La alianza Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez.
El bloque conformado por el PRD, PT y Convergencia buscará, además, un amparo en contra del auto de formal prisión dictado por un juez federal.
El argumento es que el tribunal resolvió hace unos días, en el caso del candidato al Gobierno de Aguascalientes, Martín Orozco, acusado de tráfico de influencias y quien se amparó ante el auto de formal prisión, que los derechos políticos de un ciudadano no se pierden hasta que hay una sentencia de por medio.
Líderes del PT y Convergencia sostuvieron ayer una reunión en la que consideraron que el DIA debe defender a Sánchez hasta las últimas consecuencias, por lo que sólo esperan que el líder del PRD, Jesús Ortega, regrese de su gira por Chiapas, para concretar el plan de acción.
"Se tendrá que interponer un juicio de protección de los derechos políticos, porque el propio tribunal ha establecido que los derechos políticos están vigentes hasta que no se compruebe que es culpable, hasta que no haya una sentencia.
"El Tribunal estableció en el caso de Orozco que no por la simple formal prisión se debe privar a un ciudadano de sus derechos, porque se violan tratados internacionales", indicó Ricardo Cantú, representante del PT en el IFE.
Jesús Zambrano, diputado del PRD, afirmó que la defensa de Sánchez aún no concluye, por lo que confiaron en que el TEPJF les dé la razón, como en el caso de Aguascalientes.
"La defensa se hará en dos vías, la electoral, con un juicio para la protección de los derechos políticos-electorales, y por la penal, interponiendo un amparo contra el auto de formal prisión, mientras tanto vamos a mantenernos en la candidatura de Greg hasta agotar estos caminos", indicó.
Derechos políticos
El pasado 13 de mayo, la Sala Superior del TEPJF resolvió devolverle a Orozco sus derechos políticos, que habían sido suspendidos por un juez de distrito.
Cinco de los seis magistrados coincidieron en que el Pacto de San José, firmado por México, establece que sólo cuando haya una sentencia condenatoria se podrán restringir los derechos políticos de un ciudadano.
Sin embargo, también coincidieron en que el caso que se discutía era el de un candidato que tenía auto de formal prisión, pero en libertad, por lo que en algún momento llegaría un caso en el que el abanderado estuviera en prisión, y entonces la discusión sería si aplica el mismo criterio.
"Ahí la pregunta será: ¿sería razonable y objetivo permitirle competir a alguien que se encuentra privado de la libertad dentro de nuestro orden jurídico?", dijo el magistrado Constancio Carrasco.
Érika Hernández, Reforma, 2 de junio.
El bloque conformado por el PRD, PT y Convergencia buscará, además, un amparo en contra del auto de formal prisión dictado por un juez federal.
El argumento es que el tribunal resolvió hace unos días, en el caso del candidato al Gobierno de Aguascalientes, Martín Orozco, acusado de tráfico de influencias y quien se amparó ante el auto de formal prisión, que los derechos políticos de un ciudadano no se pierden hasta que hay una sentencia de por medio.
Líderes del PT y Convergencia sostuvieron ayer una reunión en la que consideraron que el DIA debe defender a Sánchez hasta las últimas consecuencias, por lo que sólo esperan que el líder del PRD, Jesús Ortega, regrese de su gira por Chiapas, para concretar el plan de acción.
"Se tendrá que interponer un juicio de protección de los derechos políticos, porque el propio tribunal ha establecido que los derechos políticos están vigentes hasta que no se compruebe que es culpable, hasta que no haya una sentencia.
"El Tribunal estableció en el caso de Orozco que no por la simple formal prisión se debe privar a un ciudadano de sus derechos, porque se violan tratados internacionales", indicó Ricardo Cantú, representante del PT en el IFE.
Jesús Zambrano, diputado del PRD, afirmó que la defensa de Sánchez aún no concluye, por lo que confiaron en que el TEPJF les dé la razón, como en el caso de Aguascalientes.
"La defensa se hará en dos vías, la electoral, con un juicio para la protección de los derechos políticos-electorales, y por la penal, interponiendo un amparo contra el auto de formal prisión, mientras tanto vamos a mantenernos en la candidatura de Greg hasta agotar estos caminos", indicó.
Derechos políticos
El pasado 13 de mayo, la Sala Superior del TEPJF resolvió devolverle a Orozco sus derechos políticos, que habían sido suspendidos por un juez de distrito.
Cinco de los seis magistrados coincidieron en que el Pacto de San José, firmado por México, establece que sólo cuando haya una sentencia condenatoria se podrán restringir los derechos políticos de un ciudadano.
Sin embargo, también coincidieron en que el caso que se discutía era el de un candidato que tenía auto de formal prisión, pero en libertad, por lo que en algún momento llegaría un caso en el que el abanderado estuviera en prisión, y entonces la discusión sería si aplica el mismo criterio.
"Ahí la pregunta será: ¿sería razonable y objetivo permitirle competir a alguien que se encuentra privado de la libertad dentro de nuestro orden jurídico?", dijo el magistrado Constancio Carrasco.
Érika Hernández, Reforma, 2 de junio.
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