Desestima Corte recurso contra BC

La reforma a la Constitución de Baja California para proteger la vida desde la concepción seguirá vigente, pues la Suprema Corte de Justicia no alcanzó ayer los votos necesarios para invalidarla. Siete de los 11 ministros afirmaron que el artículo 7 de la Constitución de esa entidad atenta contra los derechos de las mujeres y excede las atribuciones de un Congreso local, pero eran necesarios al menos ocho votos para la invalidez. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por el ombudsman estatal en 2009 fue desestimada, lo que quiere decir que no habrá un pronunciamiento de la Corte ni por la invalidez ni por la validez. El máximo tribunal analizará hoy una reforma similar de San Luis Potosí, que podría requerir discusiones adicionales porque su redacción es distinta a la de Baja California, pero seguramente será votada en los mismos términos. El voto decisivo de ayer fue el del ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien ingresó a la Corte en febrero pasado y no se había pronunciado sobre estos temas. "Nuestra Constitución federal sí reconoce como titular de derechos al producto de la concepción per se, con independencia de los derechos de la madre", afirmó Pardo, quien varias veces aclaró que el tema a discusión no era la penalización del aborto. Pardo integró la minoría con Salvador Aguirre y Guillermo Ortiz -quienes se retirarán de la Corte en noviembre de 2012-, además de Margarita Luna. Esta última tuvo que aclarar su postura, ante críticas por una aparente contradicción con su voto en 2008, cuando avaló la despenalización del aborto en el DF. "Los estados tienen facultad para configurar libremente este tipo de situaciones en sus legislaciones locales, porque la Constitución no lo está definiendo de manera expresa", dijo, "ese fue mi voto antes, ese es mi voto ahora, y no estoy variando mi votación". También destacó que el hecho de que las constituciones estatales prevean la protección al no nacido, no necesariamente lleva al castigo penal del aborto sin excepciones. Recordó el caso de Chiapas, cuya Constitución protege la vida en términos casi idénticos a la de Baja California, pero en su código penal sólo prescribe tratamiento médico para la mujer que aborte voluntariamente. Varios integrantes de la mayoría se expresaron en contra de la penalización del aborto, en algunos casos de manera contundente, como Arturo Zaldívar. "Criminalizar a la mujer, sobre todo a la mujer más pobre, no es la solución, condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud, su vida, es profundamente injusto, inmoral y profundamente inconstitucional", dijo el ministro. Zaldívar retomó el tema de los anticonceptivos que bloquean la implantación del óvulo fecundado, cuyo uso legal estaría en duda por esta reforma. El ministro presidente, Juan Silva Meza, como se preveía, también se sumó a la mayoría. "Los términos en los que está redactada la ampliación del derecho a la vida provoca que ante el posible conflicto de dos derechos, no se pueda determinar cuál de ellos pueda prevaler, esto, porque la medida adoptada por el legislador local, desplaza en automático diversos derechos consagrados a favor de las mujeres", afirmó. Agregó que la reforma impugnada puede llevar al Gobierno estatal a medidas radicales en materia de salud, incluida la prohibición de la fertilización in vitro. "Aquí todos estamos por la vida, el aborto es un tema que se toca tangencialmente, nadie ha estado por el aborto en ninguna de las veces que hemos tocado este tema", dijo por su parte Fernando Franco, quien negó que su proyecto de sentencia calificara a los no nacidos como cosas. En total, 18 estados han aprobado reformas a sus constituciones para proteger la vida desde la concepción, aunque con diferentes alcances y modalidades. Con independencia de estas reformas, el aborto voluntario siempre ha estado contemplado como delito en los códigos penales del todo el País, aunque no se castiga en varios escenarios, como la violación. En el DF dejó de ser delito a partir de 2007, pero sólo si se practica durante las primeras 12 semanas de gestación. La ley dice textual... Constitución Política del Estado de Baja California Artículo 7. El estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. (Reformado en diciembre de 2008.) Víctor Fuentes, Reforma, 29 de septiembre.