Según datos dados a conocer por Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los avances en cuanto a las evaluaciones integrales el universo de policías a evaluar es de 441 mil 550 agentes y en el periodo enero-abril se realizaron solamente 10 mil 38. En cuanto a los agentes federales, de agosto de 2008 a mayo de 2010, se han realizado 20 mil 446 evaluaciones de un total de 55 mil 335; en el mismo lapso, de un total de 16 mil 755 funcionarios que ocupan “puestos sensibles”, únicamente han sido sometidos a pruebas de confianza 8 mil 449. En suma, en 22 meses, las autoridades federales han sometido a exámenes de confianza a 40 por ciento de los servidores públicos programados.
Al respecto, Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, afirmó que “la actual infraestructura no está dando respuesta ni a la ciudadanía”, en tanto que Alejandro Martí, dirigente de México SOS, puntualizó que “el tema de la certificación, la impunidad y la corrupción, es donde se tiene que poner mayor énfasis, porque no se tienen elementos examinados, prácticamente no hay nadie certificado”.
Por otra parte, según las estadísticas del SNSP las aportaciones para seguridad pública se han incrementado de 2007 a 2010 de 6 mil 653 millones de pesos a 8 mil 861 millones de pesos. Sin embargo, en lo que hace a la aplicación de los recursos, las cifras dadas a conocer refieren que los presupuestos aprobados para los años 2008 y 2009 ni siquiera han sido ocupados en su totalidad.
De 2008 aún hay 294 millones de pesos disponibles y de 2009, de un total de 8 mil 975 millones, se han ejercido 7 mil 91 millones, otros mil 562 millones están “comprometidos” y hay “disponibles 322 millones de pesos.
Durante esta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se acordó promover una mayor asignación de recursos para este rubro para el ejercicio fiscal 2011, y de mantener un presupuesto de por lo menos en 8 mil 892 millones de pesos a fin de que se mejoré lo relativo a cuestiones de infraestructura y prevención del delito, instalación de sistemas de vigilancia en el sistema penitenciario.
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