Con la ejecución del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, la escalada de violencia en el país alcanzó niveles sin precedente en la historia del país, coincidieron Martín Barrón y Edgardo Buscaglia, expertos en temas sobre seguridad nacional y narcotráfico.
Lo anterior –señalaron–, es consecuencia del desgobierno en la mayoría de los municipios de Tamaulipas, del control territorial de que disponen los grupos delictivos que operan en esa entidad y los altos niveles de infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiacos locales y en las instituciones de procuración de justicia, aunado a la escisión entre Los Zetas y el cártel del Golfo –en mayo de 2009.
La opinión de los especialistas se refuerza con expedientes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR) consultados por La Jornada, en los que testigos protegidos aseguran que el año pasado se fracturó el cártel del Golfo –que tenía en Los Zetas su brazo armado–, y desde entonces el grupo de sicarios ha optado por amenazar, ejecutar y corromper a policías, funcionarios y candidatos a algún puesto de elección, como parte de la disputa de narcotraficantes por el control de las rutas y el mercado de drogas de esa entidad.
Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que en las gestiones de Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (actual gobernador), la presencia del crimen organizado se expandió, lo que no se combatió a tiempo. “Es incorrecto decir que la violencia derivada de las acciones del crimen organizado sea un asunto nuevo”.
Eduardo Buscaglia, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), refirió que todos los municipios de Tamaulipas, excepto Villagrán y Padilla, han sido “capturados por grupos criminales que han cobrado fuerza por el desgobierno que impera en la mayoría de los ayuntamientos y estados del país”.
Por otro lado, expedientes ministeriales de la PGR consultados por este diario indican que en mayo de 2009, miembros del cártel del Golfo, entre ellos uno apodado Pitufo y otro Geremías, declararon ante el Ministerio Público Federal que el actual mando de Los Zetas, Miguel Treviño Morales, El L 40, ordenó la sustitución de Ezequiel Cárdenas, Tony Tormenta –hermano de Osiel– como jefe de la plaza de Cancún, debido a que no obtenía las utilidades ilegales que corresponden a ese centro turístico.
Los testigos protegidos dijeron que la discordia definitiva la desató la ejecución de Víctor Peña, El Cóncord 3, ocurrida el pasado 18 de enero y atribuida a Samuel Flores Borrego, El Metro 3. La víctima era hombre de El L 40. Luego del incidente, el cártel del Golfo quedó dividido en dos bandos: por un lado, Los Zetas, al mando de Heriberto Lazcano Lazcano y El L 40, y por otro el grupo que encabeza Ezequiel Cárdenas.
En tanto, Telésforo Nava, catedrático de la UAM, señaló que la ejecución del candidato priísta al gobierno de Tamaulipas es un “reto del crimen organizado al Estado; pero lo más grave es que a la clase política se le fue de las manos este tema y en ningún partido vemos una propuesta concreta para salir de la crisis”.
Eugenia Valdés Vega, especialista en el sistema político mexicano, afirmó que la convocatoria al diálogo hecha ayer por el presidente Felipe Calderón “sólo refleja una figura aislada, sin capacidad de proponer salidas a una crisis que ya lo rebasó”.
El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Arturo Menchaca, dijo que los miembros de ese organismo participarán en el diálogo convocado por Calderón para actuar contra la delincuencia organizada, ya que las soluciones para resolver la violencia tocan a todos los mexicanos.
José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, señaló que debe haber un pronto esclarecimiento del asesinato de Torre Cantú. Agregó que la investigación tiene que ser “transparente y eficaz” para determinar si los responsables están vinculados al crimen organizado.
En tanto, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova, lamentó la muerte de Rodolfo Torre, de quien elogió su trabajo cuando fue secretario de Salud de Tamaulipas. Lo recordó como un hombre comprometido que construyó varios hospitales y estableció un modelo de control del dengue que posteriormente se llevó a otras entidades.
Antonio Mazziteli, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aseveró que el aumento de la violencia es el precio que, desafortunadamente, ahora México tiene que pagar por no haber atendido y solucionado antes problemas de carácter social e impulsado un desarrollo más equilibrado.
