Alertan riesgo de capturas arbitrarias

La reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que planteó el Presidente Felipe Calderón contiene elementos autoritarios y arbitrarios para la persecución del delito que podrían derivar en mayores violaciones a los derechos humanos, advirtieron especialistas. Alertaron que permitir la prisión preventiva para delitos "contra la seguridad de la nación", las detenciones de "urgencia", el inicio de investigaciones por "denuncias anónimas", el uso de agentes infiltrados o la grabación de personas y vehículos, así como el uso de llamadas telefónicas entre particulares, son regresivos y podrían derivar en un Estado de excepción. "En el contexto de violencia en el que está planteada, lleva a justificar medidas violatorias, autoritarias, la falta de acción en relación con los derechos. Eso da pie a acciones regresivas, como la intervención de comunicaciones, la ambigüedad en delitos a perseguir", señaló José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En el artículo 215 de la propuesta se permiten las detenciones "en caso de urgencia" sin necesidad de contar con autorización judicial, bajo los supuestos de algunos criterios subjetivos como el "riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia" o "por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no pueda acudir ante la autoridad judicial". "Les darían facultades muy delicadas y, en lugar de restringir, se amplía con un catálogo de delitos ambiguos que pueden ser campo fértil de abusos", consideró a su vez Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Otro foco rojo para los activistas es el valor que se les da a las denuncias anónimas en el artículo 158 para motivar cateos e investigaciones. De no controlarse, este mecanismo podría ser utilizado para hostigar, perseguir, consideró Robles. "En concreto", agregó Marroquín, "nos preocupa que se actúe contra personas que tienen actividades como defensoras de derechos humanos, líderes sociales, de organizaciones. A los ojos de otra persona pueden cumplir los estándares de 'sospechoso' y, si no hay precisión, el tema se presta a que se realicen intervenciones arbitrarias". "No tendría que estar basada la persecución del delito en las denuncias anónimas, sino en investigación científica", consideró el director del Centro Pro. Además, el artículo 265 presenta un listado de delitos que podrían merecer prisión preventiva, entre ellos "delitos contra la seguridad de la nación", sin que exista una definición de ello. Sobre las ampliaciones a las facultades del Ministerio Público, vistas en el artículo 158, Robles Maloof advirtió que dan pie a detenciones y cateos sin supervisión judicial. Los especialistas coincidieron en que el documento requiere una revisión exhaustiva y pública de las implicaciones que tendría en el tema de derechos humanos e hicieron un llamado a los legisladores a su discusión, antes de aprobar las reformas. Daniela Rea, Reforma, 24 de septiembre.

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