La Procuraduría General de la República (PGR) armó la acusación contra Gregorio Sánchez Martínez con la intención de que quedara fuera de la contienda por la gubernatura de Quintana Roo, aseguraron este jueves abogados que encabezan la defensa legal del político.
Los litigantes denunciaron que los fiscales federales anticrimen utilizaron declaraciones “inconsistentes e inverosímiles” de cinco testigos protegidos, además de un “informe apresurado” emitido por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual “no cumplió con los procedimientos legales” y “no prueba que (el imputado) haya incurrido en el delito de lavado de dinero”.
El cuerpo de abogados del político, en el que participan un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, dos connotados penalistas y un civilista, admitió que por ahora Sánchez Martínez está suspendido de sus derechos políticos y dijo que el empresario quintanarroense continuará en esa situación jurídica hasta en tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no estudie el caso. Explicaron que será decisión de las dirigencias nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, si quieren acudir ante el TEPJF para litigar la defensa de los derechos electorales de Sánchez Martínez o si prefieren nombrar a un sustituto para la candidatura al gobierno de Quintana Roo.
Si la decisión de las cúpulas de esos partidos es mantener como su candidato a Gregorio Sánchez, corresponderá al TEPJF determinar si el acusado puede conservar su registro como abanderado de la Alianza por Quintana Roo, bajo el argumento de que aún no ha recibido sentencia definitiva por los delitos que se le imputan, tal como lo indica la Carta Magna a partir de las reformas constitucionales en materia de justicia penal que entraron en vigor en julio de 2008, expusieron los juristas.
Los litigantes reconocieron que será difícil revertir el auto de formal prisión que enfrenta su defendido antes del próximo 4 de julio (día en que se efectuarán las elecciones en la entidad quintanarroense), pero aseguraron que demostrarán la inocencia de su cliente y pondrán en evidencia las inconsistencias de esta investigación que realizó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Este jueves, los defensores apelaron del auto de sujeción a proceso mediante un recurso de apelación que resolverá un tribunal unitario de circuito.
Luego de realizar bromas sobre las “incongruencias” y “absurdas declaraciones” de los testigos protegidos que “fueron utilizados para armar una averiguación previa contra Gregorio Sánchez”, acusaron a la PGR de haberse aprovechado de los tiempos electorales con el fin de poner “contra el reloj” a los partidos que postularon a Sánchez Martínez, a fin de que opten por cambiar de candidato al gobierno de Quintana Roo.
Los litigantes denunciaron que los fiscales federales anticrimen utilizaron declaraciones “inconsistentes e inverosímiles” de cinco testigos protegidos, además de un “informe apresurado” emitido por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual “no cumplió con los procedimientos legales” y “no prueba que (el imputado) haya incurrido en el delito de lavado de dinero”.
El cuerpo de abogados del político, en el que participan un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, dos connotados penalistas y un civilista, admitió que por ahora Sánchez Martínez está suspendido de sus derechos políticos y dijo que el empresario quintanarroense continuará en esa situación jurídica hasta en tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no estudie el caso. Explicaron que será decisión de las dirigencias nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, si quieren acudir ante el TEPJF para litigar la defensa de los derechos electorales de Sánchez Martínez o si prefieren nombrar a un sustituto para la candidatura al gobierno de Quintana Roo.
Si la decisión de las cúpulas de esos partidos es mantener como su candidato a Gregorio Sánchez, corresponderá al TEPJF determinar si el acusado puede conservar su registro como abanderado de la Alianza por Quintana Roo, bajo el argumento de que aún no ha recibido sentencia definitiva por los delitos que se le imputan, tal como lo indica la Carta Magna a partir de las reformas constitucionales en materia de justicia penal que entraron en vigor en julio de 2008, expusieron los juristas.
Los litigantes reconocieron que será difícil revertir el auto de formal prisión que enfrenta su defendido antes del próximo 4 de julio (día en que se efectuarán las elecciones en la entidad quintanarroense), pero aseguraron que demostrarán la inocencia de su cliente y pondrán en evidencia las inconsistencias de esta investigación que realizó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Este jueves, los defensores apelaron del auto de sujeción a proceso mediante un recurso de apelación que resolverá un tribunal unitario de circuito.
Luego de realizar bromas sobre las “incongruencias” y “absurdas declaraciones” de los testigos protegidos que “fueron utilizados para armar una averiguación previa contra Gregorio Sánchez”, acusaron a la PGR de haberse aprovechado de los tiempos electorales con el fin de poner “contra el reloj” a los partidos que postularon a Sánchez Martínez, a fin de que opten por cambiar de candidato al gobierno de Quintana Roo.
Alfredo Mèndez, La Jornada, 4 de junio.
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