El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, y el legislador priista Rubén Moreira, emplazaron a la Secretaría de Gobernación y a la PGR a esclarecer el espionaje de conversaciones telefónicas y señalar a los responsables de esos delitos.
Encinas sostuvo que el Ministerio Público debe también investigar el desvío de recursos y la intervención de los gobernadores priistas Fidel Herrera y Ulises Ruiz en los procesos electorales, mientras Moreira instó a verificar primero si los audios están editados o no.
Al respecto, el vicecoordinador de los diputados federales del PAN, Carlos Alberto Pérez, reconoció que las grabaciones de conversaciones privadas no pueden ser presentadas como pruebas de algún delito, pero sostuvo que el tema central es que ninguno de los gobernadores involucrados ha negado los hechos que revelan dichas grabaciones.
Subrayó que el gobierno federal ha rechazado formalmente cualquier responsabilidad en la intervención de llamadas telefónicas, pero refrendó la disposición de su partido a que se investigue tanto ese delito, como las irregularidades electorales de los mandatarios priistas.
Por separado, el legislador perredista Agustín Guerrero advirtió que la divulgación de conversaciones no es casual, sino parte de una estrategia del PAN orquestada desde Los Pinos.
Cuestionó en ese sentido la convalidación de la dirigencia nacional del PRD a esas grabaciones, pues dijo, “al rato nos la van a aplicar a nosotros y a ver con qué argumentos sale entonces Jesús Ortega”.
En rueda de prensa, Encinas expresó la condena de su fracción, tanto a las prácticas de espionaje, como a la intervención de los gobernadores priistas en los procesos electorales.
Remarcó, además su incredulidad sobre el deslinde del gobierno federal respecto al espionaje telefónico.
Si el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dice que ellos no espían, “es más preocupante, porque entonces debería decirnos quién lo está haciendo”.
“Quien tiene la responsabilidad legal de aclarar esta situación es el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la PGR”, dijo.
En el mismo sentido se manifestó el priista Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, al remarcar que los militantes del PRI no son “caperucitas” para creerle al “lobo”.
“Si no son ellos, deberían saber quién es (…). Si no es el Estado mexicano, entonces tenemos un gobierno federal muy inepto que no puede parar el espionaje”, remató.
México • Fernando Damián y Elba Mónica Bravo, Milenio, 23 de junio.
Encinas sostuvo que el Ministerio Público debe también investigar el desvío de recursos y la intervención de los gobernadores priistas Fidel Herrera y Ulises Ruiz en los procesos electorales, mientras Moreira instó a verificar primero si los audios están editados o no.
Al respecto, el vicecoordinador de los diputados federales del PAN, Carlos Alberto Pérez, reconoció que las grabaciones de conversaciones privadas no pueden ser presentadas como pruebas de algún delito, pero sostuvo que el tema central es que ninguno de los gobernadores involucrados ha negado los hechos que revelan dichas grabaciones.
Subrayó que el gobierno federal ha rechazado formalmente cualquier responsabilidad en la intervención de llamadas telefónicas, pero refrendó la disposición de su partido a que se investigue tanto ese delito, como las irregularidades electorales de los mandatarios priistas.
Por separado, el legislador perredista Agustín Guerrero advirtió que la divulgación de conversaciones no es casual, sino parte de una estrategia del PAN orquestada desde Los Pinos.
Cuestionó en ese sentido la convalidación de la dirigencia nacional del PRD a esas grabaciones, pues dijo, “al rato nos la van a aplicar a nosotros y a ver con qué argumentos sale entonces Jesús Ortega”.
En rueda de prensa, Encinas expresó la condena de su fracción, tanto a las prácticas de espionaje, como a la intervención de los gobernadores priistas en los procesos electorales.
Remarcó, además su incredulidad sobre el deslinde del gobierno federal respecto al espionaje telefónico.
Si el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dice que ellos no espían, “es más preocupante, porque entonces debería decirnos quién lo está haciendo”.
“Quien tiene la responsabilidad legal de aclarar esta situación es el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la PGR”, dijo.
En el mismo sentido se manifestó el priista Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, al remarcar que los militantes del PRI no son “caperucitas” para creerle al “lobo”.
“Si no son ellos, deberían saber quién es (…). Si no es el Estado mexicano, entonces tenemos un gobierno federal muy inepto que no puede parar el espionaje”, remató.
México • Fernando Damián y Elba Mónica Bravo, Milenio, 23 de junio.
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