El comité estatal del PRI en Zacatecas denunció la irrupción de un comando en sus instalaciones y calificó el hecho como un acto de intimidación por el desarrollo de las campañas.
De acuerdo con el dirigente del partido en el estado, Esaú Hernández, un grupo de cuatro sujetos armados arribaron a las instalaciones del partido en una camioneta Suburban roja, antes de las 8 de la mañana de ayer.
“En la puerta del partido hubo personas armadas, con armas largas; uno de ellos entró a las institución, con pistola, preguntando por el personal de Finanzas y por el Presidente del partido. Cuando recibió la información de que ellos no se encontraban ahí, salió a reunirse con las personas que estaban en la banqueta, afuera del partido, portando armas largas y unos minutos después se retiraron”, explicó.
El líder estatal pidió por ello a la gobernadora Amalia García “dejar la elección de Estado”, al advertir que habría muchos daños a la sociedad.
Reclamó que la obligación de la gobernadora sería preservar el estado de derecho e incluso reclamó que debería preocuparse por la integridad de los candidatos y el partido de oposición.
A pesar de los hechos y los testimonios rendidos por los militantes, no se presentó ninguna denuncia formal ante las autoridades judiciales del estado.
México • Miriam Castillo, Milenio, 1º de junio.
De acuerdo con el dirigente del partido en el estado, Esaú Hernández, un grupo de cuatro sujetos armados arribaron a las instalaciones del partido en una camioneta Suburban roja, antes de las 8 de la mañana de ayer.
“En la puerta del partido hubo personas armadas, con armas largas; uno de ellos entró a las institución, con pistola, preguntando por el personal de Finanzas y por el Presidente del partido. Cuando recibió la información de que ellos no se encontraban ahí, salió a reunirse con las personas que estaban en la banqueta, afuera del partido, portando armas largas y unos minutos después se retiraron”, explicó.
El líder estatal pidió por ello a la gobernadora Amalia García “dejar la elección de Estado”, al advertir que habría muchos daños a la sociedad.
Reclamó que la obligación de la gobernadora sería preservar el estado de derecho e incluso reclamó que debería preocuparse por la integridad de los candidatos y el partido de oposición.
A pesar de los hechos y los testimonios rendidos por los militantes, no se presentó ninguna denuncia formal ante las autoridades judiciales del estado.
México • Miriam Castillo, Milenio, 1º de junio.
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