Los alcances de la reforma educativa serán en última instancia definidos por la SCJN, pues de concretarse las contrarreformas en Guerrero y Oaxaca promovidas por la CNTE, el Congreso tendría que iniciar una acción de inconstitucionalidad para anularlas, señaló el diputado Fernando Rodríguez Doval.
El también secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, estableció que la reforma constitucional en materia educativa no puede estar sujeta a interpretación.
Por tanto, "la evaluación es obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia de los maestros, además de que se creará un servicio profesional docente para la promoción de puestos", aseveró el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).
Ante a la posibilidad de que en Oaxaca y Guerrero se concrete una contrarreforma que anule la parte sustancial de la reforma educativa, el panista advirtió que el Congreso de la Unión no se mantendrá de brazos cruzados.
A raíz de las movilizaciones de los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en esas entidades, a fin de que se les haga una evaluación "a modo", Rodríguez Doval aseguró que habrá acciones de respuesta.
En primer lugar, dijo que al reanudarse las sesiones presentará un punto de acuerdo para solicitar a los gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre, y de Oaxaca, Gabino Cué, que no cedan ante las movilizaciones y los chantajes de la CNTE.
Más allá de lo que pretendan negociar los gobernadores, lo cierto es que ni los maestros ni los mandatarios estatales pueden violar lo establecido en la Constitución, recalcó el diputado.
Insistió en que si los Congresos estatales proponen revocar la evaluación del profesorado de las entidades mencionadas, tendrían que promover una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine el alcance de la reforma constitucional aprobada.
La Crónica, 1º de abril.
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