La CNDH no debe ser “tonta útil”

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pidió a las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos ser cuidadosas y perspicaces en su tarea: ni ser cómplices ni encubridores de anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, pero tampoco “tontos útiles” de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar y debilitar la acción de esa autoridad.

En la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, en el Archivo General de la Nación, el funcionario planteó que esos organismos, hoy más que nunca, “deben de ser perspicaces para no ser un instrumento injusto de deslegitimación de los esfuerzos del Estado y de la nación para reconstruir a sus fuerzas de seguridad”.

En presencia del presidente de la CNDH y de titulares de comisiones estatales de derechos humanos, Gómez Mont insistió en la necesidad de ser perspicaces para poder distinguir acusaciones malintencionadas y dolosas, que sólo buscan deslegitimar la acción del Estado, de aquellas que pueden tender fundamento y responden a, todavía, existentes anomalías dentro de las fuerzas de seguridad.

“Hay veces que en estas operaciones hay resistencia de los particulares al llamado legítimo de la autoridad y se tiene que entrar por vías de hechos a someterlos, para cumplir con dichos actos. Deben ser perspicaces para no ser suspicaces”, insistió el responsable de la política interior del país.

El secretario dijo que por ello la difícil tarea es: “ni ser cómplices ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar la acción de esa autoridad”.

“No dudo que puedan existir casos, pero en términos generales yo sí puedo afirmar que en México no existe tolerancia institucional hacia la tortura”, aseguró.

Más tarde, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lamentó las declaraciones del Secretario de Gobernación.

“Parece que se desea, con esa postura gubernamental, que frente a los excesos de la autoridad hubiera un silencio cómplice, propio de un Estado autoritario”.

Recomendación a Sedena

Por separado, en un comunicado, Gómez Mont rechazó la afirmación contenida en una recomendación de la CNDH a la Secretaría de la Defensa Nacional, de una “supuesta alteración de la escena del crimen por personal militar”, en Tamaulipas, donde murieron dos menores en un presunto enfrentamiento de militares con sicarios.

Informó que en la presente administración, 57 de las 59 recomendaciones de la CNDH dirigidas a la Sedena han sido aceptadas en su totalidad, y dos se encuentran en proceso de estudio, incluida la antes referida. En los próximos días, indicó, la Defensa Nacional dará a conocer su respuesta.

Horas después del planteamiento de Gómez Mont, la CNDH, por medio de su vocero, Arturo Zárate, estableció que como órgano de Estado, esa comisión busca que cualquier persona pueda expresarse con total libertad y responsabilidad; “somos respetuosos de las instituciones y procuramos contribuir a su fortalecimiento”.

Respecto a la recomendación citada, indicó que la CNDH esperará “la respuesta oficial de la Sedena y de la PGR en los 15 días hábiles establecidos”.

Código único para el país

Al encabezar la primera sesión extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, coincidió con representantes del Poder Judicial para que se trabaje en un Código Federal de Procedimientos Penales único para el país, y propuso apurar los trabajos para aplicar ese sistema.

“Queremos que sea en el contexto histórico de esta administración, si es posible, cristalizar los avances para lograr las metas propuestas”, dijo en instalaciones de la Suprema Corte de Justicia.

Reconoció que la Constitución establece un plazo de ocho años —y han transcurrido dos— para la aplicación del sistema de justicia penal planteado en la reforma constitucional de junio de 2008, pero “creemos que el juego de reglas a imponerse debe estar listo en los próximos años”, y a partir de ahí generar la transición necesaria para acabar de consolidar las inversiones físicas y de capacitación de recursos humanos.

Felipe Borrego Estrada, secretario de ese consejo técnico, dijo que en ese proceso para poner en funcionamiento el nuevo sistema de justicia penal, “hay prisa, pero no apresuramiento”.

Informó que la Secretaría Técnica ha coordinado los trabajos para lograr un proyecto modelo de Código Federal de Procedimientos Penales, el cual en los próximos días se podrá análizar.

Mauricio Pèrez, Milenio, 26 de junio.