Por un voto se mantiene penalizar el aborto en BC

Con siete votos a favor y cuatro en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro Fernando Franco que declaraba la inconstitucionalidad de la reforma legal en Baja California que protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción. La decisión implica que el artículo séptimo de la Constitución estatal seguirá vigente, pero también abre la posibilidad a que otros congresos locales del país determinen el momento en que inicia la vida y con ella la protección garantizada por la Constitución. Luego de tres días de debate, la decisión final no logró los ocho votos necesarios para declarar la invalidez del artículo. A favor del proyecto discutido se manifestaron los ministros Luis María Aguilar, Olga Sánchez, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Fernando Franco, Arturo Zaldívar y el presidente de la Corte, Juan Silva Meza. En contra del proyecto, a favor de la vigencia de la legislación local, se pronunciaron los ministros Sergio Aguirre Anguiano, Margarita Luna, Guillermo Ortiz y Jorge Pardo. Este último descartó la posibilidad de conseguir los ocho votos necesarios con su ponencia al iniciar la sesión. El ministro Pardo precisó que el tema central del debate no era la despenalización del aborto, sino la constitucionalidad de una norma estatal. Además, consideró que el derecho a la vida reconocido por la legislación de Baja California es acorde al artículo primero constitucional. “Desde mi perspectiva, nuestra Constitución federal sí reconoce como titular de derechos al producto de la concepción per se, con independencia de los derechos de la madre”, señaló. Quienes se manifestaron contra la inconstitucionalidad argumentaron la “libertad de configuración” de las entidades federativas. Pardo lo expuso así: “Debe entenderse que corresponderá a cada entidad federativa, en el ejercicio de la libertad de configuración legislativa, decidir a partir de qué momento debe protegerse el derecho a la vida del producto de la concepción. Es un tema (…) que no está regulado ni determinado en la Constitución.” Quienes apoyaron al ministro Franco sostuvieron que la legislación local no puede precisar derechos que desplacen principios establecidos en la Constitución. Fue el caso del ministro Arturo Zaldívar, quien defendió los derechos de la mujer. “Este asunto sin duda tiene una gran trascendencia para millones de mexicanos, pero más trascendencia aún para millones de mujeres, sobre todo porque siempre son las que al final pierden, en estos casos, las más pobres, las más humildes, las que no tienen recursos ni cultura, lo que es no sólo profundamente injusto sino abiertamente discriminatorio y por tanto inconstitucional”, declaró Zaldívar. El presidente de la Corte, Juan Silva Meza, negó que una legislatura estatal pueda desplazar las garantías de la madre al ponderar otro derecho. Asimismo, enfatizó que debe existir un grado de uniformidad mínimo en materia de derechos fundamentales en atención al principio de “supremacía constitucional”. “Considero que no es posible establecer una regla general que determine el momento exacto a partir del cual se debe otorgar una protección legal máxima al no nacido, sino que siempre será necesario tomar en consideración los diversos alcances de los derechos humanos e intereses estatales en juego”, agregó Silva. Luego de esta decisión, la Corte continuará con el análisis de una acción de inconstitucionalidad similar, promovida por diputados del Congreso de San Luis Potosí. Celebran Día de la Despenalización Mujeres activistas marcharon ayer para conmemorar el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, donde aprovecharon para externar su descontento a la resolución de la Suprema Corte, que decidió que el aborto en Baja California seguirá siendo castigado. Desde el Monumento a la Madre al Zócalo capitalino, cientos de mujeres, acompañadas por la titular del Inmujeres DF, Martha Lucía Mícher, y la diputada Enoé Uranga, portaron pancartas por avenida Paseo de la Reforma con consignas como “Maternidad forzada es tortura” y “ 60 mil muertos de la guerra contra el narco no es respeto a la vida”. Además, se pronunciaron por la liberación de las mujeres que han sido sujetas a procesos penales por abortar en diversos estados del país, como Guanajuato. Las asistentes exigieron que el Estado apoye la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo, y que se pronuncie contra criminalizar a la mujer por abortar. Patricia Gómez, una de las activistas, señaló que con la resolución de la SCJN en Baja California las mujeres van a tener que abortar en condiciones insalubres e inseguras. (México • Mina Santiago.) México • Javier Vega, Milenio, 29 de septiembre.