Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, exhortó al Estado mexicano “a poner en marcha un mecanismo de protección a los defensores de las garantías fundamentales. Hay una voz no sólo de alarma, es un clamor de peligro, es público y debería llamarnos a poner en marcha acciones eficaces para su salvaguarda”.
Hernández Valencia dijo que en México “se aplican algunas medidas de choque, que en Colombia se utilizan desde hace años, y que son duras, como el blindaje de vehículos, de puertas y ventanas de oficinas, instalación de cámaras de circuito cerrado, puertas de seguridad antibombas y empleo de guardaespaldas, entre otras”.
–¿En qué casos se aplican esas medidas? –se inquirió al representante de la ONU.
–En los casos en los que la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) ha ordenado medidas cautelares. Hay cosas que a veces están demasiado lejos de las inmediatas, como eso de que patrullas hagan varios rondines por la casa del defensor amenazado. Tenemos un abanico de medidas.
Ante los crímenes y agresiones contra defensores de los derechos humanos y sus familiares, el funcionario de la ONU demandó al Estado mexicano a “encontrar un marco legal de actuación de los tres niveles de gobierno, en el que se distinga claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos –federal, estatal y municipal–. Se requieren medidas urgentes por sector y de choque, subrayó.
“Y si esa cooperación no es factible hoy en términos de premura, aspiraría a que hubiera acciones de urgencia que permitan a las normas aplicarse al nivel máximo, para operar en un contexto de emergencia.”
Se refirió a los asesinatos de integrantes de la familia de Sara Reyes. “En 13 meses han asesinado a cinco de sus miembros. Es impostergable poner en marcha una respuesta a la vulnerabilidad de periodistas, defensores de los derechos humanos y médicos. Sobre todo en los cinco estados que concentran 60 por ciento de las acciones de violencia, incluso se requieren medidas de choque para las presidencias y consejos municipales que son víctimas del crimen organizado”.
En entrevista, Hernández Valencia sostuvo que “en México no existe el mecanismos de protección para defensores de derechos humanos. Actualmente se discute qué hacemos, creo que ya hay que entrar a etapas prácticas”.
Hernández Valencia dijo que en México “se aplican algunas medidas de choque, que en Colombia se utilizan desde hace años, y que son duras, como el blindaje de vehículos, de puertas y ventanas de oficinas, instalación de cámaras de circuito cerrado, puertas de seguridad antibombas y empleo de guardaespaldas, entre otras”.
–¿En qué casos se aplican esas medidas? –se inquirió al representante de la ONU.
–En los casos en los que la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) ha ordenado medidas cautelares. Hay cosas que a veces están demasiado lejos de las inmediatas, como eso de que patrullas hagan varios rondines por la casa del defensor amenazado. Tenemos un abanico de medidas.
Ante los crímenes y agresiones contra defensores de los derechos humanos y sus familiares, el funcionario de la ONU demandó al Estado mexicano a “encontrar un marco legal de actuación de los tres niveles de gobierno, en el que se distinga claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos –federal, estatal y municipal–. Se requieren medidas urgentes por sector y de choque, subrayó.
“Y si esa cooperación no es factible hoy en términos de premura, aspiraría a que hubiera acciones de urgencia que permitan a las normas aplicarse al nivel máximo, para operar en un contexto de emergencia.”
Se refirió a los asesinatos de integrantes de la familia de Sara Reyes. “En 13 meses han asesinado a cinco de sus miembros. Es impostergable poner en marcha una respuesta a la vulnerabilidad de periodistas, defensores de los derechos humanos y médicos. Sobre todo en los cinco estados que concentran 60 por ciento de las acciones de violencia, incluso se requieren medidas de choque para las presidencias y consejos municipales que son víctimas del crimen organizado”.
En entrevista, Hernández Valencia sostuvo que “en México no existe el mecanismos de protección para defensores de derechos humanos. Actualmente se discute qué hacemos, creo que ya hay que entrar a etapas prácticas”.
Víctor Ballinas, La Jornada, 1º de marzo.
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