Libra el PRI multa del IFE por caso Monex

El voto del consejero Sergio García Ramírez salvó al PRI de ser multado por el IFE por el caso Monex.

Sin embargo, el Consejo General del IFE aprobó dar vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); al Servicio de Administración Tributaria (SAT); a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que investiguen el tema en el ámbito de sus competencias.

Ayer, el Consejo General del IFE resolvió las quejas (presentadas por el PAN y el PRD) por presunta recepción ilegal de recursos en la campaña presidencial de Enrique Peña. Estos 66 millones 326 mil 300 pesos habrían servido para pagar –a través de monederos electrónicos de la institución financiera Monex— estructura territorial. 

El proyecto elaborado por la Unidad de Fiscalización del instituto proponía declarar infundada la queja, bajo el argumento de que la empresa Importadora y Comercializadora Efra y Grupo Comercial Inizzio no habían aportado recursos a la campaña del ahora presidente. 

Los consejeros Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Lorenzo Córdova y María Marván plantearon sancionar al PRI con 75 millones de pesos por financiar los monederos con un préstamo de más de 66 millones de pesos que le otorgó la empresa Atama y no haber acreditado el destino dado a esos recursos, ambas cosas prohibidas por la ley. 

Marco Baños, Francisco Guerrero y el presidente del IFE, Leonardo Valdés optaron por no sancionar al PRI.Macarita Elizondo propuso considerar el préstamo como aportación ilegal. 

Al momento de votar el caso, Macarita lo hizo con quienes pedían absolver al PRI y ello empató la votación (cuatro-cuatro). 

García Ramírez se ausentó de la sesión. Meses atrás había anunciado que se excusaría de intervenir en el tema por tener amistad con la familia Fraga, investigada por el caso Monex. 

Sin embargo, al empatarse las posiciones, el consejero regresó al pleno y dijo que solo se excusaría si algún consejero se lo pedía. Nadie lo hizo. 

Su voto a favor del proyecto de la Unidad de Fiscalización permitió al PRI salir absuelto. 

La discusión

Originalmente, el PRI dijo que había contratado a la empresa Alkino para obtener los monederos electrónicos. En el proceso de investigación del caso, el partido aseguró que había solicitado un préstamo a Alkino para fondearlos; a su vez, quedó acreditado que esa empresa contrató a Comercializadora Atama para que le otorgara el préstamo.

Como Grupo Inizzio tenía una cuenta abierta en la institución Monex, esa empresa fue requerida por Atama para dispersar los recursos en los monederos electrónicos. 

El préstamo fue liquidado por el PRI el 15 de enero. 

PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano cuestionaron la cadena de contrataciones y denunciaron que la propia Unidad de Fiscalización no había logrado identificar el destino de los recursos (algo que por ley deben acreditar los partidos). 

También criticaron que el tricolor recibiera un préstamo –indirecto—por parte de una institución que legalmente no está acreditada para ello. 

El consejero Alfredo Figueroa planteó sancionar al PRI y agregó que fue imposible vincular cada tarjeta con los contratos supuestamente suscritos entre el PRI y los integrantes de la estructura territorial que, en teoría, financiaría con las tarjetas. 

En entrevista, Figueroa agregaría que el PRI no había reportado haber repartido tarjetas Monex en Hidalgo y pese a ello, el instituto había detectado que 26% de los plásticos se habían distribuido en esa entidad. 

Rogelio Carbajal, representante del PAN ante el IFE dijo que el expediente del caso reconocía que de los más de 66 millones de pesos, de 44.6 millones se dispuso en efectivo. 

“Yo les quiero preguntar, si mañana se encuentra que el tesorero del PAN dispuso de 44 millones de pesos en efectivo para financiamiento y no los comprueba, si eso es lícito. Yo creo que es sancionable porque la fiscalización electoral establece que los gastos de los partidos deben hacerse a través de las cuentas abiertas en instituciones bancarias”, explicó. 

Agregó que el PRI debía ser sancionado porque el préstamo recibido representaba una aportación de una empresa mercantil, algo prohibido por la ley. 

Pese a los argumentos, la mayoría votó por declarar infundada la queja. El caso aún puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Nayeli Cortés, El Universal, 24 de enero.