WASHINGTON.— En medio de una intensa ofensiva para responder al asalto del sector conservador del Partido Republicano y los grupos de extrema derecha contra la iniciativa de reforma migratoria, los senadores republicanos John McCain y Lindsay Graham advirtieron ayer que “Estados Unidos corre el riesgo de quedarse atrapado en una trampa económica” en caso de no prosperar la propuesta de reforma migratoria.
En un encuentro organizado por la Cámara de Comercio que, junto con los sindicatos, se han convertido en los más poderosos aliados de una reforma migratoria, Graham defendió el proyecto de ley que, aunque perfectible, es no sólo necesario sino “urgente”, dado el envejecimiento de una población que ha hecho indispensables a los más de 11 millones de indocumentados que viven en EU para llenar las arcas fiscales con recursos sin los cuales el futuro de la seguridad social está en riesgo.
“Todo lo que no sea aprobarla supondrá un grave error... Corremos el riesgo de que la economía se desmorone”, aseguró Graham, un senador que hasta hace poco mantenía posiciones opuestas pero que, tras la avalancha electoral latina en las presidenciales de noviembre pasado, ha cambiado de postura.
McCain afirmó que el “que 11 millones de personas vivan en las sombras es insostenible”. El senador ha hecho causa común con el grupo de 8 senadores demócratas y republicanos que impulsan la iniciativa migratoria en EU.
En un intento por tratar de contemporizar con el sector conservador, que ve esta reforma como “una amnistía que favorecerá a millones de ilegales”, McCain dijo que, si bien es cierto que la reforma incluye una vía a la ciudadanía, quienes deseen alcanzarla tendrán que cumplir condiciones irrenunciables: “Habrá camino a la ciudadanía siempre y cuando paguen sus impuestos, aprendan inglés y se pongan a la cola de las personas que ya están en el proceso de conseguir legalizar su situación”, enfatizó.
El pronunciamiento de estos dos senadores se produce en momentos en que, desde la Cámara de Representantes han comenzado a llover un sinnúmero de iniciativas y enmiendas promovidas por los conservadores con el fin de dinamitar el avance de las negociaciones.
En este contexto, el presidente de la Cámara de Comercio, Tom Donahue, defendió la reforma migratoria como un tema de “imperiosa necesidad”. “Si las empresas no logran los trabajadores necesarios aquí, deberán irse a otras partes del mundo a buscarlos”, advirtió.
Apenas el 30 de marzo, la Cámara de Comercio y la poderosa central sindical de la AFL-CIO anunciaron un principio de acuerdo para regular el futuro flujo de trabajadores no agrícolas y de baja cualificación. La denominada visa W contempla la regulación escalonada de trabajadores a partir del 2015, a menos de que la Secretaria de Seguridad Interna (DHS) disponga su retraso en, al menos, 6 meses. De forma gradual, en el primer año se concederían 20 mil visas, en el segundo 35 mil, en el tercero 55 mil y al llegar al cuarto año se autorizarían 75 mil visas.
La propuesta de reforma migratoria del “grupo de los ocho” incluye un plazo de 10 años para la legalización de los indocumentados, tres mil millones de dólares para la seguridad fronteriza y sanciones a empresas que a sabiendas contraten a personas “sin papeles”.
Colorado flexibiliza reglas
En Colorado, el gobernador John Hickenlooper firmó una ley por la cual los jefes de policía estatales ya no estarán obligados a notificar a las autoridades federales cuando arresten a alguien sospechoso de vivir sin autorización en EU, poniendo fin a una norma aprobada hace siete años. (Con información de agencias)
Jaime Hernández corresponsal, EL Universal, 27 de abril.
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