Las dirigencias de los partidos que integran el Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) discutían, hasta el cierre de esta edición, si nombran de manera inmediata a un sustituto de su candidato al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, luego de que un juez federal le suspendió sus derechos políticos.
La discusión de la estrategia legal que construyen incluye conseguir una suspensión en vía de amparo que frene la orden judicial contra el empresario inculpado de nexos con el crimen organizado.
A lo largo del martes, los dirigentes de PRD, PT y Convergencia, así como Manuel Camacho Solís, coordinador nacional del bloque político que conforman los tres partidos, analizaban la posibilidad de nombrar como candidata sustituta de la coalición Todos somos Quintana Roo a la hija de Gregorio Sánchez, Karina, ante la imposibilidad jurídica de que pudiera ser su esposa Niurka Sáliva, quien es de origen cubano con nacionalidad mexicana, pero no cuenta con los 10 años de residencia mínima que ordena la Constitución quintanarroense.
Hasta anoche, la opción de Karina generó controversia porque –explicaron fuentes cercanas a las cúpulas partidistas– tiene menos de 30 años.
La discusión sostenida entre la directiva de Día dejó entrever que no contemplaban que Gregorio Sánchez perdiera sus derechos políticos al ser declarado formalmente preso, pese a que desde hace un año iniciaron las acusaciones contra su abanderado.
Después de que se dio a conocer el fallo del juez Carlos Elorza, Armando López, secretario general de Convergencia, admitió que no tenían un plan B respecto de esa candidatura, porque para ellos Sánchez Martínez es “un preso político y por ello vamos a seguirlo defendiendo”.
“Una gran injusticia”
Jesús Ortega Martínez, presidente nacional del PRD, dijo, durante una visita a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que las tres fuerzas políticas de izquierda darán la batalla legal y política para que sea liberado el empresario quintanarroense, pues “se está cometiendo una gran injusticia en su contra”.
Guadalupe Acosta Naranjo precisó, en la ciudad de México, que recurrirán al juicio de amparo para buscar la protección de los derechos políticos del imputado.
Ortega Martínez sostuvo que la resolución judicial “es aberrante, desconcertante; es una situación de gran injusticia la que se está cometiendo, y se está haciendo por consigna, para evitar que Greg sea candidato de la entidad”.
Dijo que “están utilizando todos los instrumentos legales e ilegales para mantenerlo en la cárcel hasta que pasen las elecciones, y permitir que el PRI imponga a su candidato”.
El auto de formal prisión contra Greg Sánchez también generó rechazo en la Cámara de Diputados. Representantes del PRI, PAN, PRD y PT demandaron al Ministerio Público comprobar los señalamientos que vinculan al empresario con el crimen organizado.
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que mientras no se confirmen los señalamientos no se puede culpar a Sánchez Martínez, y calificó de acción política la imputación de una probable responsabilidad del detenido.
El perredista Ramón Jiménez cuestionó que no se instrumentara un plan B para el caso Quintana Roo. A pregunta expresa respondió que él no metería las manos al fuego por Greg Sánchez. “No, yo no las meto, porque lo que nosotros exigimos es que de manera rápida se esclarezca esta situación. No podemos pronunciarnos en favor o en contra porque estaríamos haciendo el papel de jueces, y eso no nos toca a nosotros.”
En el mismo sentido, su correligionario Agustín Guerrero sostuvo que “hay elementos que parecen sostener la decisión del juez de dictarle auto de formal prisión a Sánchez Martínez, pues sus cuentas bancarias y su fortuna no se justifican con los ingresos que obtenía como alcalde de Cancún”.
Pedro Vázquez, coordinador del grupo parlamentario del PT, condenó que los intereses políticos estén por encima de la voluntad ciudadana. Dijo que en México “se están descartando candidatos y partidos de una manera inadecuada, utilizando herramientas legales con el objetivo de sacar adversarios del camino electoral”.
El panista Felipe de Jesús Cantú se pronunció porque las acusaciones contra el quintanarroense se comprueben. “Es importante que concluya el proceso jurídico y, de confirmarse, él tendrá que asumir la responsabilidad de lo que haya hecho. De no corroborarse, igual tendrá que haber una explicación de la autoridad”.
A su vez, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín sostuvo que su partido está contra la judicialización de la política. “No queremos que haya casos donde se involucren las cuestiones políticas con las estrictamente judiciales. Que se investigue y determine el fondo de esas investigaciones”, demandó.
Por la noche, el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, se desmarcó del proceso penal iniciado contra Gregorio Sánchez.
El mandatario volvió a descalificar al presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, por las acusaciones que ha hecho en torno al caso.
“Lo que sí no permitiré es que se busque politizar este asunto, que se pretenda señalar al gobernador del estado o a mi partido en este caso, como lo ha hecho el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega”, indicó.
