Si no hay acuerdos el 4 de abril, paro nacional de labores, amaga la CNTE


La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estableció el 4 de abril próximo como plazo para alcanzar acuerdos con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública (SEP) en torno a sus demandas sobre la reforma educativa, o impulsará un paro nacional de labores.
“Prácticamente todos los contingentes estamos anunciando un paro por tiempo indefinido ante la insistencia de la SEP de que se presente la ley reglamentaria de la reforma y por la embestida contra el normalismo”, informó Juan José Ortega Madrigal, secretario de la sección 18 de Michoacán, en entrevista.
Señaló que la coordinadora en su estado, en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y Guanajuato; además de las secciones 9, 10 y 11 del Distrito Federal, así como contingentes en otras entidades, están listas para esta acción.
Manifestó que el 4 de abril esperan la incorporación del titular de la SEP, Emilio Chuay­ffet Chemor, a la mesa de negociaciones que mantienen con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
De cualquier manera, dijo, ese día se tiene programada una asamblea nacional representativa de la CNTE para definir la realización del paro de labores si no hay un acuerdo con las autoridades federales.
Ortega Madrigal indicó que la coordinadora emitió un llamado urgente “porque no hemos alcanzado respuesta (a nuestras demandas), salvo con el Issste (como obtener créditos para vivienda), pero no podemos desviarnos del rechazo a la reforma educativa”.
El viernes 15 de marzo la CNTE decidió establecer interlocución con el gobierno federal y pactó la instalación de mesas de trabajo con la SEP y el Issste, a fin de atender los cinco puntos de su pliego petitorio.
Esas demandas son: la defensa de la educación pública, la abrogación de los artículos 3 y 73 constitucionales y las implicaciones que éstos tienen en relación con los derechos laborales de los maestros; la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; alto a la represión de profesores en Guerrero, y resolver los pendientes con el Issste.
La disidencia ha expresado su rechazo a la reforma educativa al considerar que las modificaciones al artículo tercero constitucional y al servicio profesional del magisterio son instrumentos contra la educación pública y los derechos laborales del sector.

Alma Muñoz, La Jornada, 30 de marzo.

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