LA HABANA.- Jorge tiene 32 años y lleva dos jugándose el tipo en el intento de construir un departamento de 50 metros cuadrados en la azotea de la modesta casa materna, en un barrio periférico de La Habana.
Trabajando noches y fines de semana junto a su mujer y su hermano menor, apenas ha conseguido levantar los muros exteriores, unas paredes de lo que será una cocina-comedor, una habitación y un baño: inspecciones, multas, pausas por falta de materiales y mil trabas burocráticas convirtieron su plan en un calvario.
Para el improvisado constructor, de profesión enfermero, la resolución 40, aprobada recientemente por el Instituto Nacional de la Vivienda y que agiliza las licencias de construcción "por esfuerzo propio" a titulares de terrenos, azoteas y otras áreas señaladas, es una tabla de salvación.
Aunque en enero de 2009 el Presidente Raúl Castro autorizó que los cubanos "se hagan su casita con lo que puedan", la concesión de licencias fue informada hace sólo unos días, en los medios estatales.
Antes había que solicitar permisos que eran otorgados a cuentagotas a casos seleccionados y aprobados por las autoridades responsables en cada circunscripción, mientras que ahora se deben dar a todos los que reúnan los requisitos legales.
La normativa contempla obras nuevas, ampliaciones, divisiones, rehabilitación y remodelaciones, aunque según fuentes de Vivienda, las licencias "se asignarán por cierto nivel de metros cuadrados en correspondencia con el núcleo familiar".
Este nuevo intento del Gobierno para combatir las ilegalidades y aliviar el déficit habitacional que sufre el país, le ahorrará más de un disgusto a muchos cubanos que, como Jorge el enfermero, intentan resolver la cuestión al margen de las leyes.
Además, aliviará al Estado de una inversión de 4 millones de dólares a lo largo de 10 años, que es la última cifra calculada en los fallidos planes gubernamentales para acabar con el problema.
Las emisoras de radio locales aseguran que "pondrán en marcha mecanismos para la venta estatal de materiales de construcción". Hasta el momento abrieron 77 establecimientos, de los 169 previstos, uno por municipio.
Sin embargo, algunos beneficiarios consultados por REFORMA se mostraron escépticos.
"A ver si conceden rápido los permisos, sin tener que 'tocar' con divisa al funcionario de turno, y venden materiales a precios asequibles, con créditos bancarios para ayudar al trabajador, que es el que más lo necesita", dijo Elena Sánchez, una administradora de 28 años, casada y embarazada de tres meses.
En Cuba, la escasez de vivienda genera serios conflictos interpersonales y es una de las causas del elevado número de divorcios, según la investigadora Patricia Arés.
"La noticia me alegra porque podremos independizarnos. Estamos esperando un hijo y aun compartimos el cuarto con la abuela de mi esposa", añadió el marido de Elena, un músico que se declaró incapaz de construir sin conocimientos previos.
"Me parece peligroso que cualquier improvisado pueda levantar una casa sin estar calificado para ello", opinó el percusionista.
Para Dimas Castellanos, licenciado en Ciencias Políticas de 59 años, el déficit habitacional es un viejo problema agravado, en parte, por la explosión demográfica de las primeras décadas de la Revolución, que demandaba decenas de miles de nuevas viviendas, y, también, por los destrozos frecuentes causados por los huracanes.
Además, este ex profesor atribuye la crisis al empeño gubernamental de mantener una estatización absoluta aun viendo fracasar todos sus planes en la materia.
En números rojos
El Gobierno cubano espera cubrir el fuerte déficit de viviendas que hay en el país.
· 600 mil viviendas faltan actualmente en Cuba.
· 75.4 por ciento del fondo habitacional existente, más de 2.5 millones viviendas, se hicieron después de 1959.
· 8 mil dólares le cuesta al Estado construir una casa.
· 84 por ciento de cubanos son propietarios de su vivienda; aunque por disposición gubernamental nadie la puede vender ni comprar, sólo permutar.
· 2 millones 200 mil personas pagaban alquiler, antes de 1959, por un monto de hasta 50 por ciento de los ingresos familiares. Actualmente, 16 por ciento, que no es propietario, paga de alquiler 10 por ciento de su salario.
