El presidente Felipe Calderón anunció durante la 28 sesión del Consejo de Seguridad Pública que enviará al Congreso una iniciativa para la creación de un modelo policial, basado en 32 policías en otras tantas entidades federativas con mando único y confiable.
Esta policía de mando único no es el remedio automático de los males que agobian al país, pero sí una alternativa viable, respondió el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
La propuesta no ha sido aprobada por los municipios; sin embargo, José Reyes, alcalde de Ciudad Juárez y presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública Municipal, admitió que urge una acción inmediata, pero sobre todo crear un frente compacto y definido contra el crimen organizado.
Dijo que los alcaldes evaluarán la iniciativa en el verano. Mencionó que es necesario considerar el tamaño y la capacidad de cada corporación local, porque son éstas las que conocen las rutas del narcotráfico y por ello se convierten en los blancos más vulnerables de la delincuencia.
Alcaldes y gobernadores plantearon ayer una vez más la necesidad de contar con recursos económicos suficientes para poner en marcha los cambios. Sin embargo, admitieron que la lucha contra la delincuencia organizada no es de Felipe Calderón, sino un trabajo colectivo en el que también se tiene que fomentar la confianza en los diversos niveles con el propósito de que compartan, especialmente la administración federal, información estratégica.
Rodrigo Medina apuntó que para ello es necesaria la homologación de modelos estatales y la aplicación de recursos federales y locales “para llegar a 2016 con la tarea hecha”. Luego, en entrevista, precisó que la unificación de mandos es un proyecto de carácter definitivo, ya que se sustentaría en cambios constitucionales.
Esta idea de mando único para las policías surgió en la Conago, por lo que la validación del proyecto en la sesión del Consejo de Seguridad Pública sólo es “el inicio de las discusiones”, en las que los tres niveles de gobierno analizarán –por medio de una comisión integrada por los gobernadores de Nuevo León, Chiapas y Jalisco y los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y de la Secretaría de Gobernación– los retos de ese nuevo esquema, precisó el mandatario neoleonés.
Al inaugurar la sesión, Felipe Calderón destacó que una de las finalidades es lograr que, sin importar quién gobierne o a qué partido pertenezca, los mexicanos estén protegidos con una policía honesta y profesional, por un sistema de justicia eficaz y transparente, un marco legal que favorezca la autoridad frente a los criminales y permita castigar eficazmente a los delincuentes.
Consideró indispensable, además, que esta reforma se acompañe de la revisión permanente de la integridad de los elementos, jueces y magistrados que integran el Poder Judicial.
En su turno, el titular de la SSP federal, Genaro García Luna, dio a conocer la obligación que desde ayer tienen todas las corporaciones policiales del país en materia del sistema de evaluación, en tanto se definen las reformas constitucionales con las que se desaparecerán las policías municipales.
Entre los indicadores que deberán constar en la llamada Plataforma México, se encuentran el registro de todo el personal policial, con datos personales, incluido ADN, huellas dactilares y voz de cada elemento; la entrega y registro del informe policial homologado en el que se incluyen el recuento de acciones y operativos realizados por cada agente de manera diaria. Las corporaciones deberán informar además sobre las armas decomisadas, su número de matrícula (en caso de que la tengan), fábrica y tipo de arma; los mandamientos judiciales, como son órdenes de aprehensión o presentación con datos personales y de ser posible identificación de los involucrados, así como registro de todas las licencias de conducir emitidas por las entidades federativas.
Cada corporación podrá conocer el registro nacional de armamento, en el cual se encuentran identificadas las armas que utilizan los uniformados del país y de los que ha dado cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional.
De igual manera, las instituciones deberán incluir los datos de sus registros penitenciarios en los que se contendrá fotografía, voz y ADN de los reos. Las policías del país deberán alimentar las bases de datos en cuanto a vehículos robados y recuperados, los vehículos oficiales con que cuenta cada dependencia, los casos de secuestros que se reporten y las denuncias de casos de secuestro o cobro de “derecho de piso”.
Esta policía de mando único no es el remedio automático de los males que agobian al país, pero sí una alternativa viable, respondió el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
La propuesta no ha sido aprobada por los municipios; sin embargo, José Reyes, alcalde de Ciudad Juárez y presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública Municipal, admitió que urge una acción inmediata, pero sobre todo crear un frente compacto y definido contra el crimen organizado.
Dijo que los alcaldes evaluarán la iniciativa en el verano. Mencionó que es necesario considerar el tamaño y la capacidad de cada corporación local, porque son éstas las que conocen las rutas del narcotráfico y por ello se convierten en los blancos más vulnerables de la delincuencia.
Alcaldes y gobernadores plantearon ayer una vez más la necesidad de contar con recursos económicos suficientes para poner en marcha los cambios. Sin embargo, admitieron que la lucha contra la delincuencia organizada no es de Felipe Calderón, sino un trabajo colectivo en el que también se tiene que fomentar la confianza en los diversos niveles con el propósito de que compartan, especialmente la administración federal, información estratégica.
Rodrigo Medina apuntó que para ello es necesaria la homologación de modelos estatales y la aplicación de recursos federales y locales “para llegar a 2016 con la tarea hecha”. Luego, en entrevista, precisó que la unificación de mandos es un proyecto de carácter definitivo, ya que se sustentaría en cambios constitucionales.
Esta idea de mando único para las policías surgió en la Conago, por lo que la validación del proyecto en la sesión del Consejo de Seguridad Pública sólo es “el inicio de las discusiones”, en las que los tres niveles de gobierno analizarán –por medio de una comisión integrada por los gobernadores de Nuevo León, Chiapas y Jalisco y los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y de la Secretaría de Gobernación– los retos de ese nuevo esquema, precisó el mandatario neoleonés.
Al inaugurar la sesión, Felipe Calderón destacó que una de las finalidades es lograr que, sin importar quién gobierne o a qué partido pertenezca, los mexicanos estén protegidos con una policía honesta y profesional, por un sistema de justicia eficaz y transparente, un marco legal que favorezca la autoridad frente a los criminales y permita castigar eficazmente a los delincuentes.
Consideró indispensable, además, que esta reforma se acompañe de la revisión permanente de la integridad de los elementos, jueces y magistrados que integran el Poder Judicial.
En su turno, el titular de la SSP federal, Genaro García Luna, dio a conocer la obligación que desde ayer tienen todas las corporaciones policiales del país en materia del sistema de evaluación, en tanto se definen las reformas constitucionales con las que se desaparecerán las policías municipales.
Entre los indicadores que deberán constar en la llamada Plataforma México, se encuentran el registro de todo el personal policial, con datos personales, incluido ADN, huellas dactilares y voz de cada elemento; la entrega y registro del informe policial homologado en el que se incluyen el recuento de acciones y operativos realizados por cada agente de manera diaria. Las corporaciones deberán informar además sobre las armas decomisadas, su número de matrícula (en caso de que la tengan), fábrica y tipo de arma; los mandamientos judiciales, como son órdenes de aprehensión o presentación con datos personales y de ser posible identificación de los involucrados, así como registro de todas las licencias de conducir emitidas por las entidades federativas.
Cada corporación podrá conocer el registro nacional de armamento, en el cual se encuentran identificadas las armas que utilizan los uniformados del país y de los que ha dado cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional.
De igual manera, las instituciones deberán incluir los datos de sus registros penitenciarios en los que se contendrá fotografía, voz y ADN de los reos. Las policías del país deberán alimentar las bases de datos en cuanto a vehículos robados y recuperados, los vehículos oficiales con que cuenta cada dependencia, los casos de secuestros que se reporten y las denuncias de casos de secuestro o cobro de “derecho de piso”.
Fabiola Martìnez, Gustavo Castillo y Ciro Pèrez, La Jornada, 4 de junio.
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