"Apoyaron a AMLO donantes fantasma"

La presión de la izquierda y la necesidad de más tiempo para analizar el caso llevó al Consejo General delInstituto Federal Electoral (IFE) a diferir la votación del dictamen de gastos de campaña presidencial que, entre otras cosas, propone multar a la coalición Movimiento Progresista por haber rebasado el tope de gastos en más de 62 millones de pesos.

Con la oposición del presidente del instituto, Leonardo Valdés, y de Marco Baños, los consejeros avalaron aplazar la discusión hasta el próximo miércoles con la finalidad de analizar a detalle los criterios de prorrateo que —según la izquierda— llevaron a la Unidad de Fiscalización a medir con “distinta vara” al PRI y a la alianza integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

En ese tiempo, el dictamen elaborado por la Unidad de Fiscalización del instituto no podrá ser modificado.

La propuesta surgió de la izquierda y fue retomada por el consejero Alfredo Figueroa, quien la planteó en la reunión de mesa de consejeros del martes pasado. Otra de las propuestas era regresar el dictamen a la Unidad de Fiscalización.

Benito Nacif, Lorenzo Córdova y Sergio Garcíaestuvieron de acuerdo; Leonardo Valdés y Marco Baños en contra; Macarita Elizondo aclaró que se sumaría a la posición que generara consenso y Francisco Guerrerodijo tener dudas al respecto.

El presidente del IFE les recordó que no existía una precedente de diferimiento de este tipo de discusiones y que incluso el PRI lo había solicitado en 2009, sin éxito. Dejó claro que defendería, hasta el final, el proyecto elaborado por la unidad.

El acuerdo fue reunirse, nuevamente, antes de la sesión de ayer, para tomar una decisión al respecto.

Ayer, el grupo de Figueroa consiguió los votos de Elizondo y Guerrero Aguirre, y consideró que debían ser “sensibles” ante el caso.

La discusión

La propuesta se planteó en el Consejo General luego de que Silvano Aureoles, coordinador de los diputados perredistas, acudiera al IFE y demandara la comparecencia de los consejeros en San Lázaro.

“Honrando el principio de certeza, esta autoridad debe darse un lapso suficiente para analizar los trayectos”, dijo Figueroa al inicio de la sesión.

Temas complejos como el prorrateo de los gastos (que es la distribución de un gasto entre las campañas de diputados, senadores y presidente de la República, según una fórmula), aseguró, eran unos de los motivos que acreditaban la necesidad de estudiar el documento.

José Antonio Hernández, representante del PRI ante el instituto, aseguró que fue la propia izquierda la que solicitó adelantar el proceso de fiscalización de las campañas presidenciales de julio a enero.

“Me extraña que ahora el discurso sea distinto”, expuso.

Rogelio Carbajal, representante de Acción Nacional ante el IFE calificó como un “calcetinazo” y concluyó que el actual modelo de fiscalización había fracasado.

Leonardo Valdés tomó la palabra para manifestarse en contra del diferimiento: “No encuentro cómo se pueda cuestionar el debido proceso que observó la Unidad de Fiscalización para desahogar una delicada tarea de auditoría de los informes que en tiempo y forma presentaron los partidos políticos”.

Nayeli Cortés, El Universal, 31 de enero.