Trabajando noches y fines de semana junto a su mujer y su hermano menor, apenas ha conseguido levantar los muros exteriores, unas paredes de lo que será una cocina-comedor, una habitación y un baño: inspecciones, multas, pausas por falta de materiales y mil trabas burocráticas convirtieron su plan en un calvario.
Para el improvisado constructor, de profesión enfermero, la resolución 40, aprobada recientemente por el Instituto Nacional de la Vivienda y que agiliza las licencias de construcción "por esfuerzo propio" a titulares de terrenos, azoteas y otras áreas señaladas, es una tabla de salvación.
Aunque en enero de 2009 el Presidente Raúl Castro autorizó que los cubanos "se hagan su casita con lo que puedan", la concesión de licencias fue informada hace sólo unos días, en los medios estatales.
Antes había que solicitar permisos que eran otorgados a cuentagotas a casos seleccionados y aprobados por las autoridades responsables en cada circunscripción, mientras que ahora se deben dar a todos los que reúnan los requisitos legales.
La normativa contempla obras nuevas, ampliaciones, divisiones, rehabilitación y remodelaciones, aunque según fuentes de Vivienda, las licencias "se asignarán por cierto nivel de metros cuadrados en correspondencia con el núcleo familiar".
Este nuevo intento del Gobierno para combatir las ilegalidades y aliviar el déficit habitacional que sufre el país, le ahorrará más de un disgusto a muchos cubanos que, como Jorge el enfermero, intentan resolver la cuestión al margen de las leyes.
Además, aliviará al Estado de una inversión de 4 millones de dólares a lo largo de 10 años, que es la última cifra calculada en los fallidos planes gubernamentales para acabar con el problema.
Las emisoras de radio locales aseguran que "pondrán en marcha mecanismos para la venta estatal de materiales de construcción". Hasta el momento abrieron 77 establecimientos, de los 169 previstos, uno por municipio.
Sin embargo, algunos beneficiarios consultados por REFORMA se mostraron escépticos.
"A ver si conceden rápido los permisos, sin tener que 'tocar' con divisa al funcionario de turno, y venden materiales a precios asequibles, con créditos bancarios para ayudar al trabajador, que es el que más lo necesita", dijo Elena Sánchez, una administradora de 28 años, casada y embarazada de tres meses.
En Cuba, la escasez de vivienda genera serios conflictos interpersonales y es una de las causas del elevado número de divorcios, según la investigadora Patricia Arés.
"La noticia me alegra porque podremos independizarnos. Estamos esperando un hijo y aun compartimos el cuarto con la abuela de mi esposa", añadió el marido de Elena, un músico que se declaró incapaz de construir sin conocimientos previos.
"Me parece peligroso que cualquier improvisado pueda levantar una casa sin estar calificado para ello", opinó el percusionista.
Para Dimas Castellanos, licenciado en Ciencias Políticas de 59 años, el déficit habitacional es un viejo problema agravado, en parte, por la explosión demográfica de las primeras décadas de la Revolución, que demandaba decenas de miles de nuevas viviendas, y, también, por los destrozos frecuentes causados por los huracanes.
Además, este ex profesor atribuye la crisis al empeño gubernamental de mantener una estatización absoluta aun viendo fracasar todos sus planes en la materia.
En números rojos
El Gobierno cubano espera cubrir el fuerte déficit de viviendas que hay en el país.
· 600 mil viviendas faltan actualmente en Cuba.
· 75.4 por ciento del fondo habitacional existente, más de 2.5 millones viviendas, se hicieron después de 1959.
· 8 mil dólares le cuesta al Estado construir una casa.
· 84 por ciento de cubanos son propietarios de su vivienda; aunque por disposición gubernamental nadie la puede vender ni comprar, sólo permutar.
· 2 millones 200 mil personas pagaban alquiler, antes de 1959, por un monto de hasta 50 por ciento de los ingresos familiares. Actualmente, 16 por ciento, que no es propietario, paga de alquiler 10 por ciento de su salario.
Yolanda Martínez corresponsal, Reforma, 7 de junio.
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