Víctor Quintana, diputado federal del PRD en Chihuahua, considera que este proceso electoral, en el país, es histórico por los niveles de violencia que se viven en cuatro de los 12 estados que renovarán gubernatura, congresos y presidencias municipales.
“Los procesos electorales están en la mira de los asesinos y del fuego interno de los actores políticos. Tenemos municipios en todo el país ‘tomados’ por el crimen organizado, ahí se va a sentir el peso de su poder. Prevemos que van a tratar de inhibir el voto, según sus intereses, o a boicotear la jornada electoral con asesinatos y actos de violencia extrema”.
En lo que va de 2010, los estados de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Durango, concentran más de la mitad de las 5 mil 500 ejecuciones que se han registrado en todo el país. Entre ellas el asesinato del candidato del PRI al gobierno del estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Eduardo Alcalá, presidente del Consejo de Instituciones en Ciudad Victoria, Tamaulipas, advierte que por la situación de violencia que prevalece en el estado “la gente está temerosa de salir a votar. En las calles ronda el miedo. La inseguridad va a inhibir el derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes. Eso ni las policías locales ni federales lo van a poder controlar”.
Alcalá señala que ese temor hizo que cerca de 12 mil ciudadanos se negaran a ser insaculados por el Instituto Estatal Electoral en la primera convocatoria, por lo que se tuvo que hacer una segunda.
Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Alianza Cívica, y quien promueve el proyecto “Juego limpio-Voto libre”, comentó a EL UNIVERSAL que desafortunadamente la situación de inseguridad que priva en el país afecta todos los ámbitos de la vida social “y los comicios no están ajenos. La violencia afecta el proceso electoral y el ejercicio del derecho al voto”.
Sobre la observación electoral por parte de la sociedad civil en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Sinaloa, comentó que las organizaciones locales no podrán participar en el ejercicio porque están ocupados con el tema de la inseguridad.
Comité de crisis
El diputado perredista, Víctor Quintana, asegura que desde el pasado mes de abril sugirió a los representantes del Instituto Electoral del Estado la organización de un comité de crisis para realizar un diagnóstico de la situación, identificar los “focos rojos” y diseñar un mapa de riesgos para determinar las medidas a seguir en cada municipio. “La idea era que el comité fuera coordinado por la Fuerzas Federales y estatales pero en el que participáramos diversos actores de la sociedad civil. Mi sugerencia no tuvo eco, por el contrario, me consideran un alarmista, que quieren boicotear las elecciones”.
Este proceso electoral se va a desarrollar en un ambiente de “estado de sitio”, donde aunque no ha habido amenazas directas al proceso, hay localidades, tanto urbanas como rurales, donde en cualquier momento pueden suscitarse hechos violentos, advierte el legislador federal. “Los gobiernos estatales no tienen la capacidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ese día, al menos en estas cuatro regiones del país se va a sentir la presión del crimen organizado”, alerta Quintana.
En el ciudadano hay temor, escepticismo y desconfianza de los políticos. La inseguridad que priva, va a marcar el desanimo y abstencionismo de la ciudadanía, al menos en Chihuahua, donde en la pasada elección sólo acudió a las urnas el 37% del padrón electoral”.
Fernando Herrera, presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua, considera que la violencia no será un factor decisivo en las votaciones, y de manera optimista situó en un 70% del padrón la participación en la jornada electoral.
Para Herrera no existen "focos rojos" y asegura que será labor de las corporaciones policiacas señalar qué regiones de la entidad se pueden considerar inseguras.
Quintana lanzó un llamado a las autoridades federales y estatales para que definan estrategias de seguridad en los municipios de la sierra de Chihuahua, en el noreste del valle de Juárez, así como en Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, además de Creel.
En esta entidad, los gobiernos municipales y del estado, discuten si mantienen los operativos de las fuerzas federales en la calles de las ciudades con altos niveles de violencia o los acuartelan y sacan a patrullar a los policías estatales.
Impera el miedo
Defensores de los derechos humanos en Chihuahua y Tamaulipas alertan que la expresión ciudadana es de temor. “La gente está muy atemorizada, principalmente a las mujeres, que forman una parte importante del padrón, pero que en los últimos meses han sido objeto de violaciones, asaltos y asesinatos, de ellas o de sus familiares. Por eso dicen que no van a salir a votar”, advierte Gustavo de Rosa Hickerson, luchador social de Ciudad Juárez.
De la Rosa comenta que los ciudadanos le han expresado que ese día se van a resguardar en sus casas. “El estado no se va a dar abasto para garantizar la seguridad de todos los votantes”.
