La lucha sin cuartel contra el narcotráfico y la violencia derivada de la pugna entre los cárteles de la droga por el control de territorios, podrían, por primera vez, impactar de manera real en las elecciones del próximo 4 de julio, ya de por sí viciadas en su proceso por los escándalos políticos y una guerra sucia que prácticamente enloda la contienda electoral.
La detención del candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Greg Sánchez, el dispendio de recursos federales en campañas electorales, denuncias por la utilización de los programas sociales en favor de los candidatos del PAN y ahora de su aliado, el PRD, así como la exposición de grabaciones presuntamente producto de espionaje telefónico lanzada por los órganos de inteligencia del Estado contra gobernadores del PRI, abonan a un clima de confrontación que ya comienza a tener profundas repercusiones políticas.
La intervención abierta de prácticamente todos los gobernadores en el proceso electoral también comenzó a generar escándalos y tensión política.
“Lo que estamos viendo son comportamientos desleales de toda índole; hemos visto cómo los gobiernos de los estados están interviniendo abiertamente en las campañas, las delegaciones federales han sido también parte activa de la labor de proselitismo y las televisoras vuelven a intervenir aceptando recursos para producir los famosos infomerciales”, aseguró Mauricio Merino, profesor-investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Bajo ese panorama, las distintas fuerzas políticas del país —casi todas en alianza— están listas para encarar este proceso que les permita conquistar la mayoría de los mil 633 cargos de elección popular en disputa, 12 de ellos gubernaturas.
Para ganar, los partidos y todos sus aspirantes lanzaron cualquier tipo de ofertas para capturar el mayor número de sufragios en este proceso electoral, muy probablemente el más competido, pero sumergido en un entorno de violencia, encono y confrontación política.
La gama de propuestas se mueve de un polo a otro, aunque algunos de los temas dominantes se ubican en el combate a la inseguridad, en la generación de empleos y en la reconstrucción del tejido social, en muchas regiones de la República, deteriorado o simplemente deshilvanado.
Inseguridad, tema de campaña
De los 12 estados en los que se realizarán elecciones para gobernador, en al menos cuatro: Chihuahua, Durango, Sinaloa y Tamaulipas el tema de la seguridad se plantea como el desafío y el enemigo a vencer, cuando menos en el discurso, por los candidatos a ocupar el cargo.
Sólo en Chihuahua, donde se han registrado al menos mil 400 ejecuciones en lo que va del año, muchas de ellas atribuidas al narco, el aspirante del PAN a la gubernatura, Carlos Borruel, propone desde seguridad en las escuelas, becas escolares y transporte gratuito a estudiantes, hasta eliminar el pago de la tenencia, mientras que el candidato del PRI, César Duarte, ofrece hasta 100 millones de pesos para atender a las víctimas de la violencia, principalmente en Juárez, como una primera acción para conquistar la gubernatura.
Luis Adolfo Orozco (PRD) propone crear un Consejo Consultivo Ciudadano que defina la política en materia de seguridad y el perfil de la inteligencia policiaca para encarar el flagelo de la inseguridad.
Analistas políticos consideran que estos temas serán relevantes, pero advierten que el asunto de la corrupción, la intromisión de los gobernadores, el desvío de recursos y las complicidades políticas aderezarán de manera negativa el proceso.
“El acarreo, compra y distribución de despensas, así como el uso de medios de coacción como las amenazas o la violencia física, son la constante en elecciones estatales, donde los avances en la democratización del país no han existido”, dijo el analista político Ezra Shabot.
En su opinión, mientras no se produzca un cambio sustancial, “el dinero sucio de los gobernadores seguirá determinando el resultado de las elecciones, sin que exista poder alguno capaz de sancionarlos”.
Las denuncias por presuntos desvíos de recursos públicos planeados y ejecutados por los mandatarios estatales donde habrá elecciones, es prácticamente asunto de todos los días.
Los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y de Veracruz, Fidel Herrera, han sido los más acusados de utilizar decenas de millones de pesos del erario para alimentar las voraces campañas de sus partidos y sus respectivos candidatos.
La propia Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación admitió que “los gobernadores están desatados”, echando mano de las arcas estatales y municipales para empujar las campañas de sus correligionarios políticos.
Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, advirtió que en México persiste “una pesada presencia de maquinarias alimentadas por dinero público y aceitadas por programas sociales de transferencia de bienes y recursos a los sectores pobres, para usarlos con fines político-electorales”.
Comentó que con estas alianzas se pretendía elevar el nivel de competencia, “pero aún predominan las formas de control, la guerra sucia y la compra de votos. Y esto es lo que está caracterizando buena parte de estas competencias electorales”.
