Descalifican expertas contrarreforma de Cué

OAXACA.- La propuesta de reformas a la Ley General de Educación que entregó el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, en San Lázaro plantea un "cogobierno autoritario" entre la Sección 22 de la CNTE y autoridades estatales, advierte un análisis de la iniciativa elaborado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN.

"La propuesta expresa un cogobierno entre las autoridades del Estado y la Sección 22, y llega a implicar una relación de autoridad vertical muy autoritaria sobre las comunidades", plantearon cuatro investigadoras del Cinvestav, tras analizar el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) a petición del Gobernador oaxaqueño y del magisterio.

El diagnóstico, elaborado por las doctoras Antonia Candela, María Ibarrola, Ruth Mercado y Elsie Rockwel, y del que Grupo REFORMA tiene una copia, advierte que con la contrarreforma educativa de Oaxaca se da facultades a los maestros para que dispongan y apliquen recursos públicos de manera directa; incluso, de los municipios.

"Abre el riesgo del mal uso de recursos, una gran confusión de responsables y funciones que contradice los criterios y los objetivos comunitarios y democráticos del documento", plantean.

Al respecto, las especialistas previenen a las autoridades municipales sobre gastos ilegales para construir aulas.

"Nuevamente se pierden las bondades de los criterios y objetivos propuestos abriéndose la posibilidad de depositar en las comunidades la responsabilidad de aportar parte de los recursos económicos que difícilmente tienen y que legalmente no les corresponde proporcionar", exponen.

El diagnóstico, titulado "Opinión Calificada del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca", también previene sobre la propuesta de que los maestros sean gestores y, en consecuencia, puedan intervenir en la aplicación de recursos públicos de las comunidades.

"Es importante que en un propuesta educativa, como es la del PTEO, se centre en el trabajo pedagógico y no se responsabilice a la escuela y docentes de 'proyectos comunitarios y de enfoque social' que son responsabilidad gubernamental, muchos de los cuales actualmente ya están indebidamente siendo atendidos por los maestros", refieren.

"Los docentes no deben ser los gestores ni los responsables de operar y ejercer presupuestos destinados a proyectos de desarrollo o productivos de las comunidades, función que debe recaer en las comisiones y autoridades nombradas para ello".

La propuesta de reformas a la Ley General de Educación, advirtieron las especialistas, propone la creación de una estructura paralela a la oficial que atienda las evaluaciones docentes; incluso, plantea una subcontratación, para la elaboración, aplicación y calificación de los instrumentos de medición "a costos altísimos".

"De implementarse generaría un sistema paralelo al ya por si costoso Sistema Nacional de Evaluación, que tendría consecuencias graves como: (la) creación de una nueva estructura burocrática estatal, y outsourcing de una función que debe concentrarse en el propio sistema", sugieren.

Según el diagnóstico, el sistema de evaluación que propone la Sección 22 es inoperable.

"No es extraño que muchos docentes que están viviendo los procesos ya iniciados por el PTEO reporten confusiones y señalen que no comprenden de qué se trata y en qué consiste realmente la propuesta alternativa que se les pide llevar a la práctica", advierten.

A pesar de que el argumento central de los maestros para validar esta contrarreforma es que considera la diversidad cultural, social y económica que prevalece en Oaxaca, el diagnóstico del Cinvestav establece que esos criterios no son especificados.

"Es conveniente reconocer que parte de estos problemas responden también a prácticas inconvenientes que se han generado localmente y que no contribuyen a una educación de calidad. Nos referimos a prácticas como el ausentismo docente", agrega.

Virgilio Sánchez corresponsal, Reforma, 5 de abril.