Gana batalla ley de Alabama

MIAMI.- La polémica ley antiinmigrante HB56 de Alabama obtuvo ayer una victoria clave luego de que una jueza federal decidiera mantener en pie las partes que criminalizan a los indocumentados. Aunque la magistrada bloqueó algunas secciones de la normativa al considerar que chocan con responsabilidades del Estado federal, se negó a suspender otras muy controvertidas, como la que autoriza a las escuelas a verificar el estatus migratorio de sus alumnos. Ante esta decisión, cientos de estudiantes de la Universidad de Alabama se reunieron para protestar contra la HB56, una de las leyes antiinmigrantes más duras de Estados Unidos. La jueza de distrito Sharon Blackburn indicó en su fallo, de 115 páginas, que algunas partes de la legislación entran en conflicto con las normas federales y las mantuvo bloqueadas. Pero entre los segmentos que consideró que podían mantenerse figuran puntos clave, como una disposición para que la Policía detenga sin derecho a fianza a presuntos indocumentados, otra que considera delito menor el que un residente ilegal no compruebe su residencia y la que permite verificar el estatus migratorio de los alumnos. "Con estas partes que se mantienen en pie, tenemos la ley migratoria más fuerte del país", dijo a medios locales el Gobernador de Alabama, el republicano Robert Bentley. "Hoy la jueza Blackburn confirmó la mayor parte de nuestra ley y, sólo temporalmente, bloquea cuatro secciones", apuntó el Mandatario, quien ya planea apelar las partes suspendidas. Entre las cláusulas que Black-burn mantuvo bloqueadas destacan la que busca criminalizar las solicitudes de empleo hechas por indocumentados y otra que penaliza transportar o albergar a "sin papeles". "Es una ley horrenda y un fallo escandaloso", dijo Frank Sharry, director ejecutivo de la fundación America's Voice Education, al recalcar que sólo el Gobierno federal puede regular el sistema migratorio. El fallo era esperado por organismos de derechos humanos y la Casa Blanca ante la alarma que ha causado en los 11 millones de indocumentados, en su mayoría hispanos, que viven en Estados Unidos. La ley iba a entrar en vigor el 1 de septiembre, pero el 29 de agosto la misma jueza bloqueó temporalmente los puntos más polémicos "para contar con más tiempo para decidir sobre el caso". El pasado 1 de agosto, el Gobierno del Presidente Barack Obama introdujo una demanda contra la HB56 al considerar que contraviene la legislación migratoria federal. Por el momento, no está claro cuándo entrará en vigor la totalidad de la ley, pero el plazo de la jueza que bloqueaba toda la normativa expira hoy, por lo que podría empezar a aplicarse esta semana. Ésta es la segunda ley migratoria a nivel estatal que trata de revocar el Gobierno de Obama luego de que en julio de 2010 lograra que un juez bloqueara las partes más polémicas de la ley 1070 de Arizona, que consideraba un delito la inmigración ilegal. Pero, para varias organizaciones pro inmigrantes, la HB56 va más lejos que la ley de Arizona, pues ésta obliga a la Policía a verificar el estatus migratorio de las personas que detenga, entre otras cosas. La población hispana en Alabama creció 145 por ciento -185 mil 600 residentes- en la última década. Dirigentes del sector agrícola temen que la ley los perjudique al alejar a esta minoría, la cual es vital para levantar las cosechas en todo el estado. AP y AFP Aval a medias Algunas cláusulas de la ley recibieron luz verde, pero otras siguen bloqueadas. Luz verde ·Las escuelas podrán verificar la situación migratoria de los estudiantes. ·La Policía podrá detener sin derecho a fianza a presuntos indocumentados. ·Considerarán delito grave que un migrante sin papeles haga negocios con el Estado. ·Será un delito menor el que un residente ilegal no cuente con los documentos que acrediten su estancia en el país. Luz amarilla ·Catalogar como delito que un inmigrante sin permiso en EU solicite trabajo. ·Penalizar el dar transporte o refugio a un indocumentado. ·Demandar por discriminación a las empresas que despidan a trabajadores con residencia legal para contratar a sin papeles. Reforma, 29 de septiembre.