En su opinión, hay una dispersión de una cultura política autoritaria en los diversos partidos. “Una muestra es que muchos de los candidatos dejaron sus partidos para irse a otros que también reproducen prácticas del viejo régimen”.
Origen y destino
Los 40 candidatos que disputarán los gobiernos de 12 estados en las elecciones del próximo 4 de julio buscan llegar al cargo con ofertas políticas, pero sin precisar cómo cumplirán con sus promesas.
Aún con lagunas en las propuestas, la efervescencia política ya se vive en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, donde se renovarán sus gubernaturas, Congresos locales y presidencias municipales (excepto Hidalgo).
La mayoría de estas entidades están gobernadas por el PRI, menos Aguascalientes y Tlaxcala, cuyos mandatos recaen en el PAN, y Zacatecas en el PRD. De no haber sorpresas, las gubernaturas quedarán en manos del tricolor, y muy difícilmente, de acuerdo con firmas encuestadoras, les serán arrebatadas.
Incluso en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, donde PAN y PRD formaron sólidas alianzas —en algunos casos reforzados por Convergencia, Partido del Trabajo y Nueva Alianza—, para tratar de arrebatar las gubernaturas al PRI, el panorama no es nada halagüeño.
A decir de los resultados de los sondeos realizados por las principales encuestadoras, los candidatos del PAN y PRD en Hidalgo, Xóchitl Gálvez; Oaxaca, Gabino Cué; Puebla, Rafael Moreno Valle; Durango, José Rosas Aispuro, y Sinaloa, Mario López Valdez, difícilmente podrían remontar a los aspirantes priístas.
“Las encuestas nos dicen que el PRI probablemente resulte ganador en gran parte de los estados que están en disputa, aun a despecho de las coaliciones que se formaron. Pero en Oaxaca hay condiciones para que no sólo se vayan gestando problemas político-electorales, sino que pueden desembocar en episodios violentos”, consideró Merino Hurtado.
“Los gobernadores están haciendo y deshaciendo con el dinero que les da la Federación y que no puede fiscalizar. Los institutos electorales estatales no sirven para nada porque están en poder de los gobernadores. No existe una instancia suprema en la que podamos confiar porque el IFE ya se pudrió también en 2006, entonces qué se puede esperar este 4 de julio, lo que ya todo mundo sabemos, que el PRI regresa y regresa donde perdió algo, sin haber cambiado”, vaticinó el analista político Lorenzo Meyer.
La detención del candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Greg Sánchez, el dispendio de recursos federales en campañas electorales, denuncias por la utilización de los programas sociales en favor de los candidatos del PAN y ahora de su aliado, el PRD, así como la exposición de grabaciones presuntamente producto de espionaje telefónico lanzada por los órganos de inteligencia del Estado contra gobernadores del PRI, abonan a un clima de confrontación que ya comienza a tener profundas repercusiones políticas.
La intervención abierta de prácticamente todos los gobernadores en el proceso electoral también comenzó a generar escándalos y tensión política.
“Lo que estamos viendo son comportamientos desleales de toda índole; hemos visto cómo los gobiernos de los estados están interviniendo abiertamente en las campañas, las delegaciones federales han sido también parte activa de la labor de proselitismo y las televisoras vuelven a intervenir aceptando recursos para producir los famosos infomerciales”, aseguró Mauricio Merino, profesor-investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Bajo ese panorama, las distintas fuerzas políticas del país —casi todas en alianza— están listas para encarar este proceso que les permita conquistar la mayoría de los mil 633 cargos de elección popular en disputa, 12 de ellos gubernaturas.
Para ganar, los partidos y todos sus aspirantes lanzaron cualquier tipo de ofertas para capturar el mayor número de sufragios en este proceso electoral, muy probablemente el más competido, pero sumergido en un entorno de violencia, encono y confrontación política.
La gama de propuestas se mueve de un polo a otro, aunque algunos de los temas dominantes se ubican en el combate a la inseguridad, en la generación de empleos y en la reconstrucción del tejido social, en muchas regiones de la República, deteriorado o simplemente deshilvanado.
Inseguridad, tema de campaña
De los 12 estados en los que se realizarán elecciones para gobernador, en al menos cuatro: Chihuahua, Durango, Sinaloa y Tamaulipas el tema de la seguridad se plantea como el desafío y el enemigo a vencer, cuando menos en el discurso, por los candidatos a ocupar el cargo.
