Por medio de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que el hecho “no sólo daña la paz, la seguridad y la convivencia entre los mexicanos, sino que es un atentado en contra de todos y cada uno de nosotros, de nuestras instituciones y de la democracia a la que como mexicanos tenemos derecho”.
A su vez, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) repudió los asesinatos en Tamaulipas y exigió a todos los niveles de gobierno del Estado mexicano que se coordinen para garantizar la seguridad de candidatos y ciudadanos en el marco de los procesos electorales que tendrán lugar en 14 estados.
“Condenamos la terrible e intolerable violencia que se vive en el país y exigimos soluciones integrales. Demandamos una investigación apegada a derecho y evitar cualquier tipo de contaminación de tinte partidista en el caso. Esta lamentable tragedia no es un asunto de partidos, sino de seguridad nacional y gobernabilidad democrática”, sostuvo el organismo patronal.
Agregó que la mejor forma de combatir a quienes pretenden suplantar los procesos democráticos por la vía de la violencia es una participación ciudadana activa, que haga valer el derecho fundamental del pueblo para elegir a los hombres y mujeres que quiere como representantes.
“El Estado tiene la obligación de dar a los ciudadanos garantías suficientes para participar de manera razonada y libre”, sostuvo.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) exigió recuperar el clima de tranquilidad en que se desenvuelve la actividad empresarial y llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a realizar su máximo esfuerzo “para dotar a los empresarios de esa calma que requieren para dedicarse a la recuperación productiva y económica nacional”.
También la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo condenó enérgicamente los asesinatos, a los que calificó de “lamentables e indignantes. Los comerciantes organizados de México condenamos rotundamente este artero crimen que atenta contra la estabilidad política y la democracia. Este trágico suceso es un ataque a la paz social y a la convivencia ciudadana, por lo que todos los ciudadanos debemos exigir que caiga todo el peso de la ley sobre quien o quienes resulten responsables”, indicó la confederación en un comunicado.
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