Al cierre de la edición, la mayoría de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se disponían a exonerar a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) de las acusaciones perredistas por la contratación ilegal de espots para denostar la actuación legislativa del PRD y el PAN.
Aunque el dictamen original ordenaba amonestar al organsimo por violar la ley, para la mayoría de los consejeros la difusión de dichos espots no es propaganda electoral ni afecta la equidad de las contiendas en 13 estados.
De acuerdo con el dictamen del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, se corrobora que los mensajes donde la CIRT acusa al PAN y al PRD de actuar en el Congreso sólo con fines partidistas, se trata de propaganda política que incide en las preferencias en los estados donde hay elecciones. Con ello, el organismo que agrupa a los consorcios de radio y televisión “vulneró” los principios constitucionales de equidad en las elecciones.
Libertad de expresión
Sin embargo, al cierre de esta edición los consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar, Virgilio Andrade, Macarita Elizondo y Marco Antonio Baños salieron en defensa de la “libertad de expresión y de crítica” de los concesionarios de radio y televisión expresados en dichos espots. Baños dijo que no es un promocional destinado a influir en el electorado, que en su caso sería violatorio de la Constitución, sino que la CIRT fijó su postura respecto a un tema relacionado con sus intereses.
Subrayó que el promocional se difundió en medio de un periodo de sesiones del Congreso, justo en el momento en que el PAN y el PRD habían presentado una iniciativa de reformas en materia de radio y televisión, por tanto, relacionado con sus intereses. Baños añadió que ni la CIRT ni ningún otra instancia privada puede contratar publicidad para influir en las preferencias electorales, pero destacó que en el espot referido no se consumó este supuesto.
Su intervención fue descalificada por el perredista Pablo Gómez, quien lo acusó de interpretar la Constitución de manera sesgada, toda vez que las restricciones legales no sólo se refieren a las cuestiones electorales, sino que también se habla de que ningún particular puede contratar espots para hablar en favor o en contra de partidos. Acusó a los consejeros de defender los intereses de los concesionarios en detrimento de las disposiciones legales, y alertó que el tema de fondo no es el espot de la CIRT, sino el precedente que supondría para abrir la puerta a actos similares.
Aunque el dictamen original ordenaba amonestar al organsimo por violar la ley, para la mayoría de los consejeros la difusión de dichos espots no es propaganda electoral ni afecta la equidad de las contiendas en 13 estados.
De acuerdo con el dictamen del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, se corrobora que los mensajes donde la CIRT acusa al PAN y al PRD de actuar en el Congreso sólo con fines partidistas, se trata de propaganda política que incide en las preferencias en los estados donde hay elecciones. Con ello, el organismo que agrupa a los consorcios de radio y televisión “vulneró” los principios constitucionales de equidad en las elecciones.
Libertad de expresión
Sin embargo, al cierre de esta edición los consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar, Virgilio Andrade, Macarita Elizondo y Marco Antonio Baños salieron en defensa de la “libertad de expresión y de crítica” de los concesionarios de radio y televisión expresados en dichos espots. Baños dijo que no es un promocional destinado a influir en el electorado, que en su caso sería violatorio de la Constitución, sino que la CIRT fijó su postura respecto a un tema relacionado con sus intereses.
Subrayó que el promocional se difundió en medio de un periodo de sesiones del Congreso, justo en el momento en que el PAN y el PRD habían presentado una iniciativa de reformas en materia de radio y televisión, por tanto, relacionado con sus intereses. Baños añadió que ni la CIRT ni ningún otra instancia privada puede contratar publicidad para influir en las preferencias electorales, pero destacó que en el espot referido no se consumó este supuesto.
Su intervención fue descalificada por el perredista Pablo Gómez, quien lo acusó de interpretar la Constitución de manera sesgada, toda vez que las restricciones legales no sólo se refieren a las cuestiones electorales, sino que también se habla de que ningún particular puede contratar espots para hablar en favor o en contra de partidos. Acusó a los consejeros de defender los intereses de los concesionarios en detrimento de las disposiciones legales, y alertó que el tema de fondo no es el espot de la CIRT, sino el precedente que supondría para abrir la puerta a actos similares.
Alonso Urrutia, La Jornada, 4 de junio.
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