Alma Muñoz, Fabiola Martínez, Roberto Garduño y Víctor Ballinas reporteros y Elio Henríquez corresponsal, La Jornada, 2 de junio.
La discusión de la estrategia legal que construyen incluye conseguir una suspensión en vía de amparo que frene la orden judicial contra el empresario inculpado de nexos con el crimen organizado.
A lo largo del martes, los dirigentes de PRD, PT y Convergencia, así como Manuel Camacho Solís, coordinador nacional del bloque político que conforman los tres partidos, analizaban la posibilidad de nombrar como candidata sustituta de la coalición Todos somos Quintana Roo a la hija de Gregorio Sánchez, Karina, ante la imposibilidad jurídica de que pudiera ser su esposa Niurka Sáliva, quien es de origen cubano con nacionalidad mexicana, pero no cuenta con los 10 años de residencia mínima que ordena la Constitución quintanarroense.
Hasta anoche, la opción de Karina generó controversia porque –explicaron fuentes cercanas a las cúpulas partidistas– tiene menos de 30 años.
La discusión sostenida entre la directiva de Día dejó entrever que no contemplaban que Gregorio Sánchez perdiera sus derechos políticos al ser declarado formalmente preso, pese a que desde hace un año iniciaron las acusaciones contra su abanderado.
Después de que se dio a conocer el fallo del juez Carlos Elorza, Armando López, secretario general de Convergencia, admitió que no tenían un plan B respecto de esa candidatura, porque para ellos Sánchez Martínez es “un preso político y por ello vamos a seguirlo defendiendo”.
“Una gran injusticia”
Jesús Ortega Martínez, presidente nacional del PRD, dijo, durante una visita a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que las tres fuerzas políticas de izquierda darán la batalla legal y política para que sea liberado el empresario quintanarroense, pues “se está cometiendo una gran injusticia en su contra”.
Guadalupe Acosta Naranjo precisó, en la ciudad de México, que recurrirán al juicio de amparo para buscar la protección de los derechos políticos del imputado.
Ortega Martínez sostuvo que la resolución judicial “es aberrante, desconcertante; es una situación de gran injusticia la que se está cometiendo, y se está haciendo por consigna, para evitar que Greg sea candidato de la entidad”.
Dijo que “están utilizando todos los instrumentos legales e ilegales para mantenerlo en la cárcel hasta que pasen las elecciones, y permitir que el PRI imponga a su candidato”.
El auto de formal prisión contra Greg Sánchez también generó rechazo en la Cámara de Diputados. Representantes del PRI, PAN, PRD y PT demandaron al Ministerio Público comprobar los señalamientos que vinculan al empresario con el crimen organizado.
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que mientras no se confirmen los señalamientos no se puede culpar a Sánchez Martínez, y calificó de acción política la imputación de una probable responsabilidad del detenido.
El perredista Ramón Jiménez cuestionó que no se instrumentara un plan B para el caso Quintana Roo. A pregunta expresa respondió que él no metería las manos al fuego por Greg Sánchez. “No, yo no las meto, porque lo que nosotros exigimos es que de manera rápida se esclarezca esta situación. No podemos pronunciarnos en favor o en contra porque estaríamos haciendo el papel de jueces, y eso no nos toca a nosotros.”
En el mismo sentido, su correligionario Agustín Guerrero sostuvo que “hay elementos que parecen sostener la decisión del juez de dictarle auto de formal prisión a Sánchez Martínez, pues sus cuentas bancarias y su fortuna no se justifican con los ingresos que obtenía como alcalde de Cancún”.
Pedro Vázquez, coordinador del grupo parlamentario del PT, condenó que los intereses políticos estén por encima de la voluntad ciudadana. Dijo que en México “se están descartando candidatos y partidos de una manera inadecuada, utilizando herramientas legales con el objetivo de sacar adversarios del camino electoral”.
El panista Felipe de Jesús Cantú se pronunció porque las acusaciones contra el quintanarroense se comprueben. “Es importante que concluya el proceso jurídico y, de confirmarse, él tendrá que asumir la responsabilidad de lo que haya hecho. De no corroborarse, igual tendrá que haber una explicación de la autoridad”.
A su vez, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín sostuvo que su partido está contra la judicialización de la política. “No queremos que haya casos donde se involucren las cuestiones políticas con las estrictamente judiciales. Que se investigue y determine el fondo de esas investigaciones”, demandó.
Por la noche, el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, se desmarcó del proceso penal iniciado contra Gregorio Sánchez.
El mandatario volvió a descalificar al presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, por las acusaciones que ha hecho en torno al caso.
“Lo que sí no permitiré es que se busque politizar este asunto, que se pretenda señalar al gobernador del estado o a mi partido en este caso, como lo ha hecho el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega”, indicó.
Alma Muñoz, Fabiola Martínez, Roberto Garduño y Víctor Ballinas reporteros y Elio Henríquez corresponsal, La Jornada, 2 de junio.
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