Todos los ombudsman del país coincidieron en que las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en contra de las comisiones de derechos humanos ponen en riesgo el sistema democrático del país, por lo que exigieron respeto.
En un pronunciamiento firmado por los 32 defensores de derechos estatales y el nacional, Raúl Plascencia Villanueva, señala que no actúan por suspicacia, como lo señaló el titular de la Segob.
“Las investigaciones son efectuadas con ética, profesionalismo, estricto rigor jurídico y una metodología científica que garantizan un resultado confiable y no admiten debates propiciados por suspicacias del Estado, que debe ser el primer garante del respeto a los derechos humanos”, menciona.
Los titulares de los organismos consideraron que las resoluciones que emiten no debilitan al Estado ni fomentan la arbitrariedad, sino que fortalecen a las instituciones, les dan la oportunidad de resarcir los daños causados por servidores públicos, de cambiar prácticas administrativas que vulneran la dignidad de las personas, de sancionar a quienes han vulnerado derechos y de reconocer actos de injusticia.
“En un Estado democrático, quien deslegitima y debilita la acción de la autoridad es la autoridad misma, cuando con el pretexto de brindar seguridad pública, actúa al margen de los ordenamientos jurídicos vigentes y de los compromisos asumidos en el contexto internacional en materia de defensa de los derechos humanos”, señalaron.
Felipe de Jesús Álvarez, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos indicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga a los organismos públicos de derechos humanos plena autonomía en su desempeño y le atribuye la responsabilidad de vigilar que el Estado garantice los derechos humanos de los gobernados.
En un pronunciamiento firmado por los 32 defensores de derechos estatales y el nacional, Raúl Plascencia Villanueva, señala que no actúan por suspicacia, como lo señaló el titular de la Segob.
“Las investigaciones son efectuadas con ética, profesionalismo, estricto rigor jurídico y una metodología científica que garantizan un resultado confiable y no admiten debates propiciados por suspicacias del Estado, que debe ser el primer garante del respeto a los derechos humanos”, menciona.
Los titulares de los organismos consideraron que las resoluciones que emiten no debilitan al Estado ni fomentan la arbitrariedad, sino que fortalecen a las instituciones, les dan la oportunidad de resarcir los daños causados por servidores públicos, de cambiar prácticas administrativas que vulneran la dignidad de las personas, de sancionar a quienes han vulnerado derechos y de reconocer actos de injusticia.
“En un Estado democrático, quien deslegitima y debilita la acción de la autoridad es la autoridad misma, cuando con el pretexto de brindar seguridad pública, actúa al margen de los ordenamientos jurídicos vigentes y de los compromisos asumidos en el contexto internacional en materia de defensa de los derechos humanos”, señalaron.
Felipe de Jesús Álvarez, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos indicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga a los organismos públicos de derechos humanos plena autonomía en su desempeño y le atribuye la responsabilidad de vigilar que el Estado garantice los derechos humanos de los gobernados.
La Crónica, 29 de junio.
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