Lucran cárceles de EU con indocumentados

WASHINGTON.- La detención de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se ha convertido en un jugoso negocio para las empresas que manejan prisiones privadas.

Subcontratadas por las administraciones públicas, las cárceles privadas albergan a casi la mitad de todos los inmigrantes detenidos en ese país.

Corrections Corporation of America (CCA) y Geo Group, las dos compañías que dominan el sector, ingresaron el año pasado conjuntamente 3 mil 300 millones de dólares, un 137 por ciento más que en 2004.

"Al existir el incentivo económico, estas empresas tratan de influenciar a los encargados de diseñar y aplicar la política migratoria para que siga aumentando la población entre rejas", advierte Emily Tucker desde Detention Watch Network, una organización que trata de concientizar a la sociedad civil y los grandes fondos financieros para que no inviertan en la industria carcelaria.

Según datos de Associated Press, los tres gigantes del sector (el tercero es Management and Training Corp) se gastaron durante la pasada década 45 millones de dólares en contribuciones electorales y cabildeo en el ámbito federal y estatal.

Y aunque todas ellas niegan que su dinero fuera dirigido a endurecer las leyes migratorias, algunos ejemplos las contradicen.

Treinta de los 36 legisladores que patrocinaron la ley antiinmigratoria de Arizona SB1070 recibieron donaciones de CCA y, como publicó en su momento la radio pública NPR, sus ejecutivos estuvieron presentes durante la redacción del borrador de la ley.

La industria del encarcelamiento de inmigrantes vive una época dorada desde la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca. Durante su mandato, las detenciones se han disparado hasta niveles nunca vistos.

En 2011, se alcanzó la cifra récord de 429 mil, según el Departamento de Seguridad Nacional, cifra que ha catapultado las ganancias de las prisiones privadas.

Durante la pasada década, marcada por los atentados del 11/9 y la seguridad como obsesión nacional, no sólo se endurecieron algunas leyes estatales. También lo hizo la legislación federal.

En 2005, la Administración Bush aprobó la Operación Streamline, un programa que criminaliza el reingreso ilegal a través de la frontera mexicana al tipificarla como un delito penal, punible con hasta 20 años de prisión.

"Hasta entonces, la mayoría de inmigrantes eran deportados o sus casos se abordaban en el sistema civil de inmigración", explica Bob Lidal, director de Grassroots Leadership, una organización pro inmigrante.

"Gracias a Streamline la inmigración se ha convertido en el delito más perseguido por la justicia criminal. Su impacto ha sido dramático y ha supuesto un boom para las compañías privadas de prisiones", añade.

Si las leyes se endurecieron, el presupuesto para aplicarlas se multiplicó. Tanto que los 18 mil millones de dólares con los que cuenta actualmente Seguridad Nacional para combatir la inmigración ilegal son superiores al presupuesto total combinado del servicio secreto, el FBI, la DEA y la agencia de Alcohol, Tabaco y Armas.

El principal argumento a favor de los centros de detención privada está en sus costos.

Cada inmigrante arrestado le cuesta al contribuyente una media de 166 dólares al día, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Esa cifra es 107 por ciento más respecto a los 80 dólares que pagaban las administraciones en 2004.

El generoso aumento ha permitido a compañías como CCA escapar de la quiebra a la que parecía abocada en 2001.

A lo largo de los años, la industria carcelaria se ha enfrentado a docenas de litigios legales por las deficientes condiciones que imperan en algunos de sus centros o los abusos cometidos por su personal.

Ricardo Mir, Reforma, 28 de abril.