Sólo en Chihuahua, donde se han registrado al menos mil 400 ejecuciones en lo que va del año, muchas de ellas atribuidas al narco, el aspirante del PAN a la gubernatura, Carlos Borruel, propone desde seguridad en las escuelas, becas escolares y transporte gratuito a estudiantes, hasta eliminar el pago de la tenencia, mientras que el candidato del PRI, César Duarte, ofrece hasta 100 millones de pesos para atender a las víctimas de la violencia, principalmente en Juárez, como una primera acción para conquistar la gubernatura.
Luis Adolfo Orozco (PRD) propone crear un Consejo Consultivo Ciudadano que defina la política en materia de seguridad y el perfil de la inteligencia policiaca para encarar el flagelo de la inseguridad.
Analistas políticos consideran que estos temas serán relevantes, pero advierten que el asunto de la corrupción, la intromisión de los gobernadores, el desvío de recursos y las complicidades políticas aderezarán de manera negativa el proceso.
“El acarreo, compra y distribución de despensas, así como el uso de medios de coacción como las amenazas o la violencia física, son la constante en elecciones estatales, donde los avances en la democratización del país no han existido”, dijo el analista político Ezra Shabot.
En su opinión, mientras no se produzca un cambio sustancial, “el dinero sucio de los gobernadores seguirá determinando el resultado de las elecciones, sin que exista poder alguno capaz de sancionarlos”.
Las denuncias por presuntos desvíos de recursos públicos planeados y ejecutados por los mandatarios estatales donde habrá elecciones, es prácticamente asunto de todos los días.
Los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y de Veracruz, Fidel Herrera, han sido los más acusados de utilizar decenas de millones de pesos del erario para alimentar las voraces campañas de sus partidos y sus respectivos candidatos.
La propia Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación admitió que “los gobernadores están desatados”, echando mano de las arcas estatales y municipales para empujar las campañas de sus correligionarios políticos.
Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, advirtió que en México persiste “una pesada presencia de maquinarias alimentadas por dinero público y aceitadas por programas sociales de transferencia de bienes y recursos a los sectores pobres, para usarlos con fines político-electorales”.
Comentó que con estas alianzas se pretendía elevar el nivel de competencia, “pero aún predominan las formas de control, la guerra sucia y la compra de votos. Y esto es lo que está caracterizando buena parte de estas competencias electorales”.
En su opinión, hay una dispersión de una cultura política autoritaria en los diversos partidos. “Una muestra es que muchos de los candidatos dejaron sus partidos para irse a otros que también reproducen prácticas del viejo régimen”.
Origen y destino
Los 40 candidatos que disputarán los gobiernos de 12 estados en las elecciones del próximo 4 de julio buscan llegar al cargo con ofertas políticas, pero sin precisar cómo cumplirán con sus promesas.
Aún con lagunas en las propuestas, la efervescencia política ya se vive en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, donde se renovarán sus gubernaturas, Congresos locales y presidencias municipales (excepto Hidalgo).
La mayoría de estas entidades están gobernadas por el PRI, menos Aguascalientes y Tlaxcala, cuyos mandatos recaen en el PAN, y Zacatecas en el PRD. De no haber sorpresas, las gubernaturas quedarán en manos del tricolor, y muy difícilmente, de acuerdo con firmas encuestadoras, les serán arrebatadas.
Incluso en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, donde PAN y PRD formaron sólidas alianzas —en algunos casos reforzados por Convergencia, Partido del Trabajo y Nueva Alianza—, para tratar de arrebatar las gubernaturas al PRI, el panorama no es nada halagüeño.
A decir de los resultados de los sondeos realizados por las principales encuestadoras, los candidatos del PAN y PRD en Hidalgo, Xóchitl Gálvez; Oaxaca, Gabino Cué; Puebla, Rafael Moreno Valle; Durango, José Rosas Aispuro, y Sinaloa, Mario López Valdez, difícilmente podrían remontar a los aspirantes priístas.
“Las encuestas nos dicen que el PRI probablemente resulte ganador en gran parte de los estados que están en disputa, aun a despecho de las coaliciones que se formaron. Pero en Oaxaca hay condiciones para que no sólo se vayan gestando problemas político-electorales, sino que pueden desembocar en episodios violentos”, consideró Merino Hurtado.
“Los gobernadores están haciendo y deshaciendo con el dinero que les da la Federación y que no puede fiscalizar. Los institutos electorales estatales no sirven para nada porque están en poder de los gobernadores. No existe una instancia suprema en la que podamos confiar porque el IFE ya se pudrió también en 2006, entonces qué se puede esperar este 4 de julio, lo que ya todo mundo sabemos, que el PRI regresa y regresa donde perdió algo, sin haber cambiado”, vaticinó el analista político Lorenzo Meyer.
José Luis Ruiz, El Universal, 27 de junio.
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