Acumula el Ejército acusaciones por desapariciones, secuestros y torturas

Aún con el miedo en el cuerpo como consecuencia de la tortura, Jesús Fernando Lozano Vázquez, de 18 años, no puede entender por qué los soldados lo secuestraron el pasado 14 de junio, cuando esperaba a un amigo a las 10 y media de la mañana en una gasolinera del municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Lo subieron a empujones a un vehículo militar y lo mantuvieron allí cuatro días, junto a tres jóvenes. No los dejaban dormir y los obligaban a comer chile habanero. La tortura consistía en “tablearlos” (golpearlos con tablas) por todo el cuerpo. La diversión de los soldados era hacer contar chistes a los detenidos, y si los mismos eran malos, el castigo infligido no se hacía esperar: más golpes.

“Trae moretones por todo el cuerpo –dice su madre, Martha Vázquez Pérez, mientras Jesús permanece callado–. Mi hijo tiene miedo, no quiere hablar porque piensa que los soldados van a volver por él. Lo torturaron muy feo. Además de los golpes los encueraron y les echaron todo el tiempo agua con hielos. Les quemaban cigarrillos en el cuerpo. Durante cuatro días los tuvieron allí en el camión militar torturándolos.”

El viernes 18 de junio, cuatro días después del secuestro, los militares finalmente dejaron ir a Jesús Fernando, aplicándole aparentemente la ley fuga y dejándolo en el municipio de Salinas Victoria. “En pleno monte le dijeron: “bájate del camión y corre”. Y luego le señalaron una vereda sin dejar de apuntarle. Mi hijo escuchó cómo cortaron cartucho y se tiró al suelo. Después se fueron con dos de los muchachos aún detenidos en el camión. Desnudo caminó hasta encontrar ayuda. Cuando me habló por teléfono para avisarme no dejaba de llorar”, declara la madre.

El joven tiene todo el cuerpo lleno de moretones, piquetes de zancudo y quemaduras de cigarrillo. Nunca le dijeron la razón por la cual lo detuvieron, pero en los largos interrogatorios los soldados lo acusaban de ser narcomenudista: “Nosotros nos dedicamos a vender ropa en los mercados sobre ruedas. Jesús hace su luchita por su parte y durante la semana va y vende ropa. Ese día del secuestro traía la bolsa llena de ropa, pero los soldados se la quitaron. Él les dijo que nunca ha consumido ni vendido droga, pero los militares no le hacían caso”.

Madre e hijo sienten miedo y han decidido no presentar denuncia alguna: “Nosotros no queremos hacer nada. Antes me lo dejaron vivo. ¿Con los soldados quién puede? Ni para que moverle. Pero sí me da coraje. Mi hijo es un huerquillo, ni demuestra sus 18 años. No hay derecho. ¡Son unos bárbaros!”

Decenas de personas en la región norte de la República son secuestradas y torturadas, y otras más desaparecen cada mes. Testigos de los hechos atribuyen al Ejército estas acciones ilegales: “Hay un incremento de violaciones a derechos humanos por parte de militares en esta región”, dice en entrevista Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo.

Desde que las fuerzas armadas fueron destinadas a patrullar las calles y asumieron responsabilidad de seguridad pública destinada a la autoridad civil, se ha incrementado la violencia, según organizaciones en defensa de los derechos humanos, que también han denunciado el cierre de los espacios institucionales que garanticen el acceso de la justicia a las víctimas: “Estamos en la consolidación de un Estado de terror. A las acciones del Ejército se suman las de otros grupos delincuenciales y lo único que están generando es el control de la población vía el terror: ejecuciones, secuestros, desapariciones, en definitiva violaciones de derechos humanos de carácter ejemplar para inmovilizar a la ciudadanía”.

“Les cayó gordo”
Dan Jeremeel Fernández Morán desapareció el 19 de diciembre de 2008 en Gómez Palacio, Durango. Viajaba en su coche cuando fue interceptado por un comando militar. Su madre, Yolanda Morán Isáis, después supo que uno de los militares detenidos había declarado que se fijó en él cuando estaba parado en un crucero: “Dijo que lo detuvieron porque les cayó gordo. Les pareció muy mamón”.

