar que proponía que, a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y diversas tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación, ya no persistía la validez de las pruebas que hace 13 años llevaron a un juez federal a condenar al profesor.

Los ministros consideraron que el caso no cumplía con los requisitos de interés y trascendencia necesarios para entrar a su análisis y regresaron el expediente a un Tribunal de Circuito de Chiapas para su resolución definitiva.

La imagen de Patishtán, considerado preso político, ha dado la vuelta al mundo y las irregularidades en su caso han generado pronunciamientos de intelectuales, organizaciones civiles nacionales e internacionales, jerarcas de la Iglesia Católica, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su comunidad, para quienes la condena en contra del profesor está relacionada a su trayectoria como líder comunitario.

El martes, legisladores del PRD presentarán en el Senado un punto de acuerdo para solicitar a Peña Nieto que le otorgue el indulto.

El abogado del profesor, Leonel Rivero, señala que la solicitud del Legislativo se sumaría a los pronunciamientos que se han hecho durante 13 años para denunciar las violaciones al debido proceso en el juicio a Patishtán.

"Lo que está haciendo el PRD finalmente abona a nuestro argumento de injusticia en contra del profesor. A favor de la libertad del maestro se han pronunciado la sociedad, organizaciones nacionales e internacionales, intelectuales, la Iglesia Católica; ahora se sumaría el Legislativo", indica.

El caso Patishtán, en contra de lo que dijeron tres ministros de la SCJN, considera, se ha convertido en un emblema de la lucha en contra de los vicios del sistema judicial.


DEBIDO PROCESO

El 12 de junio del 2000, en la carretera Simojovel-El Bosque, fue emboscada una camioneta en la que viajaban ocho policías estatales y municipales y el menor de edad Rosemberg Gómez, hijo del presidente municipal de El Bosque, el priista Manuel Gómez.

Durante la emboscada en la que, según el Ministerio Público federal, participaron al menos 10 personas que portaban armas de uso exclusivo del Ejército, perdieron la vida siete policías y dos personas más resultaron heridas, una de ellas el hijo del alcalde.

Tres semanas antes de su detención, el 26 de mayo, Patishtán había entregado al entonces gobernador Roberto Albores Guillén una carta firmada por su comunidad en la que acusaban al presidente municipal de nepotismo, incumplimiento de obras públicas y desvío de recursos.

Siete días después de la emboscada,fue detenido por elementos de la Policía Federal en cumplimiento de una orden de localización y presentación emitida por un juez federal.

Patishtán se sumaba a otros dos detenidos en días anteriores: los hermanos Salvador y Manuel López, miembros del EZLN.

El profesor fue acusado de seis delitos: crimen organizado, homicidio calificado, lesiones, robo, daños y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. La acusación por crimen organizado fue desechada dos años después.

Un análisis jurídico del caso, realizado por la organización civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos, indica que durante la detención de Patishtán hubo varias anomalías: al profesor no le informaron las razones de su aprehensión, la orden de arraigo fue expedida en 15 minutos y le fue practicada la prueba del radizonato de sodio sin que existiera una acusación formal en su contra.

Indica que la primera declaración de Patishtán concluyó a la 1:45 horas del 20 de junio de 2000 y a las 2:00 horas el Juez de Distrito concedió la solicitud de arraigo en su contra.

Lo anterior significa -señala el análisis- que en sólo 15 minutos las autoridades ministeriales y judiciales redactaron las 50 hojas que conforman la solicitud de arraigo, dieron trámite al recurso y emitieron la resolución, cuya extensión es de 10 páginas.

Agrega que ese mismo día -es decir, ocho días después de la emboscada- el Ministerio Público federal ordenó que se realizara la prueba del radizonato de sodio. El análisis dio positivo en la mano izquierda y fue una de las pruebas presentadas en contra del profesor a pesar de que su aplicación fue ilegal, ya que las autoridades ministeriales ordenaron la prueba aún no había una acusación formal en contra de Patishtán -la orden de aprehensión fue emitida hasta el 25 de julio-, por lo que al realizarla se vulneró su derecho a la presunción de inocencia.

De acuerdo con Gabriela Patishtán, hija del profesor, antes de su detención diversos habitantes de la comunidad le habían recomendado abandonar el pueblo, pues había rumores de que sería acusado de participar en la emboscada.

"Le habían comentado a mi papá que tuviera cuidado porque el presidente municipal estaba tramando algo feo; para ser precisos, que lo iba a culpar de la emboscada. Mi papá, consciente de que él no fue partícipe, no tenía que huir, por eso lo detuvieron", señala.

Tras la detención, relata, su papá fue arraigado en un hotel de Tuxtla Gutiérrez, por lo que a su familia le llevó una semana conocer su paradero, tiempo en el cual el indígena no contó con un abogado.

