Sin denuncia, el IFE no puede intervenir

El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, reconoció que ese organismo carece de facultades para iniciar un procedimiento de oficio en contra del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos para financiar a su partido. Sólo se investigará si existe una queja, precisó.

En ese contexto, el Partido de la Revolución Democrática ya presentó un recurso contra el PRI, a fin de que se investigue el “financiamiento ilícito” que recibe ese partido de parte de gobiernos estatales. Paralelamente, el tricolor promovió otra queja en contra del dirigente nacional del PAN, César Nava, a quien responsabiliza de la presunta difusión ilegal de grabaciones donde se involucra a Herrera. En su recurso, los priístas solicitan al IFE que indague el vínculo del panista con la distribución de grabaciones y, en su caso, se dé vista al Ministerio Público Federal.

Consejeros electorales se reunirán el próximo martes con los dirigentes de PAN, PRD, PT y Convergencia, a fin de escuchar sus demandas de que el instituto aplique todas sus atribuciones para garantizar la legalidad de las contiendas locales. El organismo electoral, dijo el representante del PRD, Rafael Hernández, tiene la atribución de intervenir en los procesos locales y adelantó que se pretende una mayor vigilancia en los comicios de Veracruz, Oaxaca, Durango, Puebla y Sinaloa, donde “hay injerencia gubernamental”.

Al respecto, Valdés mencionó que la reforma electoral faculta al Instituto Federal Electoral para participar en la organización de comicios locales cuando no hayan empezado, por lo que descartó cualquier intervención en los procesos en marcha. De igual forma, descartó que el instituto pudiera auspiciar una denuncia penal por algunas de las irregularidades denunciadas, la cual puede ser interpuesta por cualquier ciudadano.

Valdés atribuyó esta imposibilidad al insuficiente marco legal para regular el artículo 134 constitucional. Asimismo, informó que del análisis jurídico de las posibles violaciones en las que habría incurrido Herrera, se desprende que en su caso correspondería a las autoridades electorales locales examinar las presuntas irregularidades.
Alonso Urrutia, La Jornada, 24 de junio.

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