Las comisiones de derechos humanos son órganos autónomos cuya obligación es vigilar que las dependencias del Estado respeten y cumplan las garantías fundamentales. Descalficar este trabajo como hizo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, es “desafortunado”, afirmaron organizaciones civiles.
En todo caso, señaló Édgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el funcionario tendría que cuestionar la actitud omisa de las autoridades en proporcionar la información que se les pide, como ocurrió con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el caso de los niños Almanza, en Tamaulipas.
Resaltó que desde los años 90 se dio la lucha para que las comisiones de derechos humanos fueran autónomas, sin compromisos previos que condicionaran su actuación, por lo que el llamado de Gómez Mont para que no sean “tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar la acción de la autoridad” parece más bien un reclamo para que protejan la actuación del Estado.
Para Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Gómez Mont tendría que presentar las evidencias de casos en los que las comisiones y organizaciones civiles de derechos humanos sean cómplices de los delincuentes. Cuando se hace una denuncia de violación de garantías “es porque tenemos las pruebas contundentes”, dijo, y reviró: “Más bien, el secretario de Gobernación tendría que informar qué ha hecho el gobierno para acatar las recomendaciones sobre las violaciones a derechos humanos que cometen los miembros de las fuerzas armadas”, o cuáles son las acciones que ha emprendido para cumplir con las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso del campo algodonero relativo al asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, y la desaparición de Rosendo Radilla durante la guerra sucia.
La falta de respuesta del gobierno en estos y otros casos “sí es complicidad con la violación de los derechos fundamentales”, advirtió el activista. Rechazó que la denuncia debilite a la autoridad. “Lo que sí la afecta es la impunidad”, subrayó.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que Gómez Mont “nunca ha reconocido la labor de las comisiones y organizaciones civiles defensoras de las derechos humanos” ni ha reconocido la persistencia de actos de tortura. Se refiere a estas últimas como si fueran cosas del pasado; y en realidad, durante este gobierno se han hecho múltiples denuncias sin que se haya sancionado algún responsable.
La perspicacia a la que aludió ayer el funcionario federal durante la apertura de la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, “la practicamos cuando cuestionamos dónde están las investigaciones por tortura”, apuntó.
En todo caso, señaló Édgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el funcionario tendría que cuestionar la actitud omisa de las autoridades en proporcionar la información que se les pide, como ocurrió con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el caso de los niños Almanza, en Tamaulipas.
Resaltó que desde los años 90 se dio la lucha para que las comisiones de derechos humanos fueran autónomas, sin compromisos previos que condicionaran su actuación, por lo que el llamado de Gómez Mont para que no sean “tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar la acción de la autoridad” parece más bien un reclamo para que protejan la actuación del Estado.
Para Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Gómez Mont tendría que presentar las evidencias de casos en los que las comisiones y organizaciones civiles de derechos humanos sean cómplices de los delincuentes. Cuando se hace una denuncia de violación de garantías “es porque tenemos las pruebas contundentes”, dijo, y reviró: “Más bien, el secretario de Gobernación tendría que informar qué ha hecho el gobierno para acatar las recomendaciones sobre las violaciones a derechos humanos que cometen los miembros de las fuerzas armadas”, o cuáles son las acciones que ha emprendido para cumplir con las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso del campo algodonero relativo al asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, y la desaparición de Rosendo Radilla durante la guerra sucia.
La falta de respuesta del gobierno en estos y otros casos “sí es complicidad con la violación de los derechos fundamentales”, advirtió el activista. Rechazó que la denuncia debilite a la autoridad. “Lo que sí la afecta es la impunidad”, subrayó.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que Gómez Mont “nunca ha reconocido la labor de las comisiones y organizaciones civiles defensoras de las derechos humanos” ni ha reconocido la persistencia de actos de tortura. Se refiere a estas últimas como si fueran cosas del pasado; y en realidad, durante este gobierno se han hecho múltiples denuncias sin que se haya sancionado algún responsable.
La perspicacia a la que aludió ayer el funcionario federal durante la apertura de la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, “la practicamos cuando cuestionamos dónde están las investigaciones por tortura”, apuntó.
Ángeles Cruz Martìnez, La Jornada, 26 de junio.
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