"Empezamos a buscar en los pueblos aledaños, en las cárceles, incluso en los hospitales, pero nadie nos dijo nada, en algún momento llegamos a creer que lo habían matado. Como mi papá estaba en una organización del pueblo, lo que hace el pueblo es organizarse y tomar la Presidencia Municipal, así es como el gobierno local se entera de que hay un problema en El Bosque y ellos nos informan dónde está mi papá", indica.

Desde que rindió su primera declaración, Patishtán aseguró que se encontraba en otro lugar al momento de los hechos y, para comprobarlo, su defensa presentó testigos y constancias que lo ubicaban en una reunión de maestros a la hora de la emboscada.

Una constancia firmada por el supervisor de la zona escolar 204 en el municipio de Huituipán, Sixto Juan Díaz, señala que el acudió a una reunión que comenzó a las 9:00 horas el 12 de junio de 2000; mientras que testimonios de otros profesores lo ubican en dicho municipio hasta las 11:00 horas. La emboscada ocurrió entre las 10:00 y las 11:00 horas.

Pero esta prueba fue desestimada por el juez.

Al expediente también fueron incorporadas declaraciones y procesos de identificación que no cumplían con los estándares previstos en la ley.

Alexis Vicente Gómez, quien pasaba en su auto por el lugar de los hechos el día de la emboscada, rindió su declaración el 27 de junio. Señaló que vio alejarse del lugar una camioneta con tres personas a bordo que no pudo identificar.

Luego de que los agentes ministeriales le mostraron una fotografía del profesor, el testigo señaló que sus rasgos eran similares a los de los ocupantes de la camioneta que vio alejarse.

"No pudiera señalárselo (si reconocía a los ocupante de la camioneta) ya que los tuve escasos segundos a la vista, ya que como le dije, estas personas me ignoraron y por lo tanto no se me agravió las características (sic) de cada uno; sin embargo, las características (de Patishtán) son similares a las de las personas que viajaban en la camioneta", indicó.

La fotografía fue entregada por Manuel Gómez a los agentes ministeriales cuando ni siquiera había una orden de aprehensión en contra de Patishtán, por lo que su uso era ilegal de acuerdo a diversas tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación.

"La toma de fotografías a personas que no han sido puestas a disposición del Ministerio Público en calidad de detenidas o presuntas responsables -cuando éste sólo ha ordenado su localización y presentación- configura un acto de molestia porque menoscaba o restringe el derecho de la persona", establece la resolución del amparo directo 9/2008 publicado en agosto de 2009.

Otros procesos de identificación también registran irregularidades. El hijo del presidente municipal de El Bosque identificó a Patishtán como uno de sus agresores en un proceso en el que el Ministerio Público no se aseguró de que las personas que estuvieron junto al maestro tuvieran características físicas similares, lo que viola el Código de Procedimientos Penales.

La principal prueba en contra de Patishtán fue la declaración de Rosemberg Gómez, a pesar de que los hechos narrados por él contradicen los descritos por el otro sobreviviente, el policía Belisario Gómez Pérez.

El policía indicó que no pudo ver a los agresores debido a que éstos se encontraban encapuchados. Durante su declaración, también aseguró que vio a Rosemberg inconsciente al interior de la camioneta luego de ser herido.

Rosemberg, por su lado, declaró que los agresores tenían la cara descubierta, que no perdió el conocimiento durante el ataque y que vio a Patishtán bajarlo de la camioneta y arrojarlo al suelo.

JUICIO PARADIGMÁTICO

El 18 de marzo de 2002, el Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito absolvió a Salvador López, integrante del EZLN, acusado junto con Patishtán de participar en la emboscada.

El juez determinó que la declaración de Rosemberg era contradictoria e insuficiente para culparlo de los hechos; no obstante, a partir de la misma declaración y las irregularidades en la averiguación previa, Patishtán fue condenado a más de 90 años de prisión, aunque la pena máxima contemplada por el Código Penal es de 60.

Para la abogada Layda Negrete, el caso de Patishtán es paradigmático pues no sólo es otro ejemplo de las fallas estructurales del sistema de impartición de justicia, también de cómo los gobiernos de los tres niveles utilizan al Ministerio Público para desactivar líderes y movimientos sociales.

La productora del documental Presunto Culpable indica que las pruebas más comunes en cualquier sistema de justicia del mundo, incluido el mexicano, son los testigos oculares y las declaraciones de testigos, pruebas que en el caso del profesor fueron tomadas en cuenta por el juez a pesar de sus deficiencias.

"Tenemos un diseño de proceso judicial que lo que hace es presumir la culpa, darle una enorme validez al Ministerio Público y lo que dicen la estadísticas es que la tasa de sentencias está en todos los estados arriba del 80 por ciento; es decir, siempre se condena, nunca se cuestiona al Ministerio Público", apunta.

LA NEGATIVA DE LA CORTE

Desde su detención, Patishtán ha apelado en cinco tribunales federales el proceso en su contra. Lo único que ha logrado es la disminución de la sanción económica, impuesta en marzo de 2002, de 57 mil a 20 mil pesos.