Alcalá, del Consejo de Instituciones en Ciudad Victoria, Tamaulipas, señala que en su estado, la ciudadanía está entre dos fuegos: la delincuencia organizada y la guerra sucia entre los partidos políticos.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, asegura que en todo el estado impera la zozobra por la inseguridad. Eso va a repercutir en la jornada electoral porque se va a imponer el miedo.
“Si en Tamaulipas ya teníamos un abstencionismos del 60%, calculamos que, la ola de asesinatos y de hechos violentos en las calles, disparen la cifras hasta el 70%”.
En su opinión, en la entidad no están dadas las condiciones para que se lleve a cabo la elección porque no hay autoridad que garantice a los ciudadanos su seguridad.
Ramos pone de ejemplo los municipios de Miguel Alemán, Ciudad Guerrero y Ciudad Mier, donde no se llevó a cabo el proceso. “En esos lugares no hubo selección de candidatos, ni campañas, ni se van a celebrar los comicios. Son regiones sin ley, donde impera el poder del crimen organizado”.
El asesinato del candidato del PRI al gobierno del estado, Rodolfo Torre Cantú, deja un mensaje muy claro a la ciudadanía: “No hay un lugar seguro en Tamaulipas”.
No obstante, el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, reportó, el sábado 26 de junio, que en la entidad sí estaban dadas las condiciones para garantizar una jornada “tranquila”. En ese momento, para el presidente del IEE, Jorge Luis Navarro Cantú la situación de inseguridad ya estaba superada y el temor de la gente estaba basado en rumores.
El vocero del Instituto Estatal Electoral, José Alfredo Guevara Pérez, informó, entonces, que se “iba a poner especial atención” en los municipios de la zona rivereña: Miguel Alemán, Camargo, Guerrero, Mier y Díaz Ordaz y que una situación similar se aplicaría en Tampico, Madero y Altamira.
Calma en Durango y Sinaloa
Situación similar se reporta en el estado de Durango y Sinaloa. El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IPEC), Raymundo Hernández Gámiz, dice que los duranguenses están consientes de la responsabilidad que tienen. “Además los ciudadanos que colaborarán como funcionarios electorales están muy interesados en participar en la próxima jornada cívica, ninguno de ellos tiene dudas sobre las tareas que van a desempeñar, pues se les han dado las herramientas necesarias para cumplir con sus funciones (y se han realizado simulacros), es decir, se les ha preparado para que desempeñen sus labores como la misma sociedad lo espera, es decir de la manera más eficiente posible”.
En Sinaloa, la violencia no va a alterar el proceso electoral. Juliana Araujo Coronel, presidenta del organismo electoral en la entidad expuso que, hasta ahora, los representantes de los partidos políticos ni los propios consejeros han impulsado una discusión sobre la necesidad de aplicar operativos especiales en los 18 municipios del estado el día de la elección.
El obispo de la Diócesis de Culiacán, Benjamín Hernandez Jiménez, hizo un llamado a la cordura a los grupos criminales para que los ciudadanos puedan reflexionar y emitir su voto, en un clima de tranquilidad y concordia.
Carente vigilancia
Pero en Oaxaca las cosas son diferentes. Ahí la seguridad durante la realización de los comicios del 4 de julio sí es “un gran pendiente”, reconoció el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), José Luis Echeverría Morales.
Tan sólo por sintetizar el panorama menciona: “En la sede del Consejo General tenemos dos policías estatales; dos asignados en cada uno de los 25 consejos distritales y ninguno en los consejos municipales”.
Sin embargo, confía en que, como cada jornada electoral, el Estado desplegará el próximo 4 de julio un operativo especial para garantizar que los ciudadanos ejerzan libremente su voto y acudan a las urnas en calma.
Evita mencionar que en Oaxaca hay municipios considerados “focos rojos”, pues aún con la problemática en algunos lugares —como San Juan Copala—, se buscará hasta el último momento que se instalen casillas y se ejerza el derecho a participar en la elección de sus autoridades.
La expectativa que tiene el órgano electoral oaxaqueño es de una alta participación, pues en su mayoría, los ciudadanos han acudido al llamado que le hizo el órgano electoral.
“Son los ciudadanos los que vigilarán y darán certeza a la elección, nosotros estamos haciendo lo que nos toca, pero el día de la jornada la responsabilidad es de todos y la confianza debe ser para los ciudadanos”, expresó. (Con información de corresponsales)
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