El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el panista Gustavo Enrique Madero, presentó ayer al mediodía en la secretaría general de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, por presunto desvío de recursos públicos federales a la campaña de Javier Duarte de Ochoa.
El senador panista afirmó que al comprometer apoyos económicos a cambio de que voten por el candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Herrera violó el derecho universal del ejercicio del voto libre y secreto, y actuó en contra de la equidad en la representación popular, que debe estar “ajena a influencias externas y contaminantes de la contienda electoral, que representan una ilusión pasajera o un engaño permanente”.
Sin embargo, de proceder la solicitud presentada por Madero, únicamente se aplicaría a Fidel Herrera lo establecido en el segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución, respecto del manejo indebido de fondos y recursos federales: “pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Como presuntas pruebas Madero presentó transcripciones de las llamadas interceptadas a Herrera Beltrán, en la que ofrece recursos y se le escucha decir: “ahorita estoy en plenitud del pinche poder; tengo el gobierno en la mano”.
En su escrito, Madero defendió que al analizar el contenido de las conversaciones atribuidas a Fidel Herrera “se desprende con claridad que existe una grave violación a la Constitución y las leyes que de ella emanan”, y por esa razón se le puede iniciar juicio político.
De los diálogos del gobernador, señaló, deriva con claridad la presunción de instrucciones a funcionarios públicos y candidatos del PRI, que representan una clara intromisión en el proceso electoral en Veracruz.
Luego, en conferencia de prensa, el senador panista dijo que si bien las grabaciones se obtuvieron de manera ilegal, “son indicios reveladores de un modus operandi; una actuación ilegal, irresponsable y con un mucho sesgo político en el manejo de los recursos”.
Media hora antes, la organización Transparencia Nacional, presidida por el ex procurador fiscal Gabriel Reyes Orona, presentó también en la secretaría general una solicitud de desafuero contra el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas.
El argumento de los abogados de esa sociedad referida fue que los juicios políticos en la Cámara de Diputados no han rendido frutos desde el incoado a Jorge Díaz Serrano, y se han reservado procesos similares contra líderes petroleros, gobernadores priístas y funcionarios federales, mientras que el desafuero, como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador, tiene una mejor perspectiva de ser aprobado por la Cámara.
El senador panista afirmó que al comprometer apoyos económicos a cambio de que voten por el candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Herrera violó el derecho universal del ejercicio del voto libre y secreto, y actuó en contra de la equidad en la representación popular, que debe estar “ajena a influencias externas y contaminantes de la contienda electoral, que representan una ilusión pasajera o un engaño permanente”.
Sin embargo, de proceder la solicitud presentada por Madero, únicamente se aplicaría a Fidel Herrera lo establecido en el segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución, respecto del manejo indebido de fondos y recursos federales: “pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Como presuntas pruebas Madero presentó transcripciones de las llamadas interceptadas a Herrera Beltrán, en la que ofrece recursos y se le escucha decir: “ahorita estoy en plenitud del pinche poder; tengo el gobierno en la mano”.
En su escrito, Madero defendió que al analizar el contenido de las conversaciones atribuidas a Fidel Herrera “se desprende con claridad que existe una grave violación a la Constitución y las leyes que de ella emanan”, y por esa razón se le puede iniciar juicio político.
De los diálogos del gobernador, señaló, deriva con claridad la presunción de instrucciones a funcionarios públicos y candidatos del PRI, que representan una clara intromisión en el proceso electoral en Veracruz.
Luego, en conferencia de prensa, el senador panista dijo que si bien las grabaciones se obtuvieron de manera ilegal, “son indicios reveladores de un modus operandi; una actuación ilegal, irresponsable y con un mucho sesgo político en el manejo de los recursos”.
Media hora antes, la organización Transparencia Nacional, presidida por el ex procurador fiscal Gabriel Reyes Orona, presentó también en la secretaría general una solicitud de desafuero contra el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas.
El argumento de los abogados de esa sociedad referida fue que los juicios políticos en la Cámara de Diputados no han rendido frutos desde el incoado a Jorge Díaz Serrano, y se han reservado procesos similares contra líderes petroleros, gobernadores priístas y funcionarios federales, mientras que el desafuero, como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador, tiene una mejor perspectiva de ser aprobado por la Cámara.
Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 25 de junio.
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