Desde ese día, Yolanda no ha parado de buscarlo. Su peregrinar por las procuradurías y las instancias castrenses se ha convertido en un auténtico vía crucis: “Quince días después de la desaparición, detuvieron a Ubaldo Gómez Fuentes, un militar activo del área de inteligencia y adscrito a la zona 11 de Torreón, usando el coche de mi hijo, y allí llevaba aún las pertenencias de Dan. Este soldado echó de cabeza a otras tres personas, dos hombres y una mujer. Los detienen a todos. Y el 9 de febrero entró un comando de dos camionetas con gente encapuchada, los mataron y les echaron gasolina”.

Con base en las investigaciones, el pasado 26 de marzo detuvieron a otros dos militares activos, pero los primeros días de abril fueron igualmente asesinados. Yolanda, mientras tanto, no ha tenido acceso a los expedientes de la Defensa sobre el caso de su hijo: “He sufrido para que los medios de comunicación publiquen el caso de mi hijo. La mayoría me dice que el tema del Ejército está vetado. En las dos empresas de televisión me han dicho directamente que no, porque eso sería atacar al Ejército. Nada más digo militares y se asustan, pero son los militares los más impunes de México. Cuando yo digo ‘los secuestradores militares’ me cierran las puertas o me apagan el micrófono. Y no se vale”.

Yolanda seguirá buscando a su hijo pese al tiempo transcurrido y está confiada en encontrarlo con vida algún día: “Mi hijo vale lo mismo que Diego Fernández de Cevallos. No es posible que haya gente de primera y de segunda clase. No nos hacen caso. ¿Sabe qué nos contestaron en Gobernación? Que metiéramos una solicitud de audiencia por oficialía de partes. Somos 35 familias de desaparecidos de la Comarca Lagunera, imagínese, y nadie nos puede recibir en el Distrito Federal; pero uno de madre nunca pierde la esperanza, aunque ellos se quieran quitar fríamente un expediente de encima, yo voy a seguir buscando a mi hijo”.

“Los amos y señores”
Cuando su esposo Isaías Uribe Hernández desapareció, Claudia Janette Soto estaba embarazada, pero por la pena y las preocupaciones sufrió un parto prematuro y el bebe murió después de cuatro días de nacido.

Veterinario de profesión, Isaías, de 30 años, desapareció el 5 de abril de 2009 en Torreón, Coahuila. Salió en su camioneta a la una de la mañana de su casa para ir a comprar agua a una tienda cercana, junto a su amigo el también veterinario Juan Pablo Alvarado. En ese momento el Ejército cateaba una vivienda en la zona. Y los vecinos señalan que los soldados detuvieron a los ahora desaparecidos.

Al día siguiente la camioneta fue encontrada a media calle baleada y con sangre en los asientos: “La camioneta tenía siete disparos. La Sedena siempre ha negado su participación, pero todos los vecinos vieron a los soldados y sus camionetas con armas”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tomó el caso, pero a la hora de recabar la información de los testigos, sólo una persona estuvo dispuesta a firmar declaración, por temor a represalias por parte del Ejército: “La gente tiene mucho miedo a los militares. En Torreón son los amos y señores de la calle. El Ejército llega sin orden de cateo y hace lo que quiere. Destruyen, roban, y nadie puede hacer nada”.

El caso de su marido fue rechazado por la PGR y otras instancias policiacas. Finalmente el pasado mes de enero la Sedena pasó su caso a Durango, sin explicación alguna sobre las causas del traslado: “No me quieren dar copia del expediente, no quieren decirme nada sobre las investigaciones. Y la verdad los desplazamientos son difíciles en tiempo y dinero. Quieren cansarnos para que dejemos de buscarlo, pero yo lo voy a seguir buscando hasta encontrarlo”.

Claudia ha sacado adelante a sus dos hijos, una niña de cuatro y un niño de siete años: “La vida me ha cambiado totalmente. Cada vez que veo a los soldados me da coraje. Aquí hay muchas personas torturadas por ellos. Se los llevan y los tablean, y otros nomás los desaparecen. Y el gobierno no hace nada”.

Sanjuana Martìnez, La Jornada, 26 de junio.