Alfredo Méndez, Carolina Gómez, Ángeles Cruz, Mariana Norandi, Laura Poy y Emir Olivares, La Jornada, 30 de junio.
Lo anterior –señalaron–, es consecuencia del desgobierno en la mayoría de los municipios de Tamaulipas, del control territorial de que disponen los grupos delictivos que operan en esa entidad y los altos niveles de infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiacos locales y en las instituciones de procuración de justicia, aunado a la escisión entre Los Zetas y el cártel del Golfo –en mayo de 2009.
La opinión de los especialistas se refuerza con expedientes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR) consultados por La Jornada, en los que testigos protegidos aseguran que el año pasado se fracturó el cártel del Golfo –que tenía en Los Zetas su brazo armado–, y desde entonces el grupo de sicarios ha optado por amenazar, ejecutar y corromper a policías, funcionarios y candidatos a algún puesto de elección, como parte de la disputa de narcotraficantes por el control de las rutas y el mercado de drogas de esa entidad.
Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que en las gestiones de Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (actual gobernador), la presencia del crimen organizado se expandió, lo que no se combatió a tiempo. “Es incorrecto decir que la violencia derivada de las acciones del crimen organizado sea un asunto nuevo”.
Eduardo Buscaglia, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), refirió que todos los municipios de Tamaulipas, excepto Villagrán y Padilla, han sido “capturados por grupos criminales que han cobrado fuerza por el desgobierno que impera en la mayoría de los ayuntamientos y estados del país”.
Por otro lado, expedientes ministeriales de la PGR consultados por este diario indican que en mayo de 2009, miembros del cártel del Golfo, entre ellos uno apodado Pitufo y otro Geremías, declararon ante el Ministerio Público Federal que el actual mando de Los Zetas, Miguel Treviño Morales, El L 40, ordenó la sustitución de Ezequiel Cárdenas, Tony Tormenta –hermano de Osiel– como jefe de la plaza de Cancún, debido a que no obtenía las utilidades ilegales que corresponden a ese centro turístico.
Los testigos protegidos dijeron que la discordia definitiva la desató la ejecución de Víctor Peña, El Cóncord 3, ocurrida el pasado 18 de enero y atribuida a Samuel Flores Borrego, El Metro 3. La víctima era hombre de El L 40. Luego del incidente, el cártel del Golfo quedó dividido en dos bandos: por un lado, Los Zetas, al mando de Heriberto Lazcano Lazcano y El L 40, y por otro el grupo que encabeza Ezequiel Cárdenas.
En tanto, Telésforo Nava, catedrático de la UAM, señaló que la ejecución del candidato priísta al gobierno de Tamaulipas es un “reto del crimen organizado al Estado; pero lo más grave es que a la clase política se le fue de las manos este tema y en ningún partido vemos una propuesta concreta para salir de la crisis”.
Eugenia Valdés Vega, especialista en el sistema político mexicano, afirmó que la convocatoria al diálogo hecha ayer por el presidente Felipe Calderón “sólo refleja una figura aislada, sin capacidad de proponer salidas a una crisis que ya lo rebasó”.
El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Arturo Menchaca, dijo que los miembros de ese organismo participarán en el diálogo convocado por Calderón para actuar contra la delincuencia organizada, ya que las soluciones para resolver la violencia tocan a todos los mexicanos.
José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, señaló que debe haber un pronto esclarecimiento del asesinato de Torre Cantú. Agregó que la investigación tiene que ser “transparente y eficaz” para determinar si los responsables están vinculados al crimen organizado.
En tanto, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova, lamentó la muerte de Rodolfo Torre, de quien elogió su trabajo cuando fue secretario de Salud de Tamaulipas. Lo recordó como un hombre comprometido que construyó varios hospitales y estableció un modelo de control del dengue que posteriormente se llevó a otras entidades.
Antonio Mazziteli, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aseveró que el aumento de la violencia es el precio que, desafortunadamente, ahora México tiene que pagar por no haber atendido y solucionado antes problemas de carácter social e impulsado un desarrollo más equilibrado.
Alfredo Méndez, Carolina Gómez, Ángeles Cruz, Mariana Norandi, Laura Poy y Emir Olivares, La Jornada, 30 de junio.
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