Al fijar su postura la CNDH, que preside Raúl Plascencia, dijo que en un régimen democrático “es inconcebible que la propia autoridad pretenda desacreditar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”.
El viernes pasado en la inauguración de la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, ante el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, ombudsman estatales y especialistas, Gómez Mont llamó a los organismos de protección de las garantías fundamentales a ser perspicaces para no ser suspicaces y distinguir aquellas acusaciones mal intencionadas y dolosas que sólo buscan deslegitimar la acción del Estado.
En el acto, Plascencia minimizó los señalamientos del funcionario federal, pero 24 horas después lamentó las declaraciones de Gómez Mont.
El organismo de derechos humanos considera, según un comunicado, que los pronunciamientos del secretario Fernando Gómez Mont, no contribuyen al respeto institucional.
“Como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pueblos y naciones deben esforzarse en la promoción y respeto de los derechos humanos”, afirmaron.
En relación con la recomendación 36/2010 sobre los homicidios de los menores Martín y Brayan Almanza Salazar, que murieron en un retén militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la CNDH reiteró que espera la respuesta de la Sedena.
Responde CDHDF
La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) lamentó lo expresado por el secretario de Gobernación: “Las declaraciones del secretario de Gobernación no contribuyen a fortalecer nuestro sistema democrático ni a mejorar la seguridad ciudadana. Por el contrario, sus palabras generan confusión, pues parece que invita a que las instituciones de gobierno se conduzcan fuera de los márgenes de la ley en detrimento de la dignidad e integridad de las personas”.
La CDHDF aseguró que “los organismos públicos de derechos humanos no tienen como propósito determinar la responsabilidad penal de las personas ni defender a presuntos delincuentes, como lo parece asumir el secretario de Gobernación”.
“Si el gobierno federal postula que la defensa de los derechos de las personas implica la protección de delincuentes, preocupa entonces la forma en que el gobierno está tratando a los ciudadanos, pues los considera criminales y sujetos sin derechos”, consideró la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (Con información de Claudia Bolaños)
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