A la par que México exige a Estados Unidos respetar los derechos humanos de connacionales, en el país la “incapacidad de la política migratoria se traduce en una crisis humanitaria” donde persiste el “secuestro sistemático” de migrantes centroamericanos, denunció Belén, Posada del Migrante, organización fundada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y el sacerdote Pedro Pantoja Arreola.
En su sexto Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, critica que a más de un año de haberse denunciado, esta situación no ha cambiado, pese a las acciones desplegadas por las autoridades, pues la política en la materia “no protege, respeta ni garantiza el resguardo de los derechos humanos” de quienes cruzan en situación irregular por México.
La organización cita el Informe especial sobre secuestros a personas migrantes, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde asienta que 10 mil migrantes fueron secuestrados entre 2008 y 2009.
Belén, Posada del Migrante –organización que ha recibido a más de 40 mil migrantes y a víctimas de secuestro–, así como Humanidad sin Fronteras y Frontera con Justicia resaltan en el informe que la “política de control y contención” desplegada por las autoridades migratorias mexicanas “coloca a los hombres y mujeres expulsados de Centroamérica en una situación de mayor vulnerabilidad, pues tiene como consecuencia la comisión de innumerables violaciones a los derechos humanos y agresiones, entre ellas el secuestro”.
Las acciones ejecutadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) para combatir el secuestro, como operativos de verificación y detención en estaciones migratorias, afirma, se “realizan sin respaldo jurídico y fuera de los estándares del derecho internacional”.
En los operativos, dice la organización, las “víctimas” han descrito “intervención de miembros del Ejército, la policía federal y las municipales”, las cuales “con frecuencia se conducen con golpes, malos tratos físicos y verbales, e incluso han detonado disparos al aire”. Agrega que las “acciones aisladas de rescate a migrantes secuestrados no responden a un programa de defensa integral”.
En el informe también se denuncia la “corrupción generalizada que existe dentro del INM y la colusión de algunos de sus miembros con integrantes del crimen organizado y su complicidad en el secuestro de migrantes”.
Belén ha registrado testimonios de víctimas de secuestro; asimismo, ha constatado que estos “son cada vez más frecuentes y tienen tintes más violentos”. Este fenómeno, afirma, es “sistemático y generalizado”.
Asimismo, en los operativos de verificación migratoria, que el INM realiza en rutas de ferrocarriles de carga –que van de la frontera sur a la norte–, agrega la organización, de mayo de 2008 a la fecha han documentado 326 víctimas. En estas acciones se “violan sistemáticamente el derecho a la vida, la seguridad y la integridad”.
En su sexto Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, critica que a más de un año de haberse denunciado, esta situación no ha cambiado, pese a las acciones desplegadas por las autoridades, pues la política en la materia “no protege, respeta ni garantiza el resguardo de los derechos humanos” de quienes cruzan en situación irregular por México.
La organización cita el Informe especial sobre secuestros a personas migrantes, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde asienta que 10 mil migrantes fueron secuestrados entre 2008 y 2009.
Belén, Posada del Migrante –organización que ha recibido a más de 40 mil migrantes y a víctimas de secuestro–, así como Humanidad sin Fronteras y Frontera con Justicia resaltan en el informe que la “política de control y contención” desplegada por las autoridades migratorias mexicanas “coloca a los hombres y mujeres expulsados de Centroamérica en una situación de mayor vulnerabilidad, pues tiene como consecuencia la comisión de innumerables violaciones a los derechos humanos y agresiones, entre ellas el secuestro”.
Las acciones ejecutadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) para combatir el secuestro, como operativos de verificación y detención en estaciones migratorias, afirma, se “realizan sin respaldo jurídico y fuera de los estándares del derecho internacional”.
En los operativos, dice la organización, las “víctimas” han descrito “intervención de miembros del Ejército, la policía federal y las municipales”, las cuales “con frecuencia se conducen con golpes, malos tratos físicos y verbales, e incluso han detonado disparos al aire”. Agrega que las “acciones aisladas de rescate a migrantes secuestrados no responden a un programa de defensa integral”.
En el informe también se denuncia la “corrupción generalizada que existe dentro del INM y la colusión de algunos de sus miembros con integrantes del crimen organizado y su complicidad en el secuestro de migrantes”.
Belén ha registrado testimonios de víctimas de secuestro; asimismo, ha constatado que estos “son cada vez más frecuentes y tienen tintes más violentos”. Este fenómeno, afirma, es “sistemático y generalizado”.
Asimismo, en los operativos de verificación migratoria, que el INM realiza en rutas de ferrocarriles de carga –que van de la frontera sur a la norte–, agrega la organización, de mayo de 2008 a la fecha han documentado 326 víctimas. En estas acciones se “violan sistemáticamente el derecho a la vida, la seguridad y la integridad”.
Carolina Gómez Mena, La Jornada, 6 de junio.
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