En septiembre del año pasado, su defensa solicitó a la Primera Sala de la SCJN que analizara el caso a la luz del artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que, después de dictada una sentencia definitiva, ésta puede ser revalorada si aparecen elementos públicos que invaliden las pruebas que la fundaron.

Presentó además una serie de tesis aisladas y tesis de jurisprudencia y la reforma constitucional en materia de derechos humanos como elementos que invalidaban algunas de las pruebas que el Ministerio Público Federal presentó hace 13 años en contra del indígena.

Para los abogados de Patishtán, los tres ministros que se negaron a conocer el caso lo hicieron por miedo a abrir la caja de pandora, pues pronunciarse sobre la validez de pruebas que una década antes fueron utilizadas para dictar una sentencia implicaba atacar una falla estructural del sistema que afecta a miles de personas en reclusión.

"Les dio miedo, porque es cierto: cuántos secuestradores, cuántos violadores, cuánta gente que fue sentenciada con las mismas deficiencias del caso del profesor podría invocar un recurso como este, pero si el fin es preservar la impunidad y no pegarle a la falla estructural, están condenando a un inocente a morir en la cárcel", asegura Leonel Rivero.

Si prospera el punto de acuerdo que este martes promoverá el senador perredista Adolfo Romero, el caso llegará hasta el escritorio de Peña Nieto.


90 años de prisión es la pena impuesta al profesor tzotzil

Reproche a Ministros

Instituciones y personas han reprobado la negativa de la Suprema Corte a revisar la sentencia de Alberto Patishtán.


SUBCOMANDANTE MARCOS
EZLN

· "El sistema de justicia reedita su ridiculez (que rima con Cassez) al negarle al profesor Alberto Patishtán Gómez la libertad, y así condenarlo por ser indígena en el México del siglo 21".



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

· El Gobernador chiapaneco Manuel Velasco consideró que la decisión debió ser a favor de la liberación.



AMNISTÍA INTERNACIONAL

· "Amnistía Internacional está seriamente preocupada de que la decisión de la SCJN parece indicar que la Primera Sala no considera de mayor importancia este caso manchado por indicios de discriminación por la condición de indígena de Alberto Patishtán".

FELIPE ARIZMENDI

Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas 

· "Lamentamos que la Corte no se haya llegado a poner de acuerdo; dos contra tres significa que dos personas sí están de acuerdo de que la Corte puede atraerlo para analizar si es inocente, o si por lo menos se violaron sus derechos constitucionales en el proceso jurídico".



GABRIELA PATISHTÁN

Hija del profesor tzotzil

· "Paradójicamente, esta misma Suprema Corte de Justicia decidió a favor de la libertad de los 52 paramilitares asesinos confesos en el caso de la masacre de Acteal; incluso decidió la liberación de Florence Cassez en una acción de burla a las víctimas de secuestro. La SCJN, al negar retomar el caso del profesor Patishtán, da continuidad y legalidad a las violaciones al debido proceso que llevaron a dictaminar una sentencia de 60 años".




Larga espera por justicia

Detenido en la administración del priista Ernesto Zedillo, el indígena Alberto Patishtán luchó dos sexenios por su libertad. Hoy pide el indulto de un nuevo Presidente priista, Enrique Peña Nieto.

2000

Junio 12. Siete policías locales y municipales pierden la vida y dos personas más resultan heridas durante una emboscada.

Junio 19. Alberto Patishtán Gómez es detenido en cumplimiento de una orden emitida por el Ministerio Público Federal.

Julio 19. Un juez federal dicta auto de formal prisión en contra de Patishtán. Los delitos que se le imputan son: crimen organizado, lesiones, homicidio, robo, daños y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Es encarcelado en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez.



2002

Marzo 18. El Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito desecha el delito de crimen organizado y dicta sentencia de más de 90 años de prisión en contra del profesor.



2004

Julio 1o. Patishtán es trasladado del penal de El Amate.



2008

Feb. 25. Organiza una huelga de hambre para demandar que sean reabiertos sus expedientes.

2009

Abril 4. Es trasladado al Cereso No. 5 de San Cristóbal de las Casas.

Ago. 20. Interpone un recurso de reconocimiento de inocencia ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.



2010

Feb. 4. Patishtán es trasladado a un hospital de Tuxtla Gutiérrez en donde permanece seis meses.



2011

Oct. 20. Después de 21 días de ayuno, Patishtán es trasladado a un penal de máxima seguridad en el municipio de Guasave, Sinaloa.



2012

Julio 26. Alberto Patishtán es trasladado a San Cristóbal de las Casas.

Sep. 11. Patishtán solicita a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer un incidente de reconocimiento de inocencia.

Oct. 4. Patishtán es trasladado a la Ciudad de México para someterlo a una operación con el objetivo de extirparle un tumor cerebral.

2013

Marzo 6. La Primera Sala de la SCJN rechaza conocer el incidente de reconocimiento de inocencia. Regresan el caso al Primer Tribunal Colegiado, con sede en Chiapas, para su resolución definitiva.

Martha Martínez, Reforma, 31 de marzo.