Piden que Hacienda dé recursos para consulados ante reforma migratoria en EU

El Senado exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que prevea y, en su caso, realice una transferencia de recursos presupuestales a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que esta dependencia los canalice a los 50 consulados de México en Estados Unidos, para apoyar oportunamente a los connacionales que estén en la posibilidad de beneficiarse con la promulgación de una reforma migratoria integral en el vecino país.

Durante la cuarta reunión de trabajo, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, que preside la senadora del PRI, Marcela Guerra Castillo, aprobó por unanimidad dos puntos de acuerdo que buscan apoyar a los connacionales residentes en Estados Unidos.

Al fundamentar su propuesta la legisladora por el estado de Nuevo León dio a conocer que alrededor de 6.5 millones de mexicanos que viven en el país del norte no cuentan con la llamada “Green Card” y podrían ser beneficiados, en caso de que cristalice la reforma migratoria en EU.

En un segundo punto de Acuerdo, se pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores que rinda un informe sobre el número y situación en que se encuentran los connacionales sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos y de las acciones que se están instrumentando para auxiliarlos legalmente.

En el punto de acuerdo –que será llevado al pleno— se señala que, desde 1926, 10 mexicanos han recibido la pena capital; el primero de ellos fue Agapito Rueda, quien murió en la Silla Eléctrica en El Paso, Texas, el 1 de noviembre de ese año y el último fue Humberto Leal García, el 7 de julio de 2012, en una prisión de Texas, mediante inyección letal.

Con dicho resolutivo, de ser aprobado, la Cámara alta buscaría obligar a la Cancillería, que encabeza José Antonio Meade, a rendir también un informe sobre las medidas que se están implementando para auxiliar  legalmente a los connacionales.  En los argumentos se indica que en EU, los estados son libres de incluir o no la pena de muerte en sus Códigos Penales respectivos, aunque sólo 18 entidades en ese país han prohibido la pena de muerte, el último de ellos, en Connecticut en abril de 2012.

En el resolutivo, impulsado por el senador petista David Monreal Ávila, se señala que actualmente la pena de muerte ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos, excepto Bielorrusia. En América Latina también se eliminó, y en Estados Unidos aún es común.

Alejandro Sánchez, La Crónica, 4 de abril.

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