La recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que señala a militares como responsables del ataque a la camioneta de una familia, por el que murieron los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, carece de elementos contundentes y está plagada de desaciertos, señalaron funcionarios de la Procuraduría General de la República.
Indicaron que la CNDH solamente tomó en cuenta las declaraciones vertidas por familiares de las víctimas, pero no las evidencias y demás pruebas que se encuentran agregadas a diversas actuaciones ministeriales, como la averiguación previa 270/2010-2 iniciada en el agente séptimo investigador de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.
Dejaron claro que a pesar de que la PGR todavía no hace un pronunciamiento oficial sobre el tema, se han encontrado diversas irregularidades que se harán del conocimiento de la opinión pública.
Al respecto, el ex subprocurador de la PGR, Federico Ponce Rojas, quien asesora a jefes del Ejército mexicano, explicó que si bien es cierto que el organismo admitió “omisiones” en la recomendación 36/2010, mismos que se le atribuyen a la Sedena porque negó a la defensoría el acceso a la averiguación previa, explicó que la Procuraduría General de Justicia Militar no incurrió en alguna falta, porque de haber abierto su indagatoria habría violado la ley.
El ex funcionario que sigue de cerca el caso con personal militar coincidió con lo expresado por funcionarios de la PGR, pues explicó que a la comisión le faltó información sobre criminalística de campo, análisis de las necropsias que fueron practicadas por personal auxiliar, además de declaraciones de testigos, motivo por el cual la CNDH se confundió en tiempo y espacio.
Destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tomó en cuenta los dictámenes emitidos por las autoridades, ni investigó el tipo de armas que se utilizaron en los hechos, además de que excluyó las pruebas ofrecidas por la Sedena con relación a las granadas de fragmentación usadas en el incidente, en el que perdieron la vida los niños, explosivos que eran de la delincuencia organizada.
En ese sentido, los funcionarios de la PGR comentaron que la camioneta de la familia Almanza presenta en la parte trasera un orificio producido por una granada calibre 40 milímetros.
Una de las pruebas presentadas por la Secretaría de la Defensa Nacional —enfatizaron— refiere que el personal militar carece de granadas calibre 40 milímetros, que es el calibre que causó la muerte de los menores, de acuerdo con el peritaje.
Además, de que la unidad militar del Tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento, que participó en este evento no contaba con ese tipo de armamento, pues ese calibre solamente se fabrica en Estados Unidos.
Explicaron que por las dimensiones —de 37 por 32 centímetros— del orificio que presentó la camioneta Tahoe color negro, en la puerta trasera y por sus características morfológicas se establece que fue producido por el estallido de una granada.
Luego de hacer un análisis de los impactos por proyectil de arma de fuego que presentan los seis vehículos encontrados entre los kilómetros 108 y 109 durante el primer evento, específicamente en una camioneta Ford Explorer color blanco, se observó que esta tenía un orificio de entrada de gran dimensión y de similares características al orificio del vehículo Tahoe, donde viajaba la familia Almanza Salazar y acompañantes, poniéndose de manifiesto que el calibre utilizado en ambos casos, corresponde a una granada calibre 40 milímetros.
Con relación a los dictámenes de medicina forense que presentó la CNDH sobre las necropsias, Ponce Rojas comentó que se aprecian dos errores determinantes sobre la forma en que se realizaron:
Primero, los responsables de las autopsias fueron peritos médicos forenses “habilitados”, es decir, no especialistas.
Segundo, el informe habla de “esquirlas de proyectil de arma de fuego”, ignorando el significado de una esquirla y asume como un todo el concepto de armas de fuego. En materia de balística, las esquirlas encontradas provienen sólo de lanzagranadas.
Por lo que respecta a las fijaciones fotográficas, los funcionarios de la PGR expresaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se basó en 16 fotografías emitidas por peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, cuando para elaborar una investigación completa se debió haber estudiado las más de 140 fijaciones fotográficas que obran en la averiguación previa mencionada.
- Claves
Informe incompleto
• A mediados del presente mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló a militares como los responsables del ataque contra una familia de 13 integrantes que viajaba en una camioneta sobre una carretera en Tamaulipas, del cual resultaron muertos los niños Bryan y Martín, de 5 y 9 años, respectivamente.
• Horas después de la recomendación, la CNDH admitió “omisiones” en la recomendación 36/2010 y las atribuyó a la falta de colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual negó a la defensoría el acceso a la averiguación previa.
• “Para la comisión hubiera sido muy valioso tener acceso a la averiguación previa, porque hubiéramos podido determinar muchas situaciones. Esta omisión o falta de colaboración es lo que nos impide llegar a mayores detalles”, explicó Marat Paredes Montiel, segundo visitador del organismo autónomo.
Auxilio militar
••• Otra situación que no refieren los afectados, así como sus testigos, es el hecho de que una vez que ocurrió el incidente fue prestado el auxilio de manera inmediata por personal militar, incluso se llevó a cabo el traslado de los lesionados a la clínica Miguel Alemán, corroborando esta situación con lo declarado por el doctor de dicho hospital ante las autoridades ministeriales de Tamaulipas, en el sentido de que fue el personal militar quien realizó dichos traslados tanto a la clínica mencionada como al Hospital General de Nuevo Laredo, ya que el conductor de la ambulancia tenía temor de sufrir alguna agresión a su persona.
Es por ello que el testimonio que afirma que al estar dentro de la camioneta uno de los soldados le dijo a otro que matara a uno de los integrantes de la familia Almanza y le apuntó a la cabeza de uno, pero luego otro que parecía mando o jefe les ordenó que no le hicieran nada y se fueron sin prestarle auxilio, no denota coherencia lógica, ni ha podido ser ubicado en tiempo, lugar y espacio.
En sí, el informe carece de una fundamentación básica, carece de una técnica procesal penal adecuada y carece también de una técnica en materia de pericias.
Las periciales no se llevaron a los extremos, incluso no se observa en la recomendación 36/2010 una reconstrucción de los hechos, básicamente se sustentan en el dicho de testigos particulares, puntualizaron. (México • Rubén Mosso)
México • Rubén Mosso, Milenio, 28 de junio.
Indicaron que la CNDH solamente tomó en cuenta las declaraciones vertidas por familiares de las víctimas, pero no las evidencias y demás pruebas que se encuentran agregadas a diversas actuaciones ministeriales, como la averiguación previa 270/2010-2 iniciada en el agente séptimo investigador de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.
Dejaron claro que a pesar de que la PGR todavía no hace un pronunciamiento oficial sobre el tema, se han encontrado diversas irregularidades que se harán del conocimiento de la opinión pública.
Al respecto, el ex subprocurador de la PGR, Federico Ponce Rojas, quien asesora a jefes del Ejército mexicano, explicó que si bien es cierto que el organismo admitió “omisiones” en la recomendación 36/2010, mismos que se le atribuyen a la Sedena porque negó a la defensoría el acceso a la averiguación previa, explicó que la Procuraduría General de Justicia Militar no incurrió en alguna falta, porque de haber abierto su indagatoria habría violado la ley.
El ex funcionario que sigue de cerca el caso con personal militar coincidió con lo expresado por funcionarios de la PGR, pues explicó que a la comisión le faltó información sobre criminalística de campo, análisis de las necropsias que fueron practicadas por personal auxiliar, además de declaraciones de testigos, motivo por el cual la CNDH se confundió en tiempo y espacio.
Destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tomó en cuenta los dictámenes emitidos por las autoridades, ni investigó el tipo de armas que se utilizaron en los hechos, además de que excluyó las pruebas ofrecidas por la Sedena con relación a las granadas de fragmentación usadas en el incidente, en el que perdieron la vida los niños, explosivos que eran de la delincuencia organizada.
En ese sentido, los funcionarios de la PGR comentaron que la camioneta de la familia Almanza presenta en la parte trasera un orificio producido por una granada calibre 40 milímetros.
Una de las pruebas presentadas por la Secretaría de la Defensa Nacional —enfatizaron— refiere que el personal militar carece de granadas calibre 40 milímetros, que es el calibre que causó la muerte de los menores, de acuerdo con el peritaje.
Además, de que la unidad militar del Tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento, que participó en este evento no contaba con ese tipo de armamento, pues ese calibre solamente se fabrica en Estados Unidos.
Explicaron que por las dimensiones —de 37 por 32 centímetros— del orificio que presentó la camioneta Tahoe color negro, en la puerta trasera y por sus características morfológicas se establece que fue producido por el estallido de una granada.
Luego de hacer un análisis de los impactos por proyectil de arma de fuego que presentan los seis vehículos encontrados entre los kilómetros 108 y 109 durante el primer evento, específicamente en una camioneta Ford Explorer color blanco, se observó que esta tenía un orificio de entrada de gran dimensión y de similares características al orificio del vehículo Tahoe, donde viajaba la familia Almanza Salazar y acompañantes, poniéndose de manifiesto que el calibre utilizado en ambos casos, corresponde a una granada calibre 40 milímetros.
Con relación a los dictámenes de medicina forense que presentó la CNDH sobre las necropsias, Ponce Rojas comentó que se aprecian dos errores determinantes sobre la forma en que se realizaron:
Primero, los responsables de las autopsias fueron peritos médicos forenses “habilitados”, es decir, no especialistas.
Segundo, el informe habla de “esquirlas de proyectil de arma de fuego”, ignorando el significado de una esquirla y asume como un todo el concepto de armas de fuego. En materia de balística, las esquirlas encontradas provienen sólo de lanzagranadas.
Por lo que respecta a las fijaciones fotográficas, los funcionarios de la PGR expresaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se basó en 16 fotografías emitidas por peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, cuando para elaborar una investigación completa se debió haber estudiado las más de 140 fijaciones fotográficas que obran en la averiguación previa mencionada.
- Claves
Informe incompleto
• A mediados del presente mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló a militares como los responsables del ataque contra una familia de 13 integrantes que viajaba en una camioneta sobre una carretera en Tamaulipas, del cual resultaron muertos los niños Bryan y Martín, de 5 y 9 años, respectivamente.
• Horas después de la recomendación, la CNDH admitió “omisiones” en la recomendación 36/2010 y las atribuyó a la falta de colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual negó a la defensoría el acceso a la averiguación previa.
• “Para la comisión hubiera sido muy valioso tener acceso a la averiguación previa, porque hubiéramos podido determinar muchas situaciones. Esta omisión o falta de colaboración es lo que nos impide llegar a mayores detalles”, explicó Marat Paredes Montiel, segundo visitador del organismo autónomo.
Auxilio militar
••• Otra situación que no refieren los afectados, así como sus testigos, es el hecho de que una vez que ocurrió el incidente fue prestado el auxilio de manera inmediata por personal militar, incluso se llevó a cabo el traslado de los lesionados a la clínica Miguel Alemán, corroborando esta situación con lo declarado por el doctor de dicho hospital ante las autoridades ministeriales de Tamaulipas, en el sentido de que fue el personal militar quien realizó dichos traslados tanto a la clínica mencionada como al Hospital General de Nuevo Laredo, ya que el conductor de la ambulancia tenía temor de sufrir alguna agresión a su persona.
Es por ello que el testimonio que afirma que al estar dentro de la camioneta uno de los soldados le dijo a otro que matara a uno de los integrantes de la familia Almanza y le apuntó a la cabeza de uno, pero luego otro que parecía mando o jefe les ordenó que no le hicieran nada y se fueron sin prestarle auxilio, no denota coherencia lógica, ni ha podido ser ubicado en tiempo, lugar y espacio.
En sí, el informe carece de una fundamentación básica, carece de una técnica procesal penal adecuada y carece también de una técnica en materia de pericias.
Las periciales no se llevaron a los extremos, incluso no se observa en la recomendación 36/2010 una reconstrucción de los hechos, básicamente se sustentan en el dicho de testigos particulares, puntualizaron. (México • Rubén Mosso)
México • Rubén Mosso, Milenio, 28 de junio.
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