San José, 23 de junio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno de Colombia a indemnizar a la familia del senador izquierdista Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por agentes del Estado, y a “conducir eficazmente” las investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
La corte, cuya sede se encuentra en la capital costarricense, atribuyó al Estado colombiano la responsabilidad del crimen, así como “la falta de debida diligencia de las autoridades para llevar a cabo las investigaciones”.
Por estas razones, los jueces reconocieron que tanto la víctima como sus familiares sufrieron cuantiosos daños materiales e inmateriales, en compensación de los cuales el gobierno de Bogotá deberá cancelar a los parientes 340 mil dólares en un plazo máximo de un año.
En el momento de su asesinato, Cepeda era el único representante en el Senado de la izquierdista Unión Patriótica, una organización política ligada al Partido Comunista de Colombia.
Es la primera vez que la corte examina y establece la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el homicidio de un líder político de oposición.
El senador, comunicador social de profesión, fue ejecutado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, presuntamente en una operación coordinada entre el ejército y escuadrones paramilitares de derecha.
Aunque durante el proceso el Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad en los hechos, la corte lo sentenció a adoptar una serie de medidas adicionales para restaurar “la honra y la dignidad” del senador, entre las que se incluye realizar –en Colombia– un acto público de reconocimiento de los hechos.
En coordinación con los familiares de Cepeda, el Estado colombiano deberá producir “un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y el rol político del senador” asesinado, y difundirlo en diferentes vías.
Otra de las disposiciones manda al Estado colombiano a otorgar una beca con el nombre del senador Manuel Cepeda Vargas.
Iván Cepeda, hijo del legislador asesinado y vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, pidió que fuera el presidente Álvaro Uribe quien encabezara el acto de reconocimiento de responsabilidad estatal, ya que, hace cuatro años, en plena campaña para su relección, difundió mensajes en su contra, señaló el periódico El Tiempo.
De su lado, el gobierno saliente del presidente Uribe expresó su “completa disposición” a indemnizar a la familia de Cepeda Vargas e instó “a los familiares de la víctima y a sus representantes a trabajar conjuntamente para” la “adecuada implementación” de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La corte, cuya sede se encuentra en la capital costarricense, atribuyó al Estado colombiano la responsabilidad del crimen, así como “la falta de debida diligencia de las autoridades para llevar a cabo las investigaciones”.
Por estas razones, los jueces reconocieron que tanto la víctima como sus familiares sufrieron cuantiosos daños materiales e inmateriales, en compensación de los cuales el gobierno de Bogotá deberá cancelar a los parientes 340 mil dólares en un plazo máximo de un año.
En el momento de su asesinato, Cepeda era el único representante en el Senado de la izquierdista Unión Patriótica, una organización política ligada al Partido Comunista de Colombia.
Es la primera vez que la corte examina y establece la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el homicidio de un líder político de oposición.
El senador, comunicador social de profesión, fue ejecutado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, presuntamente en una operación coordinada entre el ejército y escuadrones paramilitares de derecha.
Aunque durante el proceso el Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad en los hechos, la corte lo sentenció a adoptar una serie de medidas adicionales para restaurar “la honra y la dignidad” del senador, entre las que se incluye realizar –en Colombia– un acto público de reconocimiento de los hechos.
En coordinación con los familiares de Cepeda, el Estado colombiano deberá producir “un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y el rol político del senador” asesinado, y difundirlo en diferentes vías.
Otra de las disposiciones manda al Estado colombiano a otorgar una beca con el nombre del senador Manuel Cepeda Vargas.
Iván Cepeda, hijo del legislador asesinado y vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, pidió que fuera el presidente Álvaro Uribe quien encabezara el acto de reconocimiento de responsabilidad estatal, ya que, hace cuatro años, en plena campaña para su relección, difundió mensajes en su contra, señaló el periódico El Tiempo.
De su lado, el gobierno saliente del presidente Uribe expresó su “completa disposición” a indemnizar a la familia de Cepeda Vargas e instó “a los familiares de la víctima y a sus representantes a trabajar conjuntamente para” la “adecuada implementación” de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Jornada, 24 de junio.
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