La reforma educativa aprobada soslayó la educación superior, advierte especialista

La reforma educativa aprobada en la Cámara de Diputados, que modifica los artículos tercero y 73 constitucionales,simplemente soslayó la educación superior que en términos normativos se ha convertido en un archipiélago regido por una ley que data de 1976, alertó Romualdo López Zárate, ex presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie).

En materia normativa, explicó,tenemos un déficit en cuanto a legislación para el sector, y pareciera que los diputados no le quieren entrar a este tema, a pesar de que esta situación ha impactado el modelo de financiamiento, incluso en la calidad, pues muchos programas de incentivos, como son la entrega de estímulos o becas a docentes, ha dado lugar a actos perversos, porque como profesores están más atentos a cumplir los puntos que les dan recursos adicionales que con la pertinencia del trabajo académico.

El catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, experto en educación superior, agregó que no hay una coordinación nacional con el sistema de educación superior, pese a los retos que deberá enfrentar en los próximos años debido a la presión del bono demográfico.

No hay un planteamiento específico para educación superior, debido a la dificultad para diseñar un mecanismo legislativo que satisfaga al conjunto de las instituciones de educación superior, pues entre los temas conflictivos que tendrían que regularse está el de si la educación superior que se imparte es responsabilidad del Estado.

De acuerdo con lo que marca la Constitución, agregó, toda educación impartida por el Estado es gratuita en nuestro país, pero en los hechos todas las universidades públicas cobran cuotas, algunas simbólicas, como en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en otras, como las que imparten formación tecnológica, hay colegiaturas y cobros mayores.

Resulta paradójico que en las instituciones de educación superior a las que asisten los alumnos con menores ingresos se pague más. Este es un ejemplo de la dificultad que tendrían los legisladores para regular aún más la educación superior, tema al que no le han querido entrar.

Laura Poy Solano, La Jornada